Por donde se mire, plebiscito convocado por Héctor Rodríguez es inconstitucional
El constitucionalista José Vicente Haro dice que si los organismos del Estado fuesen realmente autónomos ya hubieran actuado para detener lo que tilda como un «fraude a la Constitución», y la primera instancia que debió impedir su realización es el CNE
Oriannys Granados / Roison Figuera
El gobernador del estado Miranda y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Héctor Rodríguez, convocó para el este 1 de diciembre una «consulta popular» con la que busca aprobar la transferencia a las comunas de la entidad de los fondos por aplicación de multas contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana.
Según Rodríguez, esta sería una nueva demostración «del liderazgo del chavismo» y de la fuerza que dicen tener a través del llamado poder comunal, asegurando que esta decisión se pudo haber tomado mediante un decreto. «Sin embargo, no tendría ningún efecto. Por eso decidimos y creemos que es la forma correcta consultarlo a la gente».
El cambio de destino de estos fondos -que hasta el momento estaban asignados básicamente a la policía de Miranda- se decidirá el próximo domingo y dará protagonismo al poder comunal, una figura que no está contemplada en la Constitución venezolana.
Para este día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) liderado hasta ahora por Tibisay Lucena, habilitará 824 centros electorales en toda la entidad, dentro de las 295 comunas conformadas en el estado Miranda.
#ConsultaPopularMiranda 2019 -> ¿Dónde votar? En todos los centros electorales ubicados dentro del espacio geográfico de las Comunas establecidas en la entidad. En total serán habilitados 824 centros. (+información) https://t.co/cIEjgxwdEU pic.twitter.com/zebqNRTRvf
— Gob Miranda (@MirandaGob) November 16, 2019
A través de su página web, la gobernación de Miranda señala que en este plebiscito podrán participar todas «las personas mayores 15 años residentes en territorios comunales».
«Lo que yo te pido y te invito a ti vecino y vecina mirandina, es que este domingo 1 de diciembre vengas a tu centro electoral y participes en la consulta popular, si tu estas de acuerdo o no con transferir la facultad de cobrar, administrar y ejecutar los recursos de la ley de convivencia, esa es la consulta que estamos haciendo. No solamente para aprobar esta transferencia sino para dar un mensaje de que con el pueblo tenemos más fuerza», dijo el gobernador Héctor Rodríguez durante un discurso para promocionar estos comicios.
Una consulta es una oportunidad de participación democrática que todas y todos debemos aprovechar. Si crees en la democracia ven a votar este 01 de diciembre… #ConsultaPopularMiranda pic.twitter.com/3hRmlttHuf
— Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) November 26, 2019
No es lo que te da la gana
Para buena parte de la sociedad civil mirandina y dirigentes opositores la convocatoria carece de legitimidad, es excluyente y los objetivos no están claros.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli reconoce que la consulta popular es una de las formas válidas que tiene el pueblo venezolano para ejercer su soberanía, según lo establecido en el artículo 70 de la Constitución venezolana. “Lo que ocurre es que no se puede consultar lo que te dé la gana ni cómo te dé la gana”, dice.
El experto enfatiza en que cuando no se tienen en cuenta los parámetros legales se puede terminar validando asuntos que quebrantan el ordenamiento jurídico nacional.
“Hay que tener cuidado porque lo que se está sometiendo en este caso a consulta no es un tema de la vida local, como lo pudiera ser algo relacionado con el uso de plazas o parques, sino algo más importante: el manejo del presupuesto del estado”, manifiesta.
Rafalli sostiene que la consulta popular convocada por el gobernador del estado Miranda con el fin de buscar que el pueblo apruebe o no la transferencia de competencias a las comunas, tiene problemas de forma y de fondo.
Según lo expuesto por el también profesor universitario, una de las principales irregularidades que tiene la convocatoria es la amplitud de la base electoral, refiriéndose al hecho de que jóvenes de 15 años de edad podrán participar en la convocatoria.
Sin restarle importancia a la opinión de este sector de la sociedad venezolana, Rafalli cuestiona “cómo unos muchachos que ni siquiera pueden sufragar en elecciones de gobernadores ahora van a decidir sobre el presupuesto y los gastos de un estado”.
A juicio del constitucionalista se debe dar mayor preponderancia al artículo 64 de la Constitución, según el cual son electores los venezolanos que hayan cumplido 18 años de edad y no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
Para el experto en todo caso representan una entidad territorial descentralizada “que no puede estar por encima ni desconocer el municipio”. El abogado no niega la participación de las comunidades en los asuntos del país pero no cree correcto que se realice una consulta con el objetivo de desplazar recursos de las entidades políticas-territoriales naturales, en este caso los municipios a figuras cuya elección no es por medio del voto universal.
