Pese a vacío en protección internacional, la migración forzada sigue en aumento (I)
La débil atención a los migrantes criollos se genera por el predominio de las medidas administrativas y no de políticas de Estado, además de la ausencia de políticas estandarizadas. Provea cuestiona las normas temporales que no ofrecen una respuesta efectiva. El bache en las normas es atribuido a los países de la región y a organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Grupo de Lima, entre otros
Aunque la oleada de migración forzada de los venezolanos ha generado algunas respuestas regionales, no existe, hasta ahora, un enfoque que implique un esquema único de atención para estos ciudadanos.
La constante ha sido que los gobiernos evaden que estos ciudadanos no son migrantes voluntarios y deben ser considerados como titulares de derechos y personas con necesidad de protección internacional. Por el contrario, los engloban en la denominación personas “en situación de movilidad humana”, advierte el Programa Venezolano de Acción Educación en Derechos Humanos (Provea) en su informe “Crisis migratoria venezolana y responsabilidad de los Estados”.
La referida Organización No Gubernamental (ONG) señala que las características del flujo de las personas provenientes de Venezuela incide sobre el tipo de políticas públicas con las que responden los Estados, los organismos multilaterales y las agencias de cooperación y de trabajo humanitario.
Los 19 países que concentran la mayor cantidad de migrantes venezolanos son Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Gustavo Cabello forma parte forma parte de los 3,7 millones de venezolanos que han salido del territorio nacional, de acuerdo con el registro de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en enero de 2019.
En diciembre de 2017, Cabello tenía tres trabajos formales como profesor de secundaria y el Pedagógico de Maturín, además de entrenador del equipo de segunda división del Monagas Fútbol Club, cargo que era en realidad su verdadera pasión. A esto se sumaban varios ‘tigres’ fijos que algo aportaban a sus cada vez más menguados ingresos, razón por la cual en enero de 2018 decidió ir a probar mejor suerte en Perú.
Cocinero, obrero en una fábrica de radiadores, vendedor de café, peluquero, mozo de restauran… “No tuve pena de hacer lo que fuera para conseguir dinero para mi, para enviar a mi familia y para los trámites de legalización de mi situación”, dice el profesor y magister en Educación Física, quien supo sacar provecho a las ventajas que ofreció el gobierno peruano para que los migrantes venezolanos pudieran regularizar su permanencia en ese país.
Cuando estaba en los trámites del permiso de trabajo fui a un campo de fútbol y conocí a un profesor que me contactó con una academia, y por allí comencé a meterme en el mundo del entrenamiento, que es mi pasión”, recuerda Cabello, quien en pocos meses ya se había convertido en entrenador de tres escuelas de balompié en Lima
Tras obtener el carnet de extranjería (documento que le autoriza a trabajar en Perú), los buenos resultados obtenidos con las oncenas de aficionados le permitieron optar por el puesto de entrenador en un equipo de segunda división en la ciudad de Pucallpa. “Apenas estoy comenzando acá y aunque los goles no han llegado, espero que pronto vengan”, comenta desde la capital de la provincia amazónica.
Cabello se benefició de la política aplicada por el gobierno de Perú en enero de 2017, cuando implantó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para los ciudadanos venezolanos que hubiesen ingresado de manera regular hasta el 31 de octubre de 2018. El permiso es otorgado por la Superintendencia Nacional de Migraciones y permitió acreditar la situación migratoria regular en el país por el plazo de un año, desarrollar actividades en el marco de legislación peruana y trabajar formalmente en el territorio nacional.
Sobre las políticas dictadas por Colombia y Perú, los dos países con mayor flujo de venezolanos, Provea expresa que las medidas temporales han tenido diversas variaciones, suspensiones y readaptaciones durante dos años.
“Esta temporalidad de medidas sometidas a constantes variaciones, dificulta el arraigo de las personas provenientes de Venezuela en Colombia y Perú”, advierte Provea.
Parte de las debilidades en la atención a los migrantes venezolanos, insiste Provea, obedece a que prevalecen las medidas administrativas y no de políticas de Estado.
Aumenta vulnerabilidad
Provea destaca que ni las declaraciones de Quito ni las del Grupo de Lima abordan el enfoque de los derechos humanos de los migrantes, como tampoco lo han hecho iniciativas de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La lentitud en la adopción de políticas de Estado perjudica a grupos vulnerables como los pueblos indígenas -a los cuales no se les reconoce su situación por no ser originarios del país receptor-, las mujeres con situación migratoria irregular -que dan a luz a niños con riesgo de apatridia- y las personas del colectivo LGBTI.
Entre los países que han acogido parte de los acuerdos de Quito de 2018 figuran Argentina y Paraguay, que reciben los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorio
Enfatizan que en 2018, Acnur llamó a recaudar 46,1 millones de dólares para atender las necesidades de protección internacional de las personas provenientes de Venezuela, pero hasta agosto de ese mismo año solo se había recaudado 54% de lo previsto: 24,9 millones de dólares. La meta para 2019, dentro del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, es de 738 millones de dólares y el objetivo es atender para atender a 2,7 millones migrantes de Venezuela en 16 países, así como a las comunidades de acogida.
Para Acnur es claro que dado el deterioro de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en el país, los migrantes venezolanos están en la categoría de refugiados.
