Patrón represivo antes de las municipales: 26 opositores fueron detenidos en dos meses

TalCual | julio 26, 2025

Desde el pasado 25 de mayo, día de las elecciones regionales, hasta este 25 de julio, al menos 26 ciudadanos vinculados a partidos u organizaciones opositoras fueron detenidos en el país, en medio de otro proceso electoral: las elecciones municipales. En la mayoría de los casos no hubo órdenes judiciales ni se informó el sitio de reclusión del apresado. La organización política Vente Venezuela concentra más de la mitad de los casos. Nueve fueron excarcelados

El patrón de persecución política, que no ha cesado, ha retomado su intensidad y se ha hecho más evidente en el país en las últimas semanas. Entre el 25 de mayo, cuando se realizaron las elecciones regionales, y el 25 de julio, a dos días de las elecciones municipales, organizaciones de derechos humanos y políticas han documentado 26 detenciones arbitrarias contra ciudadanos identificados con la oposición.

La mayoría de estos detenidos fueron llevados por organismos de seguridad sin orden judicial y sin informar sobre el lugar de reclusión de estas personas, lo que hace que hayan estado o sigan bajo desaparición forzada.

Del total de detenidos, más de mitad (14 personas) pertenecen a la organización política Vente Venezuela, fundada por la líder de la oposición, María Corina Machado. Otras siete forman parte del Comando ConVzla, una estructura opositora creada para apoyar la candidatura, primero de Machado, y después de Edmundo González en las elecciones presidenciales de 2024. Los demás encarcelados están afiliados a organizaciones como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Zulia Humana o el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Las detenciones de estos opositores ocurrieron en 10 estados del país, siendo Lara el que registró el mayor número con seis encarcelados, seguido de Bolívar y Carabobo con cuatro cada uno, después Distrito Capital, Anzoátegui, Zulia, Miranda y Portuguesa con dos presos en cada entidad, y Yaracuy y Mérida con un arrestado cada uno.

De los 26 casos registrados, solo se conoce públicamente el sitio de reclusión de Yandir Loggiodice, quien permanece preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de San Félix, en el estado Bolívar. De los otros 25, las autoridades no han informado por qué fueron apresados ni en dónde se encuentran.

Al menos nueve de estos detenidos fueron excarcelados, la mayoría estuvieron desaparecidos por varias horas e incluso días, sin que sus familiares supieran de su paradero real y condiciones de salud. Se desconoce qué medida recibió cada uno de ellos para abandonar las celdas. Los excarcelados están identificados como: Tomás Peñaloza, Rodrigo Cabezas, Robnny Gutiérrez, Simón Bolívar, Rosángela Guedez, Anabel Guedez, María José Guedez, Levis Galindez y Melany Mota.

Persecución a todo nivel

Los ataques de las autoridades no solo han sido contra dirigentes de alto nivel o ampliamente reconocidos, sino que han ido, desde las elecciones presidenciales de 2024, contra activistas de base y responsables de la maquinaria electoral opositora. Entre los detenidos hay integrantes de los llamados «Comanditos 600K», responsables de la movilización del voto, como el caso de María de los Ángeles Castillo, quien fue encarcelada en el estado Lara. 

También los organismos de seguridad detuvieron a miembros del Comando ConVzla como María José Guedez, Anabel Guedez, ambas encarceladas en Lara, o Ramón Alexis Corredor, detenido en Portuguesa.

En otros casos, como el del exministro de Economía y Finanzas Rodrigo Cabezas, quien fue apresado por el Sebin, su detención duró 41 días sin que su familia fuese notificada del motivo. Cabezas fue excarcelado el pasado 23 de julio en el marco de las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Durante todo el tiempo de reclusión, su paradero fue desconocido.

La mayoría de estos arrestos fueron ejecutados por cuerpos de seguridad sin presentar orden judicial y sin información a los familiares de los detenidos, lo que viola estándares mínimos del debido proceso y refuerza la denuncia de desapariciones forzadas, desde temporales hasta  largo plazo.

La ONG Provea ha denunciado que «el gobierno venezolano afianza su política de persecución sistemática contra todo aquel que es percibido como opositor. Las víctimas son dirigentes políticos, activistas sociales, defensores de derechos humanos y cualquier persona que el gobierno etiquete como crítica».

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón, y voceros de los partidos políticos afectados, han denunciado que estas acciones buscan intimidar, frenar la organización y debilitar la capacidad de movilización opositora en todo el país.

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