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PJ recuerda asesinato de Fernando Albán: Se sigue eliminando a los presos políticos



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Fernando Albán
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TalCual | octubre 8, 2025

Primero Justicia señaló que Fernando Albán «fue sometido a torturas brutales» y su muerte «solo pueden describirse como un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado venezolano»


Primero Justicia (PJ) recordó este miércoles el séptimo aniversario del asesinato del exconcejal Fernando Albán, y aseguró que la administración de Nicolás Maduro «sigue eliminando a los presos políticos en Venezuela».

«Desde 2015 a la fecha, 22 opositores han muerto bajo custodia del Estado y en circunstancias similares: todos asesinados por omisión, negligencia, suicidio o tortura directa, lo cual se ha convertido en un patrón repetitivo por parte de quienes se aferran al poder empleando la violencia y el terror», aseguró PJ en una nota de prensa.

Primero Justicia afirmó que la administración Maduro ha «intensificado» prácticas como la «persecución, secuestro y desaparición de opositores y ciudadanos» luego de la elección presidencial de 28 de julio de 2024. Estos hechos, se señaló, «forman parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos».

«Hoy se sigue torturando a los presos políticos. Maduro está dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Ya no le basta con dividir, perseguir, inhabilitar y secuestrar a la oposición política», agregó el partido.

Además de las muertes bajo custodia, PJ también mencionó el caso del teniente Ronald Ojeda, quien fue preso político en Venezuela, logró escapar y fue asesinado en Chile. «El único delito de todos ellos fue pensar distinto o ejercer ciudadanía. El régimen de Maduro ha convertido las cárceles de Venezuela en centros de exterminio».

*Lea también: CEV pide liberar a los presos políticos ante canonización de santos venezolanos

Pérdida de Fernando Albán fue devastadora

El partido reiteró que Fernando Albán, quien regresaba de un viaje cuando fue detenido el 5 de octubre de 2018, fue asesinado «a manos de funcionarios del Sebin». El exconcejal del municipio Libertador (Caracas) fue llevado del aeropuerto internacional de Maiquetía a la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Tres días después, el fiscal general Tarek William Saab informó que Albán se «suicidó».

Al exconcejal se le acusó de estar involucrado en el «caso de los drones», como se denominó al atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 durante una parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional. Primero Justicia señaló que Fernando Albán «fue sometido a torturas brutales» y su muerte «solo pueden describirse como un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado venezolano».

«La pérdida de Fernando fue un golpe devastador para la democracia de Venezuela, pero también es un recordatorio de la necesidad de seguir luchando por la justicia, la libertad y los derechos humanos (…) Solo cuando haya justicia y reparación y se respete el mandato popular del 28 de julio, Venezuela volverá a ser un país digno para todos por igual», puntualizó el partido.

En diciembre de 2021, un detective y un inspector del Sebin fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables, en relación con la muerte de Albán, y fueron condenados a cinco años y 10 meses de prisión.

Sin embargo, en febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena a dos años y ocho meses y los funcionarios quedaron en libertad.

Primero Justicia reiteró que seguirán la vía de «rescatar la justicia en Venezuela, especialmente de los crímenes de lesa humanidad que han cobrado tantas víctimas inocentes. A Fernando Albán, lo recordaremos como lo que fue: un gran venezolano, un gran amigo y un justiciero ejemplar».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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