¿Para qué sirve el informe sobre Venezuela que Bachelet entregó en la ONU?
Una de las preguntas que surgieron sobre el informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, es si este instrumento podría formar parte de la denuncia que seis países impulsan en la Corte Penal Internacional
El viernes 5 de julio la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, entregó un informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela tras las reiteradas denuncias sobre violación hechas por la comunidad internacional y su antecesor a través de dos reportes en 2015 y 2017.
Este informe reporta la situación en cuanto a las violaciones de derechos humanos que se configuraron entre enero de 2018 y mayo de 2019, y donde el equipo y la Alta Comisionada plasmaron graves denuncias como las reiteradas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la persecución de la disidencia política y el desmontaje de los poderes del Estado para ello.
Además, la vulneración de los derechos sociales y económicos de los sectores más vulnerables, así como el acoso contra la población indígena y la destrucción de su entorno figuran dentro del informe de Bachelet.
Por ello, la exmandataria chilena hizo más de 20 recomendaciones al Estado venezolano, y que incluyen la disolución de cuerpos de seguridad culpables de ejecuciones extrajudiciales, liberación de todos los presos políticos y la judicialización de cuerpos civiles armados apoyados desde el régimen de Nicolás Maduro.
El Estado venezolano ha calificado ese instrumento como “sesgado”, a pesar de que su Oficina tuvo acceso al país durante el mes de marzo, y la propia Alta Comisionada se reunió en junio con diversos actores políticos, sociedad civil, víctimas y sus familiares.
A pesar de los ataques de los representantes de Maduro, Bachelet dijo a su salida de la 41° sesión del Consejo de DDHH de Naciones Unidas que espera seguir trabajando con el Estado venezolano con el objetivo de remediar la grave situación venezolana.
La Acnudh también explicó que no hay una fecha límite para cumplir con las numerosas recomendaciones hechas por su Oficina. “La idea es trabajar y cooperar con el Gobierno en el terreno y desde aquí para tratar animarlos a que cumplan con esas recomendaciones”.
¨El Estado de Derecho y varias instituciones esenciales de Venezuela han sido erosionadas», dijo este viernes @mbachelet, quien aseguró que sin embargo hay muestras de un nuevo compromiso de las autoridades para resolver los múltples desafíos de derechos humanos. @UNHumanRights pic.twitter.com/ji7h0Ah59N
— Noticias ONU (@NoticiasONU) 5 de julio de 2019
Justamente, dos oficiales de Bachelet se mantienen en el país desde mediados de junio, con el fin de reportar directamente a la Oficina de la ONU sobre cualquier situación y visitar algunos lugares, como las cárceles venezolanas.
La Alta Comisionada indicó que esto supone una situación diferente a la de los informes anteriores, cuando no tenía enviados de su Oficina en el país que están cooperando con las autoridades, pero también observando y hablando con la sociedad civil.
“Por ello, creemos que le tenemos que dar un tiempo y un espacio a esta nueva realidad y construir la relación con todas las partes están directamente en el terreno. Creemos que es el momento para este proceso. Debemos priorizar esto porque hay un completo nuevo escenario y vemos esto como una oportunidad y tenemos que darle una posibilidad a esa oportunidad”, destacó la funcionaria.
Del reporte de estos dos oficiales y la actuación del régimen venezolano depende la instalación de una Oficina permanente en el país, y que Bachelet espera se concrete en seis meses, como existe en México o América Central.
Estas oficinas hacen reportes inmediatos a la Oficina de la Acnudh sobre vulneraciones a los derechos humanos, y reclaman estas actuaciones a los gobiernos, con la finalidad de corregir la situación.
La instalación de esta oficina permanente también puede salir de una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, que se reunirá en septiembre de 2019 para realizar una nueva evaluación del caso venezolano, a partir de la actualización oral que haga la Alta Comisionada al informe que presentó el 5 de julio.
Otra de las decisiones del Consejo puede ser el nombramiento de un Relator especial para el país, una figura encargada de “examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre las situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos”.
Actualmente solo existen 14 relatores especiales, también conocidos “mandatos por país”, y están distribuidos entre naciones africanas, árabes y asiáticas donde la ONU ha denunciado graves vulneraciones de derechos humanos, y situaciones como genocidios contra la población.
También existe la opción de activar los procedimientos especiales temáticos, que son más de 60 y se ocupan cada uno específicamente de reportar sobre un derecho (a la salud, alimentación, contra la tortura, libertad de expresión).
Y es que una de las opciones que se evaluó para Venezuela, según fuentes de varias organizaciones no gubernamentales, es que en un lapso de dos años se permita la visita de varios relatores especiales temáticos que tienen mandatos sobre el país a través de distintas resoluciones de la Oficina de Derechos Humanos.
¿Y la Corte Penal?
Una de las preguntas que surgieron sobre el informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, es si este instrumento podría formar parte de la denuncia que seis países impulsan en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Nicolás Maduro por graves violaciones a los DDHH.
Esta tesis fue sustentada por Sebastián Piñera, predecesor del Bachelet en la Presidencia chilena, quien le solicitará a la Alta Comisionada que entregue los antecedentes y evidencias que sustentan el informe a la CPI.
El Estatuto de Roma, un documento firmado por 139 países, establece las causas y mecanismos para llevar una denuncia ante la Corte Penal. En su artículo 7, figura una lista de delitos que incluyen el asesinato, exterminio, encarcelación o privación de libertad violentando normas del derecho internacional, persecuciones a grupos o colectividad por raza, género, identidad política o cualquier otra razón, entre otros.
En el caso venezolano y según las denuncias de Bachelet, por lo menos siete de estos delitos se configuran actualmente en Venezuela o se cometieron durante el periodo que abarcó el informe.
Las denuncias contra Maduro y varios de sus funcionarios están en fase preliminar de investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, que amplió su mandato para investigar las situaciones desde enero de 2014 debido a la consideración de que en las protestas antigubernamentales de ese año, conocidas como “La Salida”, se pudieron haber configurado delitos contra la población.
