Parra y su combo rememoran casos de presunta corrupción bajo gestión de Guaidó
A pesar de estar señalados en una trama de presunta corrupción para favorecer a empresarios relacionados con la importación de alimentos a bajo costo, Luis Parra y los diputados que lo apoyan apuntan en otra dirección cuando se refiere de hablar de prácticas poco transparentes
Ayuda humanitaria, las filiales de Pdvsa y Pequiven en el exterior, auxilio a militares exiliados en Colombia. Esos son algunos de los temas que pretende investigar una “comisión especial” nombrada por Luis Parra -el autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional- durante sus reuniones, con el objetivo de esclarecer si hubo o no corrupción con todos esos recursos.
El martes 3 de febrero, el diputado José Brito dijo que iban a investigar “absolutamente todo” con respecto a estos tres grandes temas y otras investigaciones que surjan en el camino, para mostrarle al país «esta suerte de caja negra» en la que, a su juicio, se transformaron estos casos durante el primer año de presidencia interina de Juan Guaidó.
Lo que no reconoce el diputado es que sobre uno de esos temas ya se investigó. Luego de las denuncias publicadas el 15 de junio de 2019 por el portal de noticias PanamPost titulado “Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia”, se puso en la lupa el destino de la ayuda humanitaria y los fondos que se habían recogido para tal fin.
El periodista afirma en su reportaje que, según fuentes anónimas, dos enviados especiales del también presidente de la Asamblea Nacional malversaron y se apropiaron indebidamente de fondos destinados a la ayuda humanitaria que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
Kevin Rojas y Rossana Barrera son los principales acusados por las fuentes de PanamPost, y a quienes mencionó Brito el martes 5. Estos dos militantes de Voluntad Popular (VP), el partido del dirigente opositor Leopoldo López y del mismo Guaidó, son señalados de usar sus cargos y desviar al menos 100.000 dólares para beneficios personales.
A pesar de que el título del reportaje relaciona la malversación de fondos con la ayuda humanitaria, en el cuerpo del escrito solo se refiere a la apropiación indebida de dinero destinado a la manutención de los funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos, la mayoría de ellos militares, que desconocieron el régimen de Nicolás Maduro a partir del 23 de febrero, día que el gobierno interino de Guaidó trató de ingresar camiones con asistencia humanitaria por las fronteras de Táchira y Bolívar.
El 18 de junio, el ahora exrepresentante diplomático de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, entregó la documentación correspondiente a la Fiscalía General de Colombia para que investigase si en ese país se habían cometido actos de corrupción. Hasta la fecha, ese organismo no ha emitido una actuación final sobre esas investigaciones.
Quienes sí respondieron fueron Rossana Barrera y Transparencia Internacional, éste último encargado de realizar una investigación independiente para conocer si se estaban frente a hechos de corrupción con recursos destinados a la manutención de militares venezolanos en el extranjero.
En junio, el equipo de TalCual pudo conversar con Barrera sobre las acusaciones que se desprendían de la investigación de PanamPost. La arquitecta desestimó las acusaciones sobre desvío de fondos y justificó el uso de los fondos diciendo que habían sido destinados a pagar hospedaje, alimentación, vestimenta y atención médica a los 146 funcionarios que llegaron a tener a su cargo.
Barrera comentó que el dinero destinado provenía de donaciones de particulares. En este punto difiere el informe de veeduría que entregó Transparencia Internacional en septiembre de ese año, y donde se revela que no existió información pública (origen ni registro) sobre los ingresos captados para tal fin.
Tampoco hubo información sobre los programas y proyectos en los que se usaron esos fondos, elaboración de presupuestos, auditorías o registro de los gastos, y tampoco se publicó un informe de rendición de cuenta de los dos meses y medio que estas personas estuvieron ejerciendo estos cargos.
La Asamblea Nacional también debió haber publicado un informe independiente sobre sus investigaciones del llamado “Cucutazo” pero hasta la fecha no se ha hecho. La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dijo que en esa veeduría se realizaron varias recomendaciones “que no fueron atendidas (…) Y por supuesto de ninguna manera se exculpa a los funcionarios de responsabilidades”.
Concierto en la frontera
Entre las denuncias que salieron a relucir nuevamente están los destinos de la ayuda monetaria, en alimentos y medicinas que hicieron países de la Unión Europea, Asia y América para atender la emergencia humanitaria compleja en el país.
«Incluso hubo un evento muy publicitado, el Venezuela Aid Live, se recaudaron 1.8 millones de dólares», dijo Brito, al tiempo que se refirió a una supuesta donación del cantante Don Omar de un millón de dólares y quién habría solicitado información al respecto.
Gabriela Arenas, directora ejecutiva de Aid Live Foundation, aclaró a TalCual en junio de 2019 que es esta fundación registrada en Colombia la que distribuye los fondos que se recaudaron a partir del 22 de febrero con el concierto, para ser destinados a programas sociales que apoyen a los venezolanos afectados por la emergencia humanitaria compleja.
El 22 de abril se emitió un primer comunicado donde se informó la recaudación de 2,3 millones de dólares y el inicio de la fundación “para garantizar la transparencia del uso de recursos y escoger proyectos a corto y mediano plazo en temas de atención a nutrición, salud, población infantil y acceso al agua potable”.
La inversión en estos temas se hizo luego de una investigación sobre los principales problemas que aquejan a la población venezolana y los migrantes, destacó Arenas. “Somos auditados, como toda fundación, y luego de todo este proceso los fondos llegaron a Colombia a finales de mayo. Antes de esa fecha no se había recibido ni un solo dólar”.
En su página web, la fundación informó en 2019 se invirtieron 900.000 dólares distribuidos en cinco programas en Venezuela y Colombia.