Debido al deterioro de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en #Venezuela, ACNUR considera que la mayoría de los que huyen del país se encuentra en necesidad de protección internacional como personas refugiadas. https://t.co/vKFFaTEdnZ pic.twitter.com/I1NzzrNT15
— Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) June 5, 2019
Organizaciones de derechos humanos indican que la agudización de la crisis institucional de Venezuela en 2019 impulsará otro oleaje de migrantes forzados. Provea cree que esta circunstancia podría propiciar que se supere la visión restrictiva en algunos países. Un ejemplo de ello es que, en febrero de 2019, Canadá acordó la suspensión de los procedimientos de deportación, lo que abre la opción de solicitar permisos de estudio o trabajo.
Expectativas limitadas
Provea manifiesta preocupación por las medidas que resultaban atractivas para los migrantes pero que encierran restricciones como la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) que desde 2018 otorga el gobierno de Chile.
“Las dificultades de acceso a documentos como antecedentes penales y pasaporte con vigencia de 18 meses, suponen una limitación para acceder a la VRD y equiparan a los solicitantes con migrantes ordinarios, sometidos a un trámite insostenible para sujetos de protección internacional”, señala el informe de Provea.
La VRD aprobada por el presidente Sebastián Piñera cuesta 30 dólares, tiene una duración de un año y puede prorrogarse por un período igual. Grupos enteros como la familia Rodríguez, integrada por el matrimonio y sus tres hijos menores, la han solicitado. El requerimiento debe hacerse antes de partir desde Venezuela en los consulados de Caracas y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.
Hasta el 30 de abril de 2019, Chile otorgó 31.639 visas democráticas, según informó el Departamento de Extranjería de ese país. El 22 de abril, el país anunció que aceptará pasaportes y cédulas vencidas de venezolanos. “Será para documentos expedidos desde el año 2013, considerados vigentes por un período de dos años a partir del 18 de abril de 2019”.
Chile aceptará pasaportes y cédulas vencidas de venezolanos. Será para documentos expedidos desde el año 2013, considerados vigentes por un período de dos años a partir del 18 de abril de 2019.https://t.co/fP5kxWwyfM pic.twitter.com/tRIvrQazys
— Migraciones Chile (@DptoExtranjeria) April 22, 2019
“El haberme venido con trabajo hizo todo más fácil y me ubicó dentro del grupo de los salarios altos, los llamados salarios top de alguna manera”, admite la caraqueña Carmen García, gerente de telecomunicaciones de una empresa en Santiago desde hace casi tres años. Relata que la migración venezolana es de las más aceptadas en Chile, y aunque García llegó por razones profesionales debido a un traslado laboral, reconoce que los migrantes que llegan sin profesión no tienen el camino fácil.
“La gente que se ha venido a Chile que no es profesional le cuesta bastante, el campo obrero está ocupado por chilenos y peruanos. Aquí es muy difícil estudiar a nivel universitario solo pocos lo hacen, con lo cual los cargos administrativos y gerenciales o profesionales son más difíciles de llegar y los llenan extranjeros dando prioridad a los venezolanos. También te encuentras a médicos, ingenieros, doctores atendiendo como cajeros, reponiendo productos en automercados, vendiendo periódicos en la calle o de taxista mientras consiguen un empleo afín con su carrera”, señala.
Pese a las dificultades que reportan muchos venezolanos, Carmen García señala que en hay mucha empatía de los chilenos hacia la migración venezolana, especialmente por la acogida que sus paisanos tuvieron en el país durante la dictadura de Salvador Allende.
“La experiencia de ser extranjera en cualquier país es difícil porque son otras culturas y otras costumbres, es un proceso de adaptación. Al estar del otro lado de la cordillera, el chileno es más frío y más seco, sin embargo la acogida de los venezolanos es muy buena. Aunque no faltan radicales, se escuchan muchos comentarios de que los venezolanos les están regresando lo que recibieron en la época de Allende”, añadió.
La salida del desastre
A pocas horas del cañonazo que anunció la llegada del 2017, Darwin Sánchez abandonó Venezuela con destino a Argentina. Decidió tomar un vuelo de temporada baja sin esperar por su acto de grado tras defender su tesis para obtener la licenciatura en Comunicación Social.
La motivación de su viaje estaba clara.“El primer objetivo era salir del desastre económico y social en que el gobierno de Nicolás Maduro sumó al país, me negaba a quedarme a depender de una caja de comida. El segundo objetivo era ayudar a mis sobrinos, a mi mamá y a mis abuelos”, contó Darwin Sánchez.
Dos años y medio después, y pese el costo de estar lejos de su tierra, Sánchez hace esfuerzos por sostener a su familia en Venezuela y ayudar para que sus abuelos tengan una vejez con dignidad
Sánchez, que se desempeña actualmente como coordinador Research &Analytics en Investigación de Datos en la Subsecretaría de Comunicación del gobierno de Buenos Aires, cuenta que la mayoría de sus paisanos, e incluso colegas de la misma universidad donde se formó en Venezuela, que también se fueron a Argentina, trabajan en oficios y no ejercen su profesión.
«A muchos ni siquiera los llaman una vez que dejan su resumen curricular, trabajan en peluquerías, como meseros u otras ocupaciones, pero casi ninguno en lo que estudió. Los venezolanos son valorados por lo que estudiaron, sin embargo es necesario tener postgrado». Cree que a él le ha favorecido el hecho de que cursó estudios de Argentina, donde aprobó el Postgrado en Comunicación Política e Institucional en la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Desde allí, dice, tejió redes para lo que vino después. Narra que el camino lo ha labrado paulatinamente desde que comenzó, durante el primer mes de su llegada, a limpiar y pelar papas en un restaurante.
Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, en 2018, se otorgaron 70.531 radicaciones de venezolanos, tanto temporarias como permanentes. Esta cifra equivale a un tercio del total de extranjeros radicados en el país durante ese año.