Cheque en blanco
Para el también constitucionalista José Vicente Haro la consulta popular convocada por Héctor Rodríguez es un nuevo intento del régimen de Nicolás Maduro de abrir el paraguas del estado popular que ya Venezuela rechazó en el referéndum del 2007.
Y es por esa razón que tilda el evento como un fraude a la Constitución. “Son organizaciones que no existen en la Carta Magna”, y por tanto, afirma que pretender transferir competencias a estas figuras es írrito y con ello se desnaturaliza la distribución político-territorial de la República, que se basa en un estado federal descentralizado e integrado por Municipio y Poder Municipal, Estado y Poder Público Nacional.
Las consultas populares deben cumplir un patrón establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la consulta que se pretende hacer el 1 de diciembre no cumple. José Vicente Haro señala que dentro de las directrices establecidas en la ley se encuentra la presentación al órgano electoral de las propuestas concretas que se desean poner en consulta y en qué consistirá la modificación de esa ley.
Según Haro en la propuesta de Rodríguez no se expone lo antes mencionado y tampoco se especifican las competencias concretas que se quieren atribuir a las comunas. Dice que solo se ha manifestado con una «narrativa muy general lo que se traspasará a estas organizaciones, con un lenguaje ambiguo y engañoso que induce a cometer errores».
«Se pretende que los electores y muchos que no tienen legitimidad para ser electores le den un cheque en blanco a quienes controlan el poder para hacer un ejercicio de creación de un poder popular que no está previsto en la Constitución», agrega.
En un país normal
El abogado dice que si los organismos del Estado fuesen realmente autónomos ya hubieran actuado para detener lo que tilda como un «fraude a la Constitución». Explica que la primera instancia que debió alertar sobre la inconstitucionalidad del evento e impedir su realización es el Poder Electoral.
«Al no haberlo hecho (el Poder Electoral), la otra acción la tenía el Defensor del Pueblo. Recordemos que la defensoría puede, entre otras atribuciones, ejercer las acciones de amparo de intereses colectivos. Eso no lo ha hecho el defensor y es por la misma razón: obedecen al régimen y se abstienen de pronunciarse», agrega.
El constitucionalista tampoco libra de culpas a la Asamblea Nacional (AN) y los diputados que la conforman. Señala que hay una omisión del Parlamento en enfrentar el caso. Considera que desde el organismo ha debido hacerse un pronunciamiento más categórico.
«Creo que la AN ha actuado, pero no solo pueden quedarse en acuerdos y debates», matiza. Al tiempo que expone que el Legislativo tiene la facultad de ejercer control político y llamar a una interpelación.
NO al poder comunal
Dirigentes del partido Primero Justicia se pronunciaron sobre la posibilidad de transferir los fondos generados por las multas en Miranda al poder comunal, y recordaron que en el 2007 los venezolanos dijeron que no a la posibilidad de darle poder a las comunas.
Así lo reiteró Pedro Méndez, secretario del partido aurinegro por el municipio Sucre, quien explicó que lo que plantea el gobernador Héctor Rodríguez es una medida que ya fue rechazada por la ciudadanía.
En el 2007 los venezolanos dijeron un rotundo «NO» a las intenciones del entonces presidente Hugo Chávez de transformar el país en un Estado socialista, para lo que se convocó un referéndum con el objetivo de modificar 69 artículos de la Constitución de 1999, pretendiendo integrar los consejos del poder popular como un mecanismo para la construcción de esta ideología.
Méndez explicó que desde que se decidió de manera arbitraria crear los consejos comunales y otorgarles cierto poder, la oposición intentó ingresar a estos entes en búsqueda de un equilibrio en la participación ciudadana. Sin embargo, esto no fue permitido ni siquiera a través de elecciones, lo que a su juicio demostró que estas instancias solo servirían al partido de gobierno.
Detalló que la intención de Héctor Rodríguez con esta convocatoria es «congraciarse» con las bases que un día lo eligieron, pues a su juicio este ha llevado un mandato bastante «gris».
Por su parte, Juan Carlos Vidal, exconcejal del municipio Sucre por Primero Justicia, indicó que esta consulta es un proceso inconstitucional que pretende hacerse con el dinero de todos para beneficiar a unos pocos, «repartiendo el dinero de manera ilegal a su organización política».
Explicó que con esta iniciativa el dirigente del PSUV solo busca consolidar las bases «del proceso socialista» en la entidad, pasando por encima de las Constitución, la cual no toma como figura representativa a las comunas en ninguno de sus artículos.
Dijo que en PJ creen fielmente en las elecciones como proceso de cambio, de democracia e igualdad, sin embargo, para Vidal unos comicios en Venezuela pasan primero por la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) del cual la ciudadanía tenga plena seguridad que respetará su decisión.
