Pese a seis procesos de diálogo, la mejor opción gubernamental está fuera de la mesa
Seis procesos de diálogo formales, desde 2002 hasta 2021, se han registrado como mecanismos alternativos de negociación en medio del conflicto político del país. Francisco Alfaro Pareja, politólogo y doctor en Estudios de Paz y Conflictos, enfatiza que los procesos de 2016, el de 2017, el de Oslo-Barbados y el de México, se han dado en un contexto de autoritarismo hegemónico. El abogado Juan Manuel Raffalli dice que, cuando una de las partes o ambas tiene una mejor opción que dentro de la mesa, puede usar el proceso como herramienta utilitaria
Los procesos de diálogo en tiempos de la revolución han sido una constante. Desde 2002 hasta 2021 se han registrado, formalmente, seis mecanismos alternativos de diálogo y negociación en medio del conflicto entre el gobierno y la oposición.
La negociación en México, pausada por la administración de Nicolás Maduro en octubre de 2021, se espera sea reactivada en cualquier momento. Dentro de ese compás de espera, en este trabajo, TalCual revisa las características principales de las gestiones que se han activado para superar la crisis institucional del país.
Los procesos de diálogo que se han celebrado son: la Mesa de Negociación y Acuerdos (2002-2005), la Conferencia Nacional por la Paz (2014); la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017); la Mesa de Diálogo en República Dominicana (2017-2018), el mecanismo de Barbados y el de Oslo (2019), y la Mesa de Negociación en México (2021).
Estos mecanismos de diálogo han estado enmarcados por el conflicto político y, en la mayoría de los casos, se han iniciado luego de tiempos de escaladas de violencia que han girado sobre el mantenimiento o búsqueda del poder presidencial, y con serias amenazas a los espacios de convivencia.
Francisco Alfaro Pareja, politólogo y doctor en Estudios de Paz y Conflictos, señala que el conflicto venezolano es estructural.
Explica que el conflicto político se deriva del socavamiento del sistema democrático en el país. «Un proyecto que está establecido en la Constitución de 1999 de una democracia representativa, pero, además, participativa, y unos principios que han sido erosionados a lo largo del tiempo», expresa.
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En ese sentido, indica el investigador, se vive en medio de una democracia iliberal que se apoya en las elecciones, pero que, progresivamente, va socavando los contrapesos.
«Los mecanismos alternativos de diálogo se instalan porque se erosionan los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. Es decir, si los partidos entre sí no pueden dirimir en la Asamblea Nacional (AN) sus diferencias, si no hay mecanismos judiciales independientes, si las elecciones no permiten canalizar diferencias porque cada vez son menos transparentes, con más ventajismo, hay que buscar mecanismos para hacerse entender», sostiene.
El politólogo refiere que los seis mecanismos de diálogo puestos en práctica en el país han sido de alto perfil, de alto nivel y con participación de la comunidad internacional en su facilitación.
«El primer mecanismo de diálogo en Venezuela se da en el marco de la instalación de una democracia iliberal entre 2002-2004. El que se da en 2014, que quizás es el mecanismo alternativo más informal, con mayores errores metodológicos, se da en el marco de autoritarismo competitivo, en un contexto autoritario, con algunas válvulas de escape. Pero, el de 2016, el de 2017, el de Oslo-Barbados, y el de México, se dan en un contexto de autoritarismo hegemónico», destaca Francisco Alfaro Pareja.
El doctor en Estudios de Paz y Conflictos puntualiza que uno de los aspectos por los cuales se concreta el acuerdo de 2003 es porque el conflicto no era tan asimétrico y las diferencias de fuerza no eran tan marcadas.
«Se venía de un golpe de Estado, un contragolpe y un paro petrolero y ni la oposición ni el gobierno sabían realmente cuál era su situación interna de fuerza, ambas necesitaban del mecanismo».
Alfaro señala que, dentro de las asimetrías con las que se desarrollan los procesos de diálogo, el gobierno ha concurrido con mejores recursos que la oposición.
