Polesel: Comercios que no se adaptaron al IGTF perdieron hasta un 20% de sus ventas
El panorama del sector comercial apunta al incremento de precios. A la inflación y las dificultades para reponer inventarios resaltadas por Tiziana Polesel, se suman ahora los cambios aplicados por el Gobierno en la política importadora, ya que retiró la exoneración de aranceles a unos 1.262 códigos
El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que grava las operaciones que el consumidor paga en dólares, sigue contemplando un dolor de cabeza para los comercios y los consumidores, incluso a dos meses de su aplicación.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) ya advertía, a inicios de abril, que tras la primera semana de aplicación del IGTF un 75% de los comercios se veían en la incapacidad de cobrarlo.
Los factores que impedían el cobro del impuesto variaban, pero en la gran mayoría de los casos, los comercios no podían reemplazar las máquinas fiscales que tenían para adquirir los equipos aptos para registrar el cobro del impuesto de manera adecuada.
Con costos de aproximadamente $1.800 por máquina y sin contar con crédito bancario, era prácticamente imposible para muchos comercios pequeños cobrar el IGTF, por lo que decidían entre no recibir dólares y aceptarlos sin registrarlo, arriesgándose a sanciones.
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Dos meses más tarde, la situación ha mejorado. Aunque más de la mitad de los comercios del país ya aplican el impuesto, muchas empresas, especialmente del interior, aún tienen dificultades para adaptarse, lo que se traduce en una caída de sus ventas.
La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, afirmó que la adaptación ha variado en función de las regiones, pues hay estados y ciudades en las que un porcentaje minúsculo de los comercios cobran el impuesto, lo que se ha traducido en una caída de entre el 15% y el 20% de las ventas en estos lugares.
«El comercio, si no puede registrar el IGTF, no puede vender en moneda extranjera y eso le dificulta sus ingresos. Quienes no han podido adaptarse, han visto sus ventas bajar. Hay estados en donde se muestra que las ventas cayeron entre un 15% y un 20% de abril a mayo», explicó durante la 52° Asamblea Anual de Consecomercio.
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Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio: Las cosas van mejorar cuando los servicios públicos dejen de ser noticia #Asamblea52deConsecomercio pic.twitter.com/9QLmqWSEoQ
— Consecomercio (@consecomercio) May 27, 2022
Desde que se aprobó la reforma a la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, en febrero, Consecomercio ha insistido a las autoridades gubernamentales sobre la inviabilidad de esta medida. Pidieron aplazar su aplicación para que su entrada en vigencia fuese menos traumática, pero las respuestas fueron infructuosas.
Tras semanas de insistencia, los privados lograron convencer al Gobierno de que otorgara ciertas facilidades para la adquisición de las máquinas fiscales a través de créditos bancarios otorgados mediante el Banco de Venezuela a un plazo de 12 meses. No obstante, tampoco cumplieron a cabalidad con este ofrecimiento.
Una encuesta aplicada por Consecomercio a sus afiliados reveló que tan solo un 6% de los comercios recibieron el crédito bancario. Además, se pagaría en un plazo de seis meses, en lugar de los 12 previamente acordados.
«En reuniones con el Gobierno, nos ofrecieron un financiamiento de 12 meses, que no fue de 12, sino de seis. El banco exige resultados económicos que, tras dos años de pandemia, son imposibles de cumplir», explicó.
Comercio requiere transparencia y créditos
En un balance propiciado por la representante del gremio comercial, se hizo énfasis en las barreras que afronta el sector pese al crecimiento registrado en 2021 y los números positivos en los últimos trimestres.
De acuerdo con Polesel, hay factores claves que deben corregirse para hacer factible una recuperación a un mejor ritmo, pues el crecimiento hasta ahora ha sido tímido.
Entre estos elementos, destacó la opacidad como enemiga mortal del comercio. La ausencia de datos macroeconómicos por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) dificulta que los agentes económicos obtengan los datos necesarios para tomar decisiones y planificarse.
«Necesitamos números para ser más productivos, para planificar, para conocer la verdadera situación del país. Es importante que volvamos a tener estadísticas y data a tiempo porque nosotros no podemos tenerla ni trabajar con eso», exigió.
Resaltó también un grave problema en materia de voracidad fiscal, pues los municipios cobran impuestos cada vez más altos que incrementan los costos operativos de los comercios.
En el último año, Consecomercio ha denunciado incrementos hasta del 2.000% en materia de impuestos, lo que hace que parte del sector no pueda asumir el impacto y se traslade hacia la informalidad, afectando tanto al Estado como a la actividad comercial.
