Persecución chavista provoca huída del cónsul de España en Bolívar, Manuel García Armas
TalCual
Publicado diciembre 9, 2019
Casi una década después de que Chávez ordenase la expropiación de dos empresas de la familia García, su legado persigue a los integrantes que aún permanecen en Venezuela mediante las FAES y la Fiscalía General bajo las órdenes de la ilegítima constituyente
El cónsul honorario de España en el estado Bolívar, el empresario Manuel García Armas, se vio obligado a abandonar Venezuela después de la persecución sufrida por él y su familia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, hecho que dejó sin representación consular a Amazonas y Delta Amacuro, al no contar con sedes consulares.
Esta información fue propiciada por el periódico La Razón de España, que explica la salida abrupta de García, motivada por una persecución de los cuerpos de seguridad del Estado dirigida por la administración de Maduro, que dejó como resultado la detención de una persona que trabajaba para la familia y una orden de arresto contra García Armas y su hijo, Manuel Richard García Piñero. Ambos son señalados por el oficialismo como «prófugos de la justicia venezolana por haber realizado un desfalco a la nación por un aproximado de 49 millones de dólares».
Según fuentes cercanas al cónsul declararon a La Razón, García Armas huyó de Venezuela en una fecha indeterminada con su familia para refugiarse en Madrid.
A pesar del silencio del Consulado General de España en Caracas sobre las denuncias en contra del cónsul honorario, identificado así por el Ministerio de Exteriores de España, hace ya una semana las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron la vivienda de la familia de García Armas en Bolívar.
El operativo concluyó, según el informe policial, con la confiscación de ocho escopetas calibre 12, un rifle calibre 22, un rifle calibre 30, treinta y cinco cajas de cincuenta unidades calibre 9 mm para un total de 1.750 municiones, ocho cajas de 100 unidades calibre 22, cuatro cajas de cincuenta unidades calibre 22, para un total de 1.000 municiones, dos cajas de 50 unidades calibre 30 para un total de 100 municiones y 21 cartuchos calibre 12 y dos gorras institucionales.
Semanas antes de la intervención policial, ya se vislumbraban irregularidades. El 17 de septiembre, la cuenta de Twitter del Consulado General de España en Caracas informó que la sede ubicada en Puerto Ordaz trabajaría «de forma limitada» en los próximos meses.
Conflicto de larga data
Esta polémica entre García Armas y el chavismo se remonta a inicios de década. La familia del empresario presidía empresas que se encargaban de la distribución de alimentos en el país desde incluso antes de la llegada de Hugo Chávez al poder.
La red empresarial de la familia García Armas, antes de la llegada del chavismo, facturaba anualmente al menos 400 millones de dólares y generaba unos 2.300 empleos directos, además de otros 6.000 indirectos.
Durante 2010, Chávez ordenó la expropiación de Frisa y Friosa, dos empresas del empresario español, dedicadas a cadenas de frío, importación y distribución de alimentos.
Posteriormente, en 2018, el fiscal general impuesto por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, inició un procedimiento judicial contra ocho integrantes de la familia García Armas por presunta sobrefacturación de rubros, simular la importación de alimentos y desfalcar al Estado mediante la obtención de divisas preferenciales.
Friosa y Frisa se asociaron con las firmas chilenas Benipaula S.A. y MCM S.A, las cuales cometieron delitos tributarios en Chile durante 2006 y 2015. Saab alegó que esta alianza contribuyó con un esquema de importación con sobrefacturación. «Fueron creadas precisamente con el fin de delinquir», denunció.
En paralelo, el Tribunal Arbitral de La Haya le concedía la razón a Serafín García, presidente de Frisa y Friosa, en su demanda por la expropiación de las dos compañías, y ordenó al Estado a pagarle 326 millones de euros como indemnización. Este hecho pudo haber desencadenado la persecución en contra de esta familia, según insinuaron fuentes consultadas por La Razón.