«Estos recursos tienen que ver con los mecanismos de fuerza, lo cual no es menor. Maneja los poderes, pero, al mismo tiempo, maneja las policías, el Ejército, mermado y todo maneja la economía, los recursos petroleros, la estructura del Estado. El gobierno es un archipiélago bastante disciplinado; y la oposición estructuralmente es una coalición democrática con distintas visiones, no es un archipiélago vertical, coinciden distintos puntos de vistas y formas de asumir el conflicto», asevera.
El investigador puntualiza que el gobierno juega a ver cuándo se sienta en la mesa y cuándo no. Señala que pese al incentivo del alivio de las sanciones, no debe olvidarse que el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado mecanismos paralelos de subsistencia económica.
«Le conviene al gobierno estar en la mesa para legitimarse internacionalmente, para volver a reinsertarse de algún modo en la comunidad internacional. Aunque este no es un objetivo menor, no es de vida o muerte», afirma.
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Diálogo tras el 11-A
El gobierno y la oposición concurrieron a la Mesa de Negociación y Acuerdos (2002-2005) tras los hechos del 11 de abril de 2002.
El investigador Francisco Alfaro Pareja, en su trabajo Mecanismos alternativos de diálogo y negociación en el conflicto político de Venezuela (2002-2018) , expresa que a este proceso, «tanto el gobierno como la oposición llegaban en situación de debilidad e incertidumbre sobre el estado de sus fuerzas políticas. Más que por convicción, ambos actores decidían sentarse en la Mesa por necesidad».
El proceso inició con las gestiones del expresidente Jimmy Carter. En la Mesa, además del Centro Carter, participaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria Trujillo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Francisco Diez y Jennifer Mc Coy, integrantes de la representación del Centro Carter, en su análisis posterior sobre la Mesa de Negociación y Acuerdos, destacaron que este mecanismo representó una alianza inusual entre dos organizaciones intergubernamentales (OEA-PNUD) y una organización no gubernamental (Centro Carter).
En ese entonces, el diálogo «se erigió como un intento consciente para contener un conflicto sociopolítico antes de que alcanzara una escala total de violencia».
A Diez y Mc Coy se les solicitó su participación para la elaboración de este texto, pero se excusaron por motivos profesionales.
En el análisis citado, señalaron que el conflicto «se desarrolló en múltiples niveles y sectores dentro de un país sin divisiones claras que se fundamentaran en la etnia, la raza, la religión o la clase (si bien muchos de estos elementos también formaban parte del conflicto)».
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien ha participado en la parte técnica de varios de los procesos de diálogo y estuvo en el equipo técnico de la Coordinadora Democrática, señala que no sabe si era porque el presidente Hugo Chávez estaba «aturdido», y había algo de ingenuidad en estos procesos, pero el gobierno dejó que la facilitación internacional ejerciera su rol.
«Ese proceso de 2002-2003 se inicia con un gobierno débil. Chávez se levanta aprovechando el proceso de negociación durante varios meses y cuando logra ubicar la salida de las elecciones. Todo eso concluye para que se dieran normas en las cuales trabajamos mucho, tanto las previas como las normas que se iban generando a medida que el proceso caminaba», explica Raffalli.
El abogado recuerda que la salida de ese primer proceso de diálogo fue electoral, democrática y constitucional con el referendo revocatorio presidencial de 2004, que Chávez.
«La gente decía: es que ustedes son tontos, eso está en la Constitución. Mire lo que ha costado para hacer un revocatorio después de eso», acota Juan Raffalli.
«Chávez se quiso medir después de que ganó mucho tiempo y las misiones lo llevaron a un nivel de popularidad, que le permitir pasar ese brete y salir adelante», añade.
Relata Raffalli que en los momentos previos del diálogo, hubo que trabajar duro incluso para la definición de la mesa porque el gobierno no estaba ganado a la idea de que se incluyera la palabra «negociación».
«Hubo mucho lobby y trabajo hasta para la definición del nombre, y Timoteo Zambrano trabajó mucho en esa fase porque tenía mucha conexión internacional, sobre todo en Latinoamérica, independientemente del camino que haya tomado ahora», sostiene.