«La voracidad fiscal es uno de los aspectos que más perjudican a los comerciantes, especialmente en los municipios. La informalidad está aumentando porque ser formal es costoso, es difícil. Mientras esto ocurra, no es posible hablar de la reactivación de la economía», advirtió Polesel.
Corregir esta situación puede pasar por el acercamiento entre sector privado y público. Polesel expresó que algunas cámaras regionales lograron resultados positivos mediante el consenso con los alcaldes o gobernadores de sus localidades.
«Ha sido interesante escuchar a las regiones. En los lugares donde las cámaras han logrado sentarse con las autoridades regionales, tanto gobernadores como alcaldes, se han producido cambios, incluso en gobernanzas», destacó.
Por otra parte, la ausencia de créditos se mantiene como una de las principales preocupaciones para el sector. Actualmente amenaza la reposición de inventarios, pues los comerciantes, a falta de financiamiento, se ven incapaces de reponerlos, lo que podría generar escasez e incrementar los precios.
«Hay problemas en algunos sectores motivado a los créditos. Si no tenemos crédito para comprar, no podemos renovar los inventarios, eso genera escasez y subida de algunos productos», insistió.
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El panorama del sector comercial apunta al incremento de precios. A la inflación y las dificultades para reponer inventarios se suman ahora los cambios aplicados por el Gobierno en la política importadora, ya que extendió la exoneración de aranceles de importación, pero a 1.200 códigos arancelarios menos.
A juicio de Consecomercio, pese al impacto en los precios, es una medida acertada, ya que reduce la competencia desleal que se marcaba entre la producción nacional y las importaciones exentas de aranceles e impuestos de importación.
«Definitivamente eso puede perjudicar los precios. Va a producir un aumento en algunos de los productos que ya no tienen esa exoneración, pero acompañamos esa solicitud había una desigualdad de condiciones. Mientras que a un sector se le exoneraba, a los fabricantes nacionales no se les estaba exonerando el pago de aranceles por la importación de insumos necesarios para fabricar», acotó.
Fedecámaras promueve la privatización
La Asamblea Anual de Consecomercio conglomera a distintos sectores del gremio empresarial nacional que interactúan entre ellos para evaluar la situación del sector privado a lo largo del año.
En este sentido, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Carlos Fernández, participó en el evento y expresó la importancia de que las iniciativas privadas cobren un mayor protagonismo en la economía del país.
Uno de los principales obstáculos para la producción nacional, elemental para impulsar la economía del país, es la deficiencia de los servicios públicos, algo que pudiese mejorar en el mediano plazo con un mayor protagonismo del sector privado como un proveedor de servicios.
«Hemos planteado que todos los espacios de la actividad económica estén abiertos a la economía privada. Si se les permite a los privados participar en esos sectores, serían mucho mejores los resultados», razonó.
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A juicio del representante del gremio empresarial más importante del país, el Gobierno ha asomado que está dispuesto a esta posibilidad, y lo demostró al anunciar que un grupo de empresas estatales cotizarían en bolsa entre un 5% y 10% de sus acciones, lo que contempla una clara apertura al sector privado.
«Tenemos que insistir en la apertura privada. Quizás hace un mes eso era anatema, pero el Gobierno respondió con la apertura de la participación privada en algunos sectores. El juego apenas comienza y cada día habrá más espacio para este tipo de propuestas», exclamó.
Es la articulación entre sector público y privado el factor clave que puede impulsar el crecimiento del país. Fernández aboga por este acercamiento, expresado en eventos como el Foro de Diálogo Social o el posible reinicio del diálogo político con la oposición.
«La tenue recuperación tiene que venir acompañada de un mayor esfuerzo y ojalá de políticas públicas que puedan transformar un 5% en un 8% o 10%. Tenemos que tratar de coordinar esfuerzos entre sector público y privado para que el crecimiento sea mayor y no venga vinculado solo al consumo, sino de la mano de una recuperación de la inversión privada y de capital fijo», afirmó.
Con respecto al Foro de Diálogo Social, en donde la participación de Fedecámaras es fundamental como uno de los principales empleadores del país, Fernández destacó que hay pasos certeros en esa dirección, ya que se puso fin a 20 años de alejamiento.
«Hemos conversado con el nuevo ministro quien tiene el compromiso de profundizar y cumplir con todo lo que se conversó en el Foro de Diálogo Social en abril y tenemos la seguridad de que en el próximo encuentro vamos a tener muchos más avances. Ya nos concentraremos en revisar lo que ha pasado en tres meses, no como el primero que nos sentamos a revisar lo que había pasado en 20 años», resaltó.
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