Pescadores de Falcón le temen más a persecución de Maduro que a los bombardeos de Trump
Mientras Estados Unidos mantiene una potente flota de embarcaciones de guerra en el Caribe y ha bombardeado casi una decena de lanchas –en su mayoría venezolanas–, en las costas del estado Falcón, al occidente de Venezuela, los pescadores no sólo enfrentan la amenaza de un eventual ataque extranjero. Desde septiembre han sido víctimas de persecuciones, robos de equipos de trabajo y detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano, que los intentan presentar como narcotraficantes
La Hora de Venezuela
“La amenaza está aquí. A los gringos no los vemos. Pero policías y militares andan por ahí haciendo ejercicios de combate, armando a la comunidad y ejecutando procedimientos donde terminamos los pescadores involucrados. Y sin tener nada que ver”, dijo Francisco, un pescador de la población El Cayude en el municipio Carirubana del estado Falcón, al occidente de Venezuela.
El hombre, que pidió no colocar su nombre real por temor a represalias oficiales, contó que el pasado 7 de septiembre –apenas cinco días después del estallido de la primera lancha venezolana por un ataque de Estados Unidos– funcionarios del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se llevaron de la localidad cuatro de los motores fuera de borda que tenían las lanchas que usan los pescadores para salir a la faena diaria.
Un pescador se dio cuenta del operativo y llamó a la comunidad. La gente acudió en masa, con documentos en la mano, para pedir a los funcionarios que les entregaran los motores. Sin embargo, estos les informaron que se trataba de una revisión de rutina y que, para recuperar sus motores, debían ir al Destacamento 131 de la GNB Bolivariana, ubicado en Judibana, municipio Los Taques.
“Todos nos lamentamos solo de pensar en el gasto que generaría un camión para recuperar los motores”, señaló uno de los pescadores afectados de El Cayude.
Al día siguiente un camión llegó con los cuatro motores en la parte trasera. Para llegar a la playa, los vehículos tienen que atravesar la localidad, así que la gente los vio pasar.
De nuevo, la comunidad de El Cayude intentó recuperar los motores. Dos de lo dueños llegaron, uno en su silla de ruedas y el otro en su andadera, hasta donde estaban los funcionarios.
Todo fue en vano. “Si todo sale bien”, les dijeron los militares, “les dejamos los motores de una vez en la comunidad”. No fue así.
Los motores que se llevaron en el procedimiento policial son pequeños y tienen al menos 10 años de uso.
Al día siguiente, el 9 de septiembre, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Falcón), publicó un video de un “procedimiento” realizado por los organismos de seguridad para reforzar la seguridad en la Península de Paraguaná.
Según la publicación, a través de la “Operación Cacique Manaure”, el gobierno nacional avanza para erradicar a cualquier grupo estructurado de delincuencia organizada “que pretenda usar nuestro territorio para el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”.
“La URRA (Unidad de Reacción Rápida) mixta, en perfecta fusión militar – policial, logró la incautación de una pista clandestina de aterrizaje”, anunciaba el mensaje del ZODI Falcón en las redes sociales.
Afirmaba que, además de la pista, habían desmantelado un muelle improvisado, con cuatro embarcaciones, cuatro motores fuera de borda, así como 25 contenedores llenos de 640 litros de combustible.
Todo lo “encontrado” había sido puesto a orden del Ministerio Público para dar continuidad con las investigaciones referentes del caso.
Los propietarios de los motores han acudido al Destacamento 131 de la GNB donde les informaron que, ahora, deben pedir los motores en el Ministerio Público.
Por su parte, en la Fiscalía les indicaron que no les pueden dar ni una copia del expediente, porque se trata de objetos confiscados y no de personas detenidas.
Estas acciones también coincidieron con una presunta incautación de 3.600 kilos de drogas en Falcón, en el marco del operativo Cacique Manaure, según la publicación del 16 de septiembre en el Instagram @zodimainoc de la Zodi Occidental.
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No son narcos, son falsos positivos
Pero el desvalijamiento de embarcaciones y el robo de motores no es la única preocupación de los habitantes de Paraguaná, ni la única amenaza a su vida, sustento y tranquilidad.
En las últimas semanas cinco pescadores fueron sacados de sus casas en comunidades de Paraguaná, en medio de la noche y, posteriormente, presentados ante el Ministerio Público por presunto tráfico de drogas. Sus familiares denuncian que se trata de falsos positivos y que no tienen nada que ver con el narcotráfico.
A lo largo de la península, distintas localidades de pescadores denuncian que desde que empezó la amenaza de Estados Unidos, funcionarios de organismos de seguridad, han visitado varios pueblos pesqueros y les desvalijan sus lanchas para presentar pruebas de supuesto comercio de estupefacientes.
Por un lado está el despliegue de la flota de naves estadounidenses en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas. Y por otro lado, la presencia de estas embarcaciones ha generado, en tierra, procedimientos policiales y de seguridad ficticios, con allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, así como pérdidas, al incautar los implementos de trabajo en el mar.
Para las comunidades de la costa falconiana, la persecución más grave no es la del gobierno estadounidense: el venezolano busca culpables en suelo falconiano. Para ello, hay efectivos desplegados por toda la costa en lo que denominan la Operación Cacique Manaure.
«El pueblo de Las Cumaraguas está cansado de tanto abuso ya. Vienen uniformados de noche a llevarse a las personas humildes y pescadores. Personas que viven del día a día, de la pesca, solo con el objetivo de quitarles plata», afirmó Endrina, familiar y vecina de los afectados.
