Petro rechaza suspensión del canciller Álvaro Leyva: No quieren dejarnos gobernar
El Ministerio Público colombiano publicó un comunicado en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores, Alvero Leyva, deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo. Para el presidente de ese país Gustavo Petro, los señalamientos contra el canciller son una maniobra para torpedear su gestión
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la suspensión temporal del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por parte de la Procuraduría es una «maniobra» para no dejar avanzar a un «gobierno popular, democrático».
«No nos van a dejar gobernar, pues claro, es la mentalidad de quienes (están) acostumbrados a dejar la gente abandonada. No quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un Gobierno popular, un Gobierno democrático», dijo Petro este 23 de enero, en un acto en Guapi (Cauca), en el Pacífico colombiano.
La reacción del mandatario surge luego que la Procuraduría anunciara que decidió proferir cargos contra el canciller y suspenderlo por tres meses por presuntas irregularidades en la licitación de un contrato para fabricar pasaportes, algo que el presidente ve como una maniobra política por parte de un cargo nombrado por el anterior Gobierno.
Petro no se mostró sorprendido con la decisión anunciada por la procuradora Margarita Cabello Blanco.
«Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, esto ya lo vivimos en la Bogotá Humana», dijo aludiendo a que la misma Procuraduría, cuando la dirigía Alejandro Ordoñez, decidió inhabilitarlo a él como alcalde de Bogotá, cargo que ejerció entre 2012 y 2015, por supuestas irregularidades en la concesión de los contratos de basura.
El Ministerio Público de ese país publicó un comunicado en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo.
El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarara desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons.
*Lea también: Fundaredes registró 140 homicidios durante el último trimestre de 2023
