Plan Billuyo 2000, por Teodoro Petkoff
Bueno, resulta que el contralor Russián no estaba muerto sino que andaba de parranda. Al menos eso es lo que se desprende del informe que ha preparado el organismo contralor sobre la Administración del Plan Bolívar 2000, que dirige el general Rosendo, quien ni siquiera embutido en su tanque podrá tapar lo que la Contraloría ha encontrado. Una copia del informe, que hoy comenzamos a desglosar en la página 13, revela una situación verdaderamente escandalosa. Los guisos con el dinero que ha sido manejado por el Plan Bolívar alcanzan niveles pocas veces vistos en este país, donde en materia de corrupción administrativa tenemos poco de qué sorprendernos. La Contraloría tomó una muestra aleatoria de varias direcciones regionales del Plan Bolívar y encontró forjamiento de facturas, por ejemplo, por más de 1.800 millones de bolívares y sobreprecios superiores al 2.000%. Una práctica habitual, detectada en casi todas partes, es la del «endoso». Los proveedores endosaban cheques, con los cuales supuestamente se les pagaba, a los propios «pagadores» de la dirección regional del Plan Bolívar. Saqueo puro y simple. Los detalles de estos sucios negociados están explicados adentro y la serie continúa mañana.
Sin embargo, esto impone una reflexión rápida. Chávez llegó al gobierno sin mayor idea de qué hacer y ha operado con un alto grado de improvisación, pero su discurso, tanto el 4F como durante la campaña electoral, estaba presidido por un tema fundamental: la moralización de la administración pública. De hecho, era casi su única bandera. Chávez se comprometió ante el país a impedir que los dineros públicos continuaran alimentando fortunas particulares. Dos años después, el volcán ha estallado. Ya no es posible ocultar los desmanes, los desafueros y el despelote administrativo. Ayer fue el Fondo Unico Social, hoy el Plan Bolívar 2000. Dos buques insignia de la «revolución», dos proyectos propios de Chávez, cuya buena intención (de esas que pavimentan el camino al infierno) era la de atender la emergencia social. Esto es lo que hace particularmente repugnantes los delitos cometidos con los dineros de esos proyectos. Es con la plata para pintar escuelas o ambulatorios, con los reales de la comida barata, con el dinero de los multihogares o de los desayunos escolares, con los que una marabunta inescrupulosa y cínica ha hecho fiestas. Hace poco denunciamos que en el Economato del Ejército, en Fuerte Tiuna, fueron vendidos donativos de otros países para los damnificados de Vargas. Es, pues, con los bienes y el dinero destinados a atender a los más humildes de nuestros compatriotas, con los que se han venido haciendo negocios cuya desvergüenza sobrepasa todos los límites.
Con razón en la Fuerza Armada hay tantos oficiales descontentos con lo que está pasando. Cada vez que un militar, activo o retirado, aparece incurso en actos indebidos, es la institución entera la que se siente afrentada. Como vemos, la responsabilidad del presidente está comprometida en la investigación y sanción a los oficiales delincuentes, quienes, a pesar de que el informe de la Contraloría no los menciona por sus nombres, son fácilmente identificables por los cargos que fueron objeto de señalamientos. ¡No más impunidad, Chávez! ¡Basta ya!
