Parlamento investigará a funcionarios que violaron DDHH en protestas desde el 21E
Luisa Quintero
Publicado enero 29, 2019
Los diputados de la Asamblea Nacional acordaron generar una alerta internacional a la Corte Penal Internacional, la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU
Durante la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en enero, los parlamentarios aprobaron un acuerdo para rechazar los asesinatos y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones que se desarrollaron en Venezuela desde el pasado 21 de enero.
“En una semana esta represión rebasó el promedio de toda la del 2017, la Fuerza de Acciones Especiales(FAES) está adscrito a la Policía Nacional Bolivariana y por lo tanto sujeto al Ministerio del Interior y al señor Maduro, no tiene dentro de sus competencias el control de protestas", dijo la diputada Dennis Fernández, presidente de la comisión de Política Interior.
La parlamentaria señaló que hay 77 menores de edad privados de libertad, que han sido maltratados, no se les ha respetado el debido procesado, que no son imputables por ningún delito, y algunos de ellos poseen condiciones especiales de salud.
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Mientras que Biagio Pilieri alertó sobre la flagrante violación a los derechos humanos durante las últimas acciones de protesta en el país. "Presidente Juan Guaidó, colegas diputados y apoyo internacional solicito justicia y libertad a las víctimas de los usurpadores. No nos van a amedrentar ni vamos a dejar de estar en las calles. Queremos paz pero con libertad".
La diputada Delsa Solorzano advirtió que todos los funcionarios que accionaron contra los protestantes tienen responsabilidad penal, y alertó que han recibido denuncias de orden de que en las morgues se alteren los resultados de los protocolos de autopsia para disfrazar las causas de muerte.
Entre ellos, Solorzano señaló específicamente a Rafael Bastardo, jefe de la FAES, y Alfredo Pérez Ampueda, director de la PNB, a quienes acusó directamente de permitir los asesinatos de manifestantes y la represión en zonas populares.
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En el acuerdo aprobado por todos los diputados, incluyendo a Eustoquio Contreras y Arkiely Perfecto, ambos de tendencia oficialista, se insta a la Comisión de Política Interior para que investigue a funcionarios, fiscales y jueces que han actuado en contra de las leyes y determine responsabilidades.
Se solicita además al "Ministerio Público legítimo" para que procese judicialmente a los funcionarios que han incurrido en violación a los derechos humanos. Estos funcionarios serán excluidos en cualquier proceso de amnistía, señala el documento.
Los diputados también acordaron generar una alerta internacional a la Corte Penal Internacional, la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU para que investiguen estos hechos.
Otras de las medidas es que se apele al principio internacional de la doctrina de proteger de las Naciones Unidas para que los países tomen medidas y detener la pérdida de vidas de los manifestantes.
"Les decimos a Fiscalía: aquí estamos ejerciendo nuestras funciones para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", sentenció Juan Guaidó, quién rechazó nuevamente la violencia contra manifestantes desde el pasado 21 de enero.
