Pitecantropus EmeVerrectus, por Teodoro Petkoff
El grupo “Pitecantropus Emeverrectus”, de la fracción oficialista en la Asamblea Nacional, cuyos integrantes más conspicuos son Pedro Carreño, Darío Vivas y Cilia Flores, presentó ayer un proyecto de ley de Reforma Parcial del Código Penal.
El proyecto constituye una tentativa de criminalizar la actividad política, para sancionar con pesadas penas de prisión actos propios de aquella. El límite que se establece en el proyecto entre el delito y la actividad política convencional es tan tenue que fácilmente puede ser traspasado por la mentalidad represiva.
Si con tales penas se hubieran sancionado las actividades políticas de, por ejemplo, Darío Vivas, este estaría purgando cadena perpetua.
El proyecto está redactado en forma tan deliberadamente vaga que la tipificación de los “delitos” sería discrecional para el juez. Por ejemplo, se habla de castigar con prisión a “cualquiera que públicamente y por cualquier medio instigare a otros a ejecutar actos en contravención a las leyes”.
Este artículo sería suficiente para llevar a la cárcel a un líder obrero que llame a un paro laboral o a líderes comunitarios que instiguen a trancar una autopista en protesta porque el barrio no recibe agua o a un dirigente estudiantil que convoque una manifestación o a un dirigente político que proponga reducir el mandato de un gobernante. Por supuesto que la primera víctima de esta reforma debería ser el propio Hugo Chávez, que es el primer instigador de la comarca.
Se propone castigar a quien “publica o privadamente instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes”, con lo cual hasta quien dentro de su casa proponga, por ejemplo, un acto de desobediencia civil ante un abuso de poder, podría ir a la cárcel. Para garantizar la aplicación de este artículo el diputado Pedro Carreño, quien descubrió cómo se nos espía a través de la TV, tiene listo un proyecto para adaptar el canal 8 a las labores de vigilar las opiniones domésticas.
Quien provoque el cierre una vía pública, iría a la cárcel, con lo cual es de suponer que una vez aprobada la ley podrá restablecerse el paso frente a Miraflores, trancado desde hace tiempo por Chávez, quien solía reprochar a los gobernantes del pasado que no dejaran que el pueblo se acercara al palacio, al cual, según él, rodeaban de alambre de púas. Acérquese alguien hoy a los alrededores de Miraflores para que vea lo que es un alambre de púas nada metafórico, que causa graves perturbaciones a la circulación de vehículos y personas en el mero centro de la capital.
En un artículo se propone castigar “cualquier tipo de amenaza o acto de violencia contra un funcionario o servidor público”, siendo mayor la pena si se trata de un “alto funcionario”. Es obvio que hasta una demanda legal contra un funcionario podría caer bajo el paraguas de “cualquier tipo de amenaza”.
Es de esperar que la conciencia de algunos antiguos luchadores sociales y políticos que pertenecen al bloque oficialista sea sacudida por esta pretensión represiva brutal y se nieguen a dejarse arrastrar por el primitivismo político del grupo “Pitecantropus Emeverrectus”.
