Política migratoria de Colombia hacia venezolanos se estancó durante gobierno de Petro
El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y la caída del financiamiento y cooperación internacional también han debilitado la respuesta que puede ofrecer Colombia a los migrantes y refugiados venezolanos. En un informe, elaborado por Provea y el CDH-UCAB, se lamentó la falta de políticas orientadas a aquellos venezolanos que huyen por persecución política, especialmente luego de las elecciones presidenciales de 2024
La política migratoria de Colombia hacia los inmigrantes y refugiados venezolanos fue desmantelada progresivamente durante el gobierno de Gustavo Petro, al eliminar permisos para esta población. El endurecimiento de las políticas de Estados Unidos y la caída del financiamiento de la cooperación internacional también abonaron a este escenario.
Así se desprende del último informe publicado por Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Ambas organizaciones afirmaron que la administración Petro, que culmina en 2026, no generó una «estrategia integral y duradera» para garantizar la estabilidad y derechos plenos de los venezolanos, la primera población extranjera migrante y refugiada en el vecino país.
Según datos de Provea y el CDH-UCAB, más de 2,8 millones de personas han cruzado la frontera desde 2015 «buscando protección, empleo y condiciones dignas de vida». Sin embargo, desde que Petro asumió el poder en 2022 se eliminó la Gerencia de Fronteras (adscrita a la presidencia) y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que era un paso fundamental para obtener el Permiso de Protección Temporal (PPT).
«Desde entonces, no se han creado mecanismos generales de regularización para quienes han ingresado al país a partir de junio de 2023», señalaron las organizaciones.
Si bien entraron en vigencia otras medidas como el Permiso Especial de Permanencia (PEP Tutor), la autorización de trabajo para solicitantes de refugio portadores del salvoconducto SC-2 y la visa V-Visitante Especial, ambas ONG puntualizaron que no son estrategias duraderas o integrales.
El alcance estas medidas, indicaron, también es limitado, hay requisitos «difíciles de cumplir» y tampoco se realizan campañas informativas suficientes.
Debido a esto, «miles de personas permanecen en un limbo jurídico, sin opciones reales para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo».
Si bien las autoridades judiciales de ese país han emitido sentencias para proteger los derechos de migrantes, como la SU-543 de 2023 que ordenaba al Estado crear una política pública para reducir los tiempos excesivos en la tramitación de solicitudes de refugio, hasta la fecha no hay avances significativos en la implementación de estos mandatos.
Cooperación internacional y migrantes venezolanos
El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y la caída del financiamiento y cooperación internacional también han debilitado la respuesta que puede ofrecer Colombia a la población migrante o refugiada.
Luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos en enero, se anunció la suspensión de fondos para la cooperación y el cierre de Usaid, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional.
Esta medida afectó programas para migrantes y refugiados dedicados a la distribución de alimentos, atención médica básica, apoyo psicosocial y sostenimiento de albergues.
«Se estima que más de 1.000 empleos se perdieron solo en Colombia, y que tres de cada cinco organizaciones que implementaban proyectos humanitarios no tienen hoy cómo continuar sus operaciones», señalaron Provea y el CDH-UCAB.
Asimismo, destacaron que la migración inversa desde Estados Unidos, debido al endurecimiento de las condiciones de ingreso por parte del gobierno de Trump, crearán nuevas presiones a Colombia al ser un país de paso y uno de los principales receptores de personas migrantes en la región.
Según datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 70% de los entrevistados en tránsito inverso expresó que su destino era Venezuela, pero 48% indicó que veía a Colombia como un destino alternativo.
Perseguidos en Colombia
Otro de los puntos expresados en el informe de Provea y el CDH UCAB es la falta de políticas orientadas a aquellos venezolanos que huyen por persecución política, especialmente luego de las elecciones presidenciales de 2024.
«Colombia ha fallado y no las reconoce como personas con necesidad de protección internacional», afirmaron ambas organizaciones.
Aquellos venezolanos que llegan sin pasaporte, por rutas no autorizadas y en situación de emergencia son tratados como migrantes económicos, por lo que les dificulta el acceso a mecanismos de refugio o apoyo institucional en este sentido, se destacó en el informe.
Colombia, además, tampoco habilita «mecanismos diferenciados» que identifiquen y protejan activistas políticos, periodistas o defensores de derechos humanos perseguidos.
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«Esta falla impide brindar protección internacional efectiva y reproduce situaciones de riesgo en el país receptor», señalaron.
Justamente, el lunes 13 se registró un «atentado sicarial» contra el defensor de derechos humanos y activista Lgbti Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche Arteaga en Bogotá. La relatora de la ONU para la Libertad de Asociación, Gina Romero, dijo que Velásquez «había solicitado refugio en Colombia sin respuesta».
Hasta ahora, las autoridades no han podido identificar a los tres involucrados. Tras el hecho armado, el presidente Petro dijo que ampliará la protección a activistas en ese país, pero se ahorró emitir alguna condena sobre el atentado.
Qué recomiendan
Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB emitieron una serie de consideraciones en su informe, no solo dirigidas al Gobierno colombiano, sino que alcanzan a los donantes internacionales.
Entre ellas está la reactivación de la vigencia del PPT a quienes permanecieron fuera del territorio colombiano por encima del plazo estipulado o se encuentran en proceso de migración inversa.
También solicitaron un plan de regularización permanente, «que evolucione desde el ETPV hacia opciones de residencia definitiva para migrantes y refugiados venezolanos con arraigo en Colombia»; se ofrezca mayor información y asistencia en zonas de alta concentración migratoria; o se priorice la inclusión social y el acceso a servicios básicos de los migrantes.
Asimismo, solicitaron a las autoridades colombiana agilizar los procesos para determinar la condición de refugiado y los criterios de priorización por aplicar.
Además, mencionaron otra medida como la diversificación del financiamiento exterior, a través de alianzas con otros países, organismos multilaterales y el sector privado, al igual que mayor apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y humanitarias con asesoría técnica, financiera y estratégica para asegurar la continuidad de servicios sociales, médicos e integración.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