“Queremos ley, no abuso. Queremos orden, no miedo”, decía una de la pancartas que mostraban los familiares de los pescadores detenidos arbitrariamente
A lo largo de la península de Paraguaná, los incidentes se multiplican, victimizando a las comunidades de pescadores.
En Las Cumaraguas, donde ya han detenido a cinco personas, el primer incidente se registró el 29 de agosto, cuando un pescador fue sacado de su casa en el sector Tiraya.
La detención ocurrió frente a sus tres hijos menores de edad, a quienes los funcionarios amenazaron con sus armas.
“Él vivía solo con sus hijos. Ahora están al cuidado de familiares y vecinos cerca de su casa”, resaltó un habitante de la localidad.
Recordó que los niños grabaron un vídeo denunciando lo sucedido. Aunque el mayor de los chicos corrió en busca de los familiares más cercanos, cuando llegó ya se había llevado a su papá y maltratado a sus hermanos.
De nuevo, el 18 de octubre, la Policía Nacional Bolivariana irrumpió en otra casa de pescadores, llevándose a dos personas, sin ningún motivo.
A los dos días, los detenidos fueron reseñados en la prensa regional como narcotraficantes.
En respuesta, el 21 de octubre la comunidad de Las Cumaraguas se cerró la vía principal de la población como protesta para denunciar estos hechos.
«No nos estamos negando a que se hagan los procedimientos, pero bajo el fundamento de la ley. Necesitamos que todos los cuerpos de seguridad que vengan a Las Cumaraguas traigan órdenes de allanamiento y un fiscal presente”, demandó la jueza de paz de la localidad, Carolina Urbina.
La funcionaria comunal hizo un llamado al gobernador de Falcón, Víctor Clark, recordando que ya se han llevado de la misma manera a cinco pescadores.
“Ellos actúan de noche para poder extorsionar y poder llegar a su objetivo, que es sacarnos plata y por eso es que les siembran a personas inocentes que viven el día a día de la pesca. Pedimos justicia”, decía una de las pancartas de los manifestantes, hechas con cartulina y escrita con marcadores. Erán en su mayoría adultos mayores.
Los cinco pescadores que, según familiares y habitantes de los pueblos, han sido detenidos arbitrariamente son: José Ramón Primera, Jean Carlos Primera, Alexander Córdoba, Johannys Urbina y Valentín Garcés. Y los habitantes del pueblo piden justicia para ellos: “Queremos ley, no abuso. Queremos orden, no miedo”, decía otra de las pancartas.
El miedo ahora vive en Tiguadare
Más conocido por el vertedero de basura que recibe los desechos de los tres municipios de la Península de Paraguaná, Tiguadare es una localidad que vive, principalmente, del reciclaje.
Sin embargo, también cuenta con una pequeña comunidad pesquera. Allí todavía capturan especies con chinchorro, que lanzan de día desde las dos embarcaciones que quedan operativas.
Los habitantes de la zona, han dejado de dormir en los ranchos a orilla de la playa y prefieren esperar que amanezca para salir de sus casas. Porque de noche les da miedo caer en los procedimientos que ejecutan los organismos de seguridad. Eso equivale a ser señalados como narcotraficantes cuando, en realidad, lo que ganan trabajando como pescadores apenas les alcanza para medio vivir.
En Tiguadare la pobreza es extrema. Viven muy alejados de la ciudad de Punto Fijo, la más cercana. No tienen agua por tuberías, servicio eléctrico, ni aguas servidas. Están ubicados a pocos metros de la playa y son escasamente siete casas.
Al menos cuatro generaciones han crecido en el lugar. Algunas personas llegan a instalarse desde otras comunidades para vivir del reciclaje y la cría de cerdos. Insisten: viven de la pesca.
“Después del revuelo de Estados Unidos cerca de Venezuela, ahora nos tildan de delincuentes. Somos pescadores. Pero ahora vemos pasar camionetas de noche, con esas luces radiantes y, a los tres días, consiguen drogas en los manglares. Ahí no llegan las lanchas”, dijo un habitante de la zona, que prefirió no ser identificado.
Pescadores revictimizados
El habitante de Tiguadare señala que, frente a estos operativos, han pedido ayuda tanto al gobierno municipal como al regional.
Pero todo siempre queda en palabras. Sus condiciones de vida no mejoran. Ahora, además, sienten mucho miedo de salir de noche.
“Nosotros estamos aquí porque vivimos en paz y estamos tranquilos. Lo que menos queremos es que nos involucren. Por ahí agarraron a un pescador. Casi se muere infartado cuando le mostraron la droga que, supuestamente, consiguieron. Afortunadamente lo soltaron”, refirió el habitante de la localidad de artesanos, criadores de cerdos y pescadores.
Tanto El Cayude como Tiguadare forman parte de los pueblos pesqueros que han sido severamente afectados por los derrames ocurridos en las tuberías submarinas de Pdvsa. Los entrevistados relataron que para compensar los daños desde hace un par de meses, el Gobierno les entrega una bonificación a través del sistema Patria y una bolsa de alimentos con productos de Empresas Polar.
En Tiguadare solos están pescando con dos lanchas, los demás pescadores prefirieron guardar sus motores y embarcaciones, luego de lo sucedido con la población de El Cayude
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
