Parlamento de Ecuador notificó a Lasso de juicio en su contra por presunta malversación
Lasso ha sido acusado por la oposición de una presunta corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera. Los señalamientos en su contra apuntan a que supuestamente protegió a integrantes de ese entramado
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador notificó el jueves 6 de abril al presidente del país, Guillermo Lasso, con el pedido de un juicio político en su contra, el cual fue solicitado por la oposición, que le acusa de un supuesta malversación en empresas públicas.
El presidente de esa Comisión, Fernando Villavicencio, en su perfil de Twitter mostró un documento en el que el mandatario Lasso se dio por notificado y designó al abogado Edgar Neira Orellana para que lo defienda.
Lasso y su defensa tendrán diez días para presentar las pruebas de descargo, que deberán ser incorporadas al proceso de elaboración de un informe de la Comisión de Fiscalización. Allí se deberá recomendar o no seguir con el juicio, que en caso de ser aprobado pasará al pleno de la Asamblea.
Guillermo Lasso ha sido acusado por la oposición de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera. Los señalamientos en su contra apuntan a que supuestamente protegió a integrantes de ese presunto entramado al propiciar que se archivara una investigación de la policía antidrogas sobre presuntos nexos del empresario Daniel Chérres con una red de narcotráfico.
Lasso niega las acusaciones.
*Lea también: Corte Constitucional de Ecuador da luz verde al juicio político contra Lasso
El miércoles 29 de marzo, ya la Corte Constitucional de Ecuador había dado luz verde para que el Parlamento ecuatoriano realizara el juicio político de censura contra Lasso.
A través de un comunicado, la corte explicó que el pleno resolvió «inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado». La decisión se tomó con seis votos de los nueve jueces que integran el máximo organismo de control constitucional.
Tras el fallo, el trámite continuó en la Asamblea legislativa, que envió el informe a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
En ese entonces el gobierno ecuatoriano aceptó el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, rechazó la interpelación con el argumento de que no tiene asidero legal. A través de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación de la presidencia dijo que «a pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político».
Con información de Deutsche Welle
