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Familiares de los asesinados durante las protestas de 2017 en contra de Nicolás crearon la Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic) para exigir justicia, reclamar sus derechos, buscar la verdad e impedir la impunidad y la repetición de estos crímenes. Solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que demuestre el patrón de violaciones de los DDHH a las que han sido sometidos por parte del Estado, la impunidad con la que operan y cómo les han negado la justicia que procuran, a pesar de que hay evidencias de que los órganos represores del Estado asesinaron a más de 100 personas en 2017.
Cinismo con botox
El fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, ofreció otro balance de su administración por el Día Internacional de DDHH, y hasta denunció que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se ha pronunciado sobre las coyunturas de Bolivia, Colombia y Chile, manifestando su preocupación por la represión contra las protestas ciudadanas en esas naciones. Saab no dijo que Nicolás no aplicó ninguno de los consejos de Bachelet, ni que la violación a los DDHH se mantiene en Venezuela. Saab habló del uso desproporcionado de la fuerza represiva, del terrorismo de Estado, de la cantidad de personas heridas durante las manifestaciones, pero solo para enfatizar que en otras partes ha habido peores estadísticas que acá, por lo que prometió mantenerse atento al contenido de la actualización del informe sobre Venezuela de Bachelet, porque según él, ha logrado cifras récord de imputaciones a violadores de DDHH.
Contra el Arco Minero
Este martes los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo para conmemorar la declaración universal de los derechos humanos e instar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a iniciar el proceso formal contra Nicolás y otras personas de su gobierno por crímenes de lesa humanidad. El Parlamento condenó la declaración de nulidad del TSJ sobre la designación de los representantes ante el CNU, por ser violatoria de la Constitución. También aprobaron un acuerdo donde declaran nulas las actuaciones de Reinaldo Muñoz como procurador general de la República. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la creación de una comisión para investigar la minería ilegal que se realiza en el Arco Minero del Orinoco y denunciar el ecocidio que se deriva de estas actividades. La AN aprobó ratificar la invitación a la CIDH para que visite Venezuela.
¿Qué más pasó en la Asamblea Nacional?
– Ismael León denunció la ejecución de la «Operación Alacrán», con la que quieren comprar a parlamentarios para que el 5 de enero voten en contra de la reelección de Guaidó.
– Adolfo Superlano denunció que: los integrantes de la comisión que investiga las denuncias de ArmandoInfo no son imparciales; ha sido perseguido y criminalizado; ha recibido amenazas de muerte; y además aseguró que Armando.info está vinculado a Guaidó.
– Luis Parra negó estar involucrado en la «Operación Alacrán», y aseguró que las acusaciones contra los diputados que integran la comisión de Contraloría carecen de pruebas.
– José Brito, no sabemos si como clarividente, dijo que en el Parlamento surgirá una nueva fuerza “para hablarle claro al país” y enfrentar a Nicolás; por supuesto que también desestimó las acusaciones por presuntos actos de corrupción.
– El representante del Psuv, Francisco Torrealba, aseguró que se investigará a las personas que estén involucradas en hechos de corrupción «sea del gobierno o sea de la oposición». Tal vez está preparando su guión de stand up comedy.
El no país
– Desde julio de 2016 y hasta noviembre de 2019, el brote de difteria ha causado al menos 291 muertes en Venezuela, 20 de ellas este año, según el más reciente boletín de la Organización Panamericana de la Salud. Somos el país de Latinoamérica con más casos de esta enfermedad prevenible por vacuna.
– Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, aseguró que las sanciones al régimen «han sido tan dañinas como fueron las expropiaciones de 2007-2008», por todas las restricciones que los empresarios venezolanos están padeciendo.
– El régimen de Nicolás anunció un bono a través del carnet de la patria: «Navidades felices» por 100.000 bolívares.
Movimientos en el tablero
– El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que su país reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela: «Cuanto más permanezca Nicolás Maduro en el poder, más profunda será la miseria de los venezolanos», explicó el estadounidense en la rueda de prensa posterior a la reunión entre ambos en Washington.
– Lo propio hizo el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien reiteró que Guaidó tiene todo su apoyo: “Estamos con él como líder de la lucha del pueblo venezolano”.
– El canciller de Nicolás, Jorge Arreaza, habló en la Conferencia del Cambio Climático que se celebra en Madrid, pero lastimosamente olvidó contarles sobre el Arco Minero. Además se reunió con su homólogo palestino, Riad al-Maliki.
El regreso del peronismo
El día de la investidura del presidente Alberto Fernández, Elisa Trotta, representante en Argentina de Juan Guaidó, se reunió con el subsecretario del Departamento de Estado Michael Kozak, y con el asesor Mauricio Claver-Carone. Los diplomáticos le reiteraron su compromiso con Venezuela. Pero el nuevo Gobierno de Argentina se tomó la foto con Jorge Rodríguez, quien asistió a la toma de posesión de Fernández en representación de Nicolás. «Si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a la senda sin dudarlo un sólo instante», leyó el nuevo Presidente. Pero lo leyó bajo la mirada de su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió el cargo con diez causas judiciales abiertas en su contra por presunta corrupción, cinco con pedido de prisión preventiva.
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Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos en conmemoración a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero más de 100 estados y territorios siguen violando la prohibición de la tortura, negando la libertad de expresión y religión, o la igualdad de derechos para hombres y mujeres, según reporta Human Rights Watch.
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