Esos programas tenían como objetivo el acompañamiento nutricional y médico, acceso a agua potable, educación e integración. Para ello, se aliaron con siete fundaciones de los dos países y atendieron a más de 14 mil personas de forma directa y un promedio de 45.000 de forma indirecta.
Usaid en la lupa
José Brito también insistió en el uso de los fondos que ha destinado la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) a atender la emergencia humanitaria venezolana.
Diversos actores políticos han insistido que el gobierno interino de Juan Guaidó ha recibido recursos de la Usaid, algo que han desmentido sus autoridades de forma reiterada.
As I told the Miami Herald, the illegitimate Maduro regime seeks to use disinformation to discredit @USAID and Interim President @jguaido, but it will not work. The people of #Venezuela know better. For the real facts, see this video. https://t.co/XuryqbKfki pic.twitter.com/E73EBQAidG
— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 11, 2020
La última vez se hizo el 6 de febrero, luego de la visita del presidente de la AN a la sede de este organismo, cuando el administrador de la Usaid, Mark Green, dijo que había desinformación sobre el tema y reiteró que trabajan con organizaciones no gubernamentales y otras entidades para aliviar la crisis venezolana.
En diversos informes, la Usaid ha dejado en claro la cantidad de dinero que han otorgado a organizaciones, socios regionales y agencias de Naciones Unidas para la atención de la emergencia humanitaria que afecta a los venezolanos dentro del país y la migración que esto ha producido, que ya se estima en más de 4,8 millones de personas.
Hasta su última actualización el 30 de diciembre de 2019, Usaid reportó que han entregado 184 millones de dólares desde 2014 para programas de desarrollo y humanitarios dentro de Venezuela.
Tan solo en 2019 se entregaron $30 millones para programas vinculados a comedores comunitarios, alimentación infantil, cuidados primarios de salud y entrenamiento; equipamiento médico y vacunas; programas de protección y apoyo psicológico a niños; servicios sanitarios y acceso a agua potable además de desarrollo agrícola, herramientas y semillas.
Además, la organización estadounidense ha entregado más de 128 millones de dólares para programas de organizaciones que apoyan la presidencia interina de Juan Guaidó mientras restauran una gobernanza democrática receptiva a los ciudadanos; defender derechos humanos y desarrollar planes para recuperar la economía y los servicios sociales básicos en Venezuela
Pero Brito también denunció que sobre ese trabajo de las ONG hay “irregularidades” que deben ser investigadas. Aseveró que por los menos a dos organizaciones (Futuro Prense y Cedice Libertad) les fueron entregados 20 millones de dólares bajo el concepto de «fortalecimiento del agro venezolano», a pesar de que su tarea es de formación política o en materia económica.
En su denuncia involucró a Alejandro Plaz Castillo, comisionado presidencial para el Desarrollo Económico, pues sería el encargado “de coordinar las solicitudes de financiamiento a ONG”.
Citgo – Monómeros
Casi en un calco de las denuncias que ha hecho en chavismo para involucrar a Juan Guaidó en hechos de corrupción, el diputado José Brito aseveró que ha habido manejos poco transparente e irregulares con las trasnacionales Citgo y Monómeros Colombo – Venezolana, las filiales en el exterior de Pdvsa y Pequiven, respectivamente.
En el caso de Citgo, Brito dijo que ha habido movimientos bancarios que se hicieron con dinero propiedad de esa empresa, luego de que Juan Guaidó nombrara una directiva. «Fueron destinados a cuentas en el exterior y cuentas personales», aseveró.
Desde la presidencia interina de Guaidó se ha insistido en que los fondos de Citgo están bloqueados para un uso que no sea de estricta recuperación o de ayuda a la emergencia humanitaria compleja.
Citgo se enfrenta a los acreedores de los bonos Pdvsa 2020 y demandas judiciales donde la compañía fue entregada como parte de la garantía de pago. Como un “gesto” de ayuda, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó en diciembre de 2019 que no se pueden ejecutar acciones contra los activos venezolanos bloqueados en ese país por el Ejecutivo.
Con respecto a Monómeros, esta “comisión especial” se hace eco de una investigación del diario colombiano La Libertad. «Extorsión que vincula a políticos. Se aprovecharon del Cucutazo para un entramado de corrupción», sentenció Brito, quien incluso mencionó que hubo informes maquillados de la empresa.
Entre esas investigaciones sobre Mónomeros estarían las denuncias hechas por el embajador Humberto Calderón Berti luego de que renunciara a su cargo como representante diplomático de Venezuela ante Colombia, sobre supuestos manejos de políticos para poner a fichas cercanas en puestos de la junta directiva.
El diario La Libertad va más allá y agrega que existe una trama donde se cobra en dólares para ocupar un puesto dentro del directorio de la empresa, además para hacerse con dinero de Monómeros por medio de informes de gestión maquillados.
También se exigiría un cobro a aquellos que quieran un contrato para una supuesta “campaña presidencial”, según un reportaje de la Unidad de Investigación de La Libertad, que solo usa fuentes extraoficiales, anónimas y tampoco ofrece documentos o audios sobre las supuestas extorsiones, los informes maquillados y el descalabro financiero en el que estaría Monómeros.
Ante todas estas denuncias, Juan Guaidó parece responder con el nombramiento de un contralor especial desde la Asamblea Nacional que ejercerá funciones contraloras sobre la presidencia interina y el parlamento venezolano; además tendrá funciones de control sobre el fondo especial de litigios, las juntas ad hoc y la oficina del Procurador Especial.
Con ello, desde la Asamblea Nacional buscan «garantizar» el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional y de los activos que se hayan recuperado del exterior, según se desprende del acuerdo aprobado por los parlamentarios y donde también se crea la figura de un Consejo de Contraloría.