Además, destaca que, en esa negociación, la credibilidad del expresidente de Colombia y secretario general de la OEA, César Gaviria, fue muy importante para blindar el proceso.
«Había respeto por Gaviria. Había otro factor importante y es que el jefe de la delegación por parte del gobierno era José Vicente Rangel, quien podía tener millones de defectos, pero era un tipo serio y no se iba a prestar para una guachafa y quedar mal con Gaviria, con el PNUD y mucho menos con la gente del Centro Carter. Era otro proceder y un gobierno que estaba más apremiado y necesitaba de su proceso y dejar evidencia de su convicción de negociar».
Para Juan Manuel Raffalli, lo importante se esa experiencia fue que en el mecanismo de diálogo se establecieron los objetivos en la metodología, se trabajó en un aparato que regulaba el proceso y lo hacía de manera muy clara y específica.
«El problema del fondo es que, nuevamente —pero ahora es peor— el gobierno no necesita llegar a acuerdos, no le interesan los acuerdos, le interesa el proceso para oxigenarse, para lavarse la cara a nivel internacional, dar la idea de que es abierto», enfatiza Raffalli.
El abogado no tiene dudas sobre que, en medio del conflicto político venezolano, la mejor alternativa es la negociación.
«Cuando una de las partes o ambas tienen una mejor opción fuera de la mesa que dentro de la mesa, pueden usar el proceso de negociación como herramienta utilitaria, pero no necesitan el acuerdo», advierte.
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Parte del equipo negociador de la Coordinadora Democrática: Eduardo Lappi, Juan Manuel Raffalli, Timoteo Zambrano, Manuel Cova, Alejandro Armas y Américo Martín.
Dialogar tras la salida
En 2014, hubo una ola de protestas de calle que se tornaron muy violentas y letales por la represión gubernamental. Ese activismo fue motorizado de forma conjunta por Leopoldo López y María Corina Machado, al margen de la estrategia política de la Mesa de la Unidad Democrática.
Entonces, desde la Presidencia, Nicolás Maduro buscó un mecanismo de conciliación con la oposición y llamó a un proceso denominado «La Conferencia Nacional por la Paz «. La primera cita tuvo como escenario Miraflores y, además de dirigentes de la oposición, contó con la presencia de Unasur y el Nuncio Apostólico.
En 2014 en el salón Ayacucho del presidencial Palacio de Miraflores el presidente @NicolasMaduro instala la Conferencia Nacional por la Paz, a la cual acudieron diversos sectores políticos, sociales, cultura, deportivos y económicos. #efemerides pic.twitter.com/CacADueX4X
— VIT (@computadorvit) February 26, 2022
La oposición que acudió a Miraflores exigió una una ley de Amnistía, instauración de la Comisión de la Verdad Independiente, el compromiso para la renovación de los poderes públicos y el desarme de grupos paramilitares.
En ese contexto, se acordó ampliar la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, para investigar los hechos de violencia. Sin embargo, no se presentó un informe final. Este proceso cerró en mayo de 2014.
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En 2016, después de que la oposición obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y de que el Parlamento aprobara un juicio político contra Maduro, se instaló la Mesa de Diálogo Nacional.
Esta mesa contó con una fase exploratoria en República Dominicana, la cual se ejecutó bajo el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los expresidentes de España José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijo y de República Dominicana Leonel Fernández, en marzo de 2016.
Finalmente, las partes volvieron a reunirse, en octubre de 2016, esta vez con la moderación del Vaticano en la representación del Nuncio Apostólico en Argentina, Emil Paul Tscherrig, con apoyo de monseñor Claudio María Celli .
Este mecanismo alternativo de diálogo se concretó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) truncaron la posibilidad de un referendo revocatorio de mandato contra Maduro.
Las mesas de trabajo incluyeron aspectos como la paz, Estado de derecho y soberanía nacional; la verdad, la justicia; derechos humanos; reparación de víctimas y reconciliación; también aspectos económicos-sociales, y la fijación de un cronograma electoral.
