PCV asegura que Gobierno usa las inhabilitaciones para anular a sus oponentes
Yul Jabour, integrante del buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), aseveró que la inhabilitación política «hace un flaco servicio a la democracia» y su práctica «viola los derechos de actores y organizaciones políticas». El PCV asumió esta postura cuatro días después de que se diera a conocer una supuesta inhabilitación política por 15 años a la líder nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, «sobre quien no pesa condena»
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho de la inhabilitación política por vía administrativa un instrumento para anular a actores y organizaciones que no están alineadas con sus intereses. Yul Jabour, integrante del buró político, recordó que el PCV ya ha sido víctima de los ataques del Estado.
Este 4 de julio en rueda de prensa, Jabour reiteró que la inhabilitación política «hace un flaco servicio a la democracia» y que su práctica «viola los derechos de actores y organizaciones políticas». En nombre del PCV denunció el uso demagógico del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
El dirigente acusó al Gobierno de violentar el artículo 65 de la Constitución en el que se establece que no podrán optar a cargos públicos quienes hayan sido condenados penalmente. Cuestionó el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en lugar de revisar el mencionado artículo y «garantizar el derecho político del pueblo venezolano se afiance a este tipo de política que viola» la Carta Magna.
El PCV asumió esta postura cuatro días después de que se diera a conocer una supuesta inhabilitación política por 15 años a la líder nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, «sobre quien no pesa condena alguna a pesar de ser una de los actores políticos que ha llamado a la injerencia, a la intervención extranjera en contra de nuestro país».
Jabour rechazó que las instituciones del Estado no hayan establecido las responsabilidades jurídicas penales sobre aquellos actores que han operado en contra de los intereses del pueblo venezolano.
«El Gobierno ha permitido que estos señores que promueven políticas en contra del pueblo venezolano y articulan con gobiernos extranjeros, entren y salgan del país como les da la gana. Eso pasó con Guaidó. Desde que usurpó el cargo de presidente de la República, el clamor popular es que lo metieran preso. ¿Pero qué hicieron? Dejar que hiciera lo que le viniera en gana, hasta que decidió irse».
Afirmó que en la Asamblea Nacional del 2020 se dan faltos discursos y no se aplica la ley. Denunció que existe en el Legislativo, «una componenda entre la cúpula gubernamental con sectores de esa derecha opositora que están defendiendo a agentes del imperialismo estadounidense».
