Parlamento avanza discusión de proyecto de ley para apartarse de acción de la CPI
El diputado Roy Daza (PSUV/Nacional) aseguró que la CPI se ha transformado «en una institución para fines ajenos para los que fue creada» por sus «actuaciones indebidas». La diputada Ilenia Medina (PPT/Nacional) dijo que si bien la administración de Nicolás Maduro «dio espacio para que abrieran una oficina en Venezuela» la Fiscalía de la CPI «desde el año pasado nunca se molestaron en enviar un funcionario a pesar de que ha habido cuatro reuniones técnicas»
El parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto para derogar la «Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», esto después de que la Fiscalía de la CPI decidiera retirar la oficina instalada en Caracas por la falta de «progreso real» en materia de complementariedad por parte de la administración de Nicolás Maduro.
El proyecto de ley fue presentado en la sesión ordinaria de este martes 2 de diciembre por el diputado Roy Daza (PSUV/Nacional), quien aseguró que esta era una «decisión fundamental que va a tomar la institución de la Asamblea Nacional y la institución de la democracia venezolana».
El Estatuto de Roma rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y establece su competencia para investigar y enjuiciar a particulares por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. La Fiscalía de la CPI abrió en 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde 2014, pero de momento no hay acusaciones u órdenes de arresto contra algún individuo en particular.
El parlamentario oficialista aseveró que la CPI se ha transformado «en una institución para fines ajenos para los que fue creada» por sus «actuaciones indebidas», en un discurso similar al comunicado de la administración de Nicolás Maduro.
«Ahora resulta que la CPI se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes fácticos, económicos, políticos y culturales del imperialismo. A eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos», dijo ante la plenaria.
Afirmó además que el Estado venezolano se ha caracterizado por la defensa de derechos humanos de los ciudadanos y «el principal defensor de derecho humanos se llama Nicolás Maduro. No me vengan con cuentos. Nosotros sí sabemos lo que es la lucha por los derechos humanos».
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Según el diputado, Venezuela está «bajo presión política y económica» por parte de Estados Unidos, al tiempo que dijo que «estamos frente a una actuación de suplantar la legislación venezolana por leyes internacionales. Eso podrán aplicarlo en cualquier otra parte, pero aquí esta Corte no va a suplantar la legislación venezolana porque este es un país libre, soberano e independiente».
Organizaciones como Acceso a la Justicia han señalado que si Venezuela se retira del Estatuto de Roma, esta decisión «no afectaría en absoluto la investigación en curso» por crímenes de lesa humanidad.
Minutos antes, el parlamento venezolano había aprobado un acuerdo por unanimidad contra el «colonialismo jurídico» de la CPI, así como el rechazo al «irresponsable incumplimiento de los memorandos de cooperación y complementariedad positiva, al no enviar funcionarios ni hacer aportes al sistema de justicia».
La Fiscalía de la CPI estableció dos memorando de cooperación en 2021 y 2023 con la administración Maduro, basados en un enfoque de complementariedad, es decir, la cooperación entre la Corte y los sistemas de justicia de cada país para que se investiguen y enjuicien los crímenes denunciados. Esto implica que las leyes locales se adecuen al derecho penal internacional para juzgar los delitos que establece el Estatuto de Roma.
La diputada Ilenia Medina (PPT/Nacional) presentó la propuesta y aseveró que si bien la administración de Nicolás Maduro «dio espacio para que abrieran una oficina en Venezuela, desde el año pasado nunca se molestaron en enviar un funcionario a pesar de que ha habido cuatro reuniones técnica, diversas reuniones».
«Tomando en cuenta el momento que vive Venezuela amenazada por el gobierno imperial, qué cosas que justamente… informan que van a cerrar la oficina, pero si nunca la ocuparon. ¿Por qué cierra la Oficina en este momento? Porque no quieren ser testigos de lo que pudiera ocurrir en Venezuela si ocurre en Venezuela o si se hace evidente la agresión. Son tan cínicos que deciden cerrar la oficina», afirmó Medina.
La parlamentaria acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de un «evidente incumplimiento de los memorandos de entendimiento» y ser parte de una «agenda de instrumentalización política» contra el país.
Insistió en que existe una «doble moral y selectividad» por parte de la CPI «al centrar su atención en Venezuela en supuestos que no encajan en el Estatuto de Roma ante el evidente genocidio» que, dijo, comete Israel en contra del pueblo palestino.
Asimismo, cuestionó que se ha guardado un «evidente silencio» sobre el examen preliminar Venezuela II, como se conoce a la solicitud hecha por la administración Maduro de investigar los supuestos crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana por parte de Estados Unidos a través de la aplicación de sanciones económicas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