En medio de una cadena de roces y desacuerdos, además de acusaciones mutuas, el gobierno y la oposición se retiraron del proceso. En ese sentido, en enero de 2017, los mediadores presentaron el Acuerdo de Convivencia Democrática contentivo de 21 planteamientos para reanudar el diálogo, sin embargo, la oposición las tildó de inaceptables.
En ese proceso de diálogo, el secretario de Estado de Vaticano, cardenal Pietro Parolin, dirigió una misiva a las partes en la que exigió varias condiciones para el avance del mecanismo.
Parolin, que ocupó la Nunciatura Apostólica en Venezuela desde 2009 hasta 2013, abogó por la aplicación de medidas urgentes para enfrentar la escasez de alimentos y medicinas; la liberación de los presos políticos; el reconocimiento de las atribuciones de la AN y la aprobación de un calendario electoral.
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La mesa en República Dominicana
Dentro de la búsqueda de mecanismos alternativos de diálogo, después de las protestas contra el gobierno y el saldo de varios fallecidos y heridos, así como de denuncias de represión, se abrió un nuevo escenario tras la invitación del presidente de República Dominicana, Danilo Medina y que contó con la veeduría de México, Chile, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, así como de José Luis Rodríguez Zapatero, exjefe del gobierno español.
No se lograron los acuerdos. El proceso culminó en febrero de 2018 y en mayo de ese mismo año se realizaron las cuestionadas elecciones presidenciales cuya legitimidad fue negada por más de 50 países que, en 2019, reconocieron al presidente de la AN, Juan Guaidó, como presidente interino.
El diputado Luis Florido, actualmente dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), participó en ese proceso como representante del partido Voluntad Popular (VP) en el que militaba.
Refiere que todo comenzó con encuentros en Venezuela entre los representantes de los diferentes partidos de la MUD con representantes del gobierno.
Agrega que, fracasado el intento por detener la Asamblea Nacional Constituyente, una de las propuestas «impresentables» planteaba que la oposición tuviera un tercio de la constituyente. Entonces, comenzó la dinámica para establecer la negociación de cara a los intereses que «nosotros pedíamos, que hubiese elecciones libre, y ellos querían que les quitaran las sanciones, entre otras cosas».
En mayo de 2017, con la anuencia del expresidente Rodríguez Zapatero, «que era quien en ese momento era el buen oficiante, alguien que hacía, dentro de los más equilibrados que puede ser, de abogado del gobierno. Pero en la dinámica de las negociaciones, en los primeros contactos, eso no afectaba. Incluso, en algunos momentos, pareciera un buen oficiante», relata Florido.
Esa fase previa, afirma Florido, se terminó de concretar en septiembre de 2017, cuando hubo una reunión ya formal en República Dominicana, a la que fueron con una agenda ordenada y clara, y con certeza de a quiénes se iba a invitar al proceso.
En Dominicana se trabajó con un precepto metodológico según el cual «nada está acordado hasta que todo está acordado». El diputado Florido indica que es el mismo principio con el que se fue a la Mesa de Negociación en México.
«Eso permitía que algunas cosas las ibas supeditando por temas estratégicos a la aprobación de otros temas», acota.
Florido asegura que la oposición «se tomó muy en serio» el proceso de negociación, un proceso que, puntualiza, fue «muy bombardeado», sobre todo por los sectores más radicales de la oposición que generaban presión.
«Teníamos un equipo consultivo que no entraba en las reuniones, además de la representación del G4, de los partidos minoritarios y de personalidades venezolanas», detalla.
El dirigente opositor recuerda que las reuniones del diálogo se realizaron en la sede de la Cancillería dominicana, en medio de una mesa rectangular, en cuya base estaba sentado el presidente Danilo Medina, a su izquierda el canciller dominicano, a la derecha, Rodríguez Zapatero; frente a ellos, en la otra base de la mesa, los cancilleres de los países invitados; los delegados del gobierno del lado izquierdo de Medina y la oposición a la derecha del mandatario.
Destaca que, el 2 de diciembre de 2017, los cancilleres y Rodríguez Zapatero presentaron un papel de trabajo sobre un proyecto de acuerdo de elecciones con garantías, liberación de presos políticos y sanciones.
