Pizarro: Todas las recomendaciones de Bachelet sobre Venezuela siguen vigentes
El comisionado Miguel Pizarro aseguró que todos estos señalamientos sientan las bases del informe de la misión internacional de verificación de hechos sobre Venezuela, que deberá ser entregado en septiembre de este año
El comisionado del gobierno interino para el sistema de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseveró que todas las recomendaciones plasmadas en los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela «siguen vigentes», debido a que ninguno se ha cumplido hasta la fecha.
Este 15 de julio se presentó un nuevo informe por parte de la oficina de Michelle Bachelet, donde se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los DDHH de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco. Por ello, la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del Estado.
El también diputado destacó que en este nuevo informe se narra por primera vez de manera detallada lo que está ocurriendo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en particular sobre tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes que pueden constituir claramente tortura contra los detenidos en esas instalaciones.
Pizarro señaló que «ya no es solo una narración de familiares o los que están detenidos» dentro de la Dgcim, sino una denuncia formal sobre el «teatro de torturas que es la contrainteligencia en Venezuela», y que permitirá poder avanzar en denuncias concretas.
También resaltó el apartado dedicado al sistema judicial venezolano, y que a su juicio, «plasma el control político sobre la justicia». Además hizo énfasis en las denuncias expresadas en el informe de la Alta Comisionada sobre la situación del Arco Minero del Orinoco y la afectación a la población, especialmente indígena, en esa zona.
Hizo mención especial del apartado dedicado en cómo la violación de derechos humanos afecta de manera diferencia y especial a las mujeres, especialmente dentro del Arco Minero del Orinoco donde son sometidas a tratos vejatorios, abusos, violencia y explotación sexual.
Pizarro destacó que esto permitirá avanzar además en las denuncias sobre las redes de tratas de personas y explotación de mujeres y niñas para trabajo sexual, como han denunciando medios como TalCual en investigaciones especiales.
El comisionado aseguró que todos estos señalamientos sientan las bases del informe de la misión internacional de verificación de hechos, (que deberá ser entregado en septiembre de este año); «además de que abre un nuevo espacio de denuncias dentro del Sistema de Naciones Unidas, desde el Consejo de Derechos Humanos y Seguridad así como los distintos Grupos de Trabajo referente a esclavitud, torturas».
Coincidimos en que el régimen de Nicolás Maduro no cumple con las recomendaciones dadas por la Alta Comisionada, dijo Pizarro a los medios durante una rueda de prensa virtual, tras ser consultado por las denuncias de varias organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, e insistió en que estas recomendaciones «se acumulan» y permiten adoptar decisiones más fuertes por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tenemos que hacer toda la presión, aumentar toda la relatoría sobre las denuncias, resaltó el diputado. «Hay que ser mucho más concretos en acciones, castigos y responsabilidades (…) Ya los Estados mostraron sus inquietudes en cómo la Oficina, el Consejo y los mandatos pueden ser mucho más efectivos. pareciera que lo que se narra en el Arco Minero todo el mundo lo sabe, pero eso no es así. Que en el Consejo de Derechos Humanos se hable sobre lo que ocurre en el Arco Minero es importante».
Con respecto al informe final de la misión de verificación de hechos, y que debe establecer responsabilidades individuales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el país, el comisionado Pizarro señaló que serán los Estados miembros de la ONU quienes les ayuden a llevar esta información a la Corte Penal Internacional para que engrosen los expedientes que allí se siguen.
Esto es un largo camino para conseguir justicia, comentó Pizarro, «y este esfuerzo que hacemos no es solo por mandato político, sino para que las víctimas puedan conseguir justicia. Esto es un esfuerzo además para cerrar el último reducto de diplomacia del régimen de Maduro y demostrar una y otra que vez que no hay voluntad política de Maduro para respetar y volver a un Estado democrático. Todo pasa por lograr un cambio político y una transición ordenada».
