Periodistas en el exilio y sin protección: otra cara de la crisis política en la región
El creciente número de periodistas obligados a migrar a otros países para garantizar su seguridad obliga a organismos internacionales y de sociedad civil a iniciar un plan de trabajo para buscar mecanismos de protección más eficientes y que les permita continuar con su trabajo
El periodismo en el exilio necesita una mayor atención integral a medida que crece el número de comunicadores que se ven obligados a buscar refugio en otros países para salvaguardar su seguridad.
Los casos de Nicaragua, Venezuela, Cuba, y más recientemente El Salvador y Guatemala, ponen en el foco de atención en un problema regional que organismos internacionales tratan de aliviar con iniciativas conjuntas.
En el caso de Nicaragua, la coordinadora del Observatorio de Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), Arlen Pérez, le dijo a la Voz de América que las necesidades de protección integral son urgentes, porque algunos periodistas de su país aún sufren persecución en el exilio, con amenazas a su integridad y hostigamiento a través de las plataformas digitales.
A la vez que tienen que bregar con las necesidades de manutención, conseguir trabajo y sortear toda la burocracia estatal del país de acogida para regularizar su situación migratoria (algunos aceptan ser reubicados en otros países), en muchos casos se alejan de la profesión y del oficio que los conectaba con Nicaragua, lo que conlleva una pérdida para el periodismo y para la libertad de expresión.
Los datos -dijo Pérez- hablan por sí solos, las agresiones en Nicaragua contra periodistas se cuentan por decenas en los informes semestrales del observatorio, y el número de periodistas exiliados sigue creciendo, al punto de contabilizar 276 periodistas nicaragüenses exiliados desde 2018 a la fecha.
“Solamente en lo que va del año nosotros reportamos más de 10 periodistas que han tenido que ir a otros países en programas de reubicación o de movilidad segura, porque incluso en Costa Rica (destino de varios exiliados) no se sienten todavía protegidos de las agresiones”, apuntó Pérez.
Y agregó que han detectado “agresiones transnacionales como un patrón”, a partir del seguimiento de casos que hacen desde el observatorio PCIN.
Dijo que la problemática llama a actuar con urgencia porque “las soluciones ya no son solo nicaragüenses, lo que nosotros estamos viviendo ya lo está empezando a vivir en El Salvador, Guatemala; es decir, los periodistas en el exilio no son exclusivos de Nicaragua y esa es una de las cosas que nosotros siempre queremos alertar”, afirmó.
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Apuesta por garantizar seguridad de periodistas exiliados
La Unesco anunció un grupo de trabajo conjunto para brindar “seguridad integral a los periodistas en el exilio”.
Este grupo intergubernamental busca coordinar acciones junto a organizaciones de la sociedad civil, embajadas y otros organismos internacionales para brindar apoyo a los periodistas en Centroamérica y Colombia; esto a partir de dos focos de crisis: Nicaragua y Venezuela, desde donde los periodistas buscan protección en países vecinos.
El organismo dijo en un comunicado que el grupo de trabajo se apega al mandato de la ONU para “promover y defender la libertad de expresión y prensa”, a la vez de poner énfasis en la urgente necesidad de proteger a los periodistas.
“Este mecanismo de cooperación facilitará el fomento de sinergias entre las partes interesadas, la reducción de la duplicación de esfuerzos y el desarrollo de una estrategia para mejorar la seguridad integral de cientos de periodistas en condición de refugio en la región”, apuntó la agencia de la ONU.
Un primer encuentro el mes pasado en Costa Rica permitió identificar algunos puntos neurálgicos para abordar la situación, donde han contado con el compromiso de unas 30 embajadas, universidades y ONGs, entre otras, y donde los participantes identificaron “los principales retos» de las organizaciones para atender problemas de seguridad integral de periodistas exiliados en Costa Rica.
El informe presentado en julio por la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, Irene Khan, planteó la urgencia del asunto, al afirmar que se deben establecer mecanismos para “la seguridad de los periodistas y la viabilidad de los medios independientes en el exilio”.
La relatora destacó que abandonar a los periodistas exiliados que impulsan proyectos para mantener informada a la población de su país bajo gobiernos autoritarios conllevaría a “agujeros negros informativos y zonas de silencio sobre cuestiones que preocupan a comunidades a escala nacional e internacional”.
El análisis de la ONU sugiere aprovechar las tecnologías de la información que permiten a los periodistas montar proyectos para informar y que fácilmente logren llegar a sus audiencias con las múltiples plataformas digitales que permite cada vez “poder trabajar desde el extranjero cuando no pueden hacerlo con seguridad en su país”.