«Cuando lo debatimos, dentro de la oposición hubo voces que no estaban de acuerdo y pensábamos que podíamos lograr más. Al final, nosotros pedimos unas cosas más y el gobierno también», refiere.
Por su parte, el exrrector del CNE Vicente Díaz, quien participó en los procesos de Dominicana, Oslo y Barbados, asevera que el proceso en la isla caribeña se parece bastante al de México de 2021.
Díaz sostiene que ambos procesos son «muy públicos», las delegaciones ofrecen comunicados sobre agenda, avances y resultados, lo cual, dice, crea dificultades importantes, pues se generan expectativas en el ámbito nacional e internacional, con lo cual se hace más énfasis en las audiencias que en los avances de las mesa de diálogo.
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Además, los negociadores, básicamente, son representantes de los partidos. Precisa Vicente Díaz que cada delegación tiene el derecho de contar con los respaldos que considere necesarios.
«Dentro de la mesa de negociación se da un proceso entre iguales. No hay una delegación que tenga privilegios. Las partes se sientan de tú a tú. Ahora, fuera de la mesa, obviamente que el gobierno tiene un poder mucho mayor que cualquier delegación opositora. Un ejemplo de ello es que a los cuatro partidos que estaban negociando en República Dominicana, al final, les anularon la tarjeta (electoral). Claro, eso sucede por fuera», enfatiza.
Recuerda, asimismo, que se estaba negociando la fecha de la elección presidencial, y la constituyente determinó que la contienda se hiciera en mayo de 2018. Eso generó que los cancilleres que estaban del lado de la oposición se pararan de la mesa.
Díaz recuerda que, fuera de la mesa, el gobierno de Maduro mantiene el control de los poderes públicos y el control de la fuerza coercitiva del Estado.
Bajo el sello noruego
Después de la crisis política generada a partir de 2018, por el desconocimiento de varias naciones del segundo mandato de Maduro y la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado; se gestó, en 2019 un nuevo diálogo con la mediación de Noruega, cuyas reuniones se realizaron en Barbados y en Oslo.
En mayo de ese año, el mecanismo se paralizó después de que el gobernante venezolano no aceptó la propuesta opositora de que las elecciones debían convocarse tras su hipotética renuncia.
«En Oslo-Barbados no hubo una representación de los partidos sino una delegación que tenía el respaldo de la AN en pleno, compuesta, básicamente por personas independientes, pero con toda la confianza de la Asamblea Nacional, por un lado, y representantes del gobierno de Maduro, por el otro. Todo fue muy discreto, no había declaraciones públicas. Todavía nadie sabe dónde nos reuníamos. El objetivo era resguardar la negociación en sí misma», asevera Vicente Díaz.
Guaidó esgrimió que la única salida a la crisis era un cambio de gobierno. Luego de la primera tentativa de Noruega, el gobierno de Maduro conformó la Mesa de Diálogo Nacional, conocida como la «mesita», a la que concurrieron partidos de la oposición minoritaria en septiembre de 2019. Se trató de un proceso meramente doméstico que no formó parte de los grandes mecanismos de diálogo alternativo.
En agosto de 2021, bajo la mediación de Noruega, las delegaciones del gobierno, encabezada por Jorge Rodríguez, y la de la Plataforma Unitaria, que dirige Jorge Gerardo Blyde, suscribieron un Memorándum de Entendimiento para el mecanismo de diálogo en México.
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En octubre pasado, la paralización del proceso de diálogo fue justificada por Maduro como respuesta de su gobierno a la extradición del empresario colombiano Alex Saab desde Cabo Verde hasta Estados Unidos.
En marzo de este año, el gobierno que no vislumbraba incentivos para sentarse de nuevo en la mesa, se decidió por regresar al diálogo a partir de las gestiones generadas tras el encuentro que Maduro sostuvo con una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden, en Miraflores.
El 17 de mayo, Rodríguez y Blyde informaron sobre la celebración de «una reunión de trabajo para planes a futuro, en el rescate del espíritu de México». El país sigue expectante por el siguiente paso.
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