Sin embargo, reconoce que los periodistas exiliados en buena parte de los casos se enfrentan a “situaciones precarias” y sienten el peso de las amenazas físicas, digitales y jurídicas, incluso extendidas hasta su entorno familiar “por parte de los Estados de origen”.
Lo más preocupante para la ONU es que hasta la fecha no existen estatutos jurídicos que brinden a los periodistas seguridad y apoyo adecuado para “seguir ejerciendo su profesión en el país en el que están exiliados”.
Una batalla constante
El periodista Gerall Chávez, exiliado nicaragüense en Costa Rica, profundizó en esas dificultades y los límites que plantean algunas intenciones de agencias cooperantes.
Chávez, fundador del medio Nicaragua Actual, comentó a laVOA que la primera necesidad del periodista en el exilio es sobrevivir para poder seguir informando. Y esto que podría parecer fácil conlleva enormes retos cuando se es exiliado y se tiene que rehacer todo un plan de vida: desde sortear la obtención de documentos, hasta crear proyectos para aquellos con iniciativas y administrar los mismos, que amerita otras habilidades más allá de hacer periodismo, en suma –dijo- “hay que reinventarse”.
Los recursos tampoco abundan en un sector de alta competencia con cientos de periodistas buscando oportunidades fuera de su país, en ese sentido “es crucial el apoyo de la comunidad internacional para que los proyectos se mantengan en el tiempo”, y que el periodismo en Nicaragua, por ejemplo, no desaparezca, afirmó.
Gerall advirtió que la experiencia de los periodistas nicaragüenses exiliados “todavía no ha calado, en la comunidad internacional, que no aterriza de la situación real de Nicaragua”.
El apoyo a proyectos desde organismos internacionales plantea límites para aquellos que no tienen organizaciones legalmente constituidas. dijo.
“La mayoría salió de Nicaragua y entró a Costa Rica y, aquí, buscó una forma de sobrevivir. La mayoría de proyectos de casos como UNESCO son engorrosos y hemos visto algunas aplicaciones y te piden que estés legalmente constituido, que tengas experiencia, esto no abona al tema periodístico de promover la libertad de expresión y no apoya a periodistas en el exilio”, apuntó.
Este periodista sugiere cambiar metodologías para abordar la situación, sobre todo en flexibilizar los requisitos cuando estos son “engorrosos” porque en muchos casos el diseño de las propuestas “no aplican con los periodistas en condición de exilio y que están huyendo de un régimen dictatorial”, como Nicaragua, dijo.
Arlen Pérez abonó en este punto y dijo que muchos programas tampoco se ajustan a las necesidades que plantea un país y pone como ejemplo el vivir en Costa Rica, donde el costo de vida es mucho más alto que en Nicaragua y donde hay que asumir todos los costos desde vivienda hasta la manutención, lo que obliga a los periodistas a buscar más trabajos para sobrevivir.
La situación se complica más -agregó Pérez- con las cambiantes legislaciones sobre migración en un país de acogida como Costa Rica, que se ha convertido en un “círculo interminable” para poder regularizar su situación legal, a la vez que no hay una diferenciación para el periodismo en comparación con otros migrantes ante la vulnerabilidad, como planteó Unesco.
“Yo llegué al país en 2022 y en ese momento te entregaban un carnet que decía Permiso Laboral, un carnet blanco lo que me permitía trabajar en Costa Rica inmediatamente, luego se cambió la legislación y se dijo que te iban a dar un carnet de solicitante de refugio y hasta que estuvieras inscrito en la Caja Costarricense del Seguro Social podías tener un permiso de trabajo, pero esto es un círculo interminable, porque para poderte inscribir como trabajar independiente vos pagas cerca de 50 dólares, y si no tienes trabajo no podes tener 50 dólares mensuales, y no puedes tener trabajo si no tienes ese permiso laboral”, dijo.
Pérez afirmó que ese ir y venir en la situación legal “ha inestabilizado” todavía más a los periodistas exiliados. Si a eso se suma el atropello cuando las autoridades nicaragüenses se niegan a revalidarles la documentación legal para hacer tramites, por ejemplo, al vencer un pasaporte y no poder renovarlo.
Lo que en el entorno definen como “La muerte civil que es cuando se vencen los documentos legales y no los puedes renovar”, con lo que las dificultades atraviesan varios planos que los periodistas exiliados deben lidiar para seguir adelante en el día a día y mantener el espíritu de seguir informando desde el exilio.
