«Por órdenes del fiscal»: MP se negó a recibir denuncias de familias de presos políticos
A los integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos les dijeron que el escrito fue rechazado porque «no cumplía con sus lineamientos». Antes del inicio de la protesta, algunos activistas fueron llamados por fiscales de derechos fundamentales que, entre otras cosas, les dijeron que ya estaban «fastidiosos» con las protestas frente a la sede del organismo
Familiares de presos políticos protestaron este lunes 28 para exigir al Ministerio Público respuesta a las comunicaciones que han enviado al organismo, solicitando la libertad de todos los detenidos, revisión de expedientes, condiciones dignas de reclusión y que se establezca una mesa de diálogo entre los afectados y las autoridades.
Luego de dos horas de espera dentro de la sede del MP, al centro de Caracas, los funcionarios se negaron a recibir el documento elaborado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
«El fiscal general de la República da órdenes de que no nos reciban un documento que denuncia las graves violaciones a los derechos humanos de los presos políticos y sus familias», denunció Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel y representante del Comité.
El documento, explicó Baduel durante una protesta, contenía una actualización sobre las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos y sus familias, exigencias sobre el respeto al debido proceso, que se permita la designación de abogados de confianza, se respeten la visitas familiares, y se garantice el acceso a agua potable, alimentos y atención médica.
A los integrantes del Comité les dijeron que el escrito fue rechazado porque «no cumplía con sus lineamientos». Antes del inicio de la protesta, algunos activistas fueron llamados por fiscales de derechos fundamentales que, entre otras cosas, les dijeron que ya estaban «fastidiosos» con las protestas frente a la sede del organismo.
Baduel, a nombre del Comité, hizo responsable «al régimen de cualquier cosa que le pueda pasar a los presos políticos y las familias».
«No vamos a callar porque estamos convencidos que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido. Reiteramos que el Ministerio Público está en el deber de investigar las denuncias por escrito y comunicacionalmente, y hasta la fecha eso no ha ocurrido», señaló Baduel.
🚨 ATENCIÓN | Desde la sede del Ministerio Público (@MinpublicoVEN), en Parque Carabobo, denunciamos ante el país y el mundo que el Fiscal General de #Venezuela se negó a recibir la denuncia formal que intentamos consignar hoy, #28Abr, ante esta máxima institución del Estado… pic.twitter.com/Vj8ZcS1IOm
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) April 28, 2025
Nueva ruta por presos políticos
Sairam Rivas, pareja de Jesús Armas y representante del Comité por la Libertad de Presos Políticos, destacó que tras dos meses de la llamada «Ruta por la Libertad», donde recorrieron las sedes de varios organismos públicos, «solo hemos recibido mayores amenazas a los familiares y suspensiones a otros de visitas como forma de retaliación».
Debido a la falta de respuestas de instituciones nacionales, el Comité anunció que entre el 5 y el 9 de mayo iniciarán una nueva «Ruta por la libertad». Los familiares de presos políticos visitarán las sedes de embajadas como Colombia, Brasil, Japón, México y la Unión Europea, para solicitar a sus autoridades que gestionen las liberaciones ante Nicolás Maduro.
En la actividad, al centro de Caracas, participaron familiares de detenidos en el Sebin Helicoide, las cárceles de El Rodeo I, Tocorón y el INOF Los Teques. Además de consignas, recorrieron una parte de Parque Carabobo para visibilizar casos como del adolescente Jonathan Bravo Palencia, de 17 años, quien se encuentra detenido desde el 9 de enero por supuesto terrorismo e incitación al odio.
Francis Palencia, madre de Jonathan, denunció que la salud del joven –que padece de un trastorno de hiperactividad– ha empeorado en estos tres meses. Actualmente padece de crisis de ansiedad y un absceso en una de sus axilas que no ha sido tratado de forma adecuada.
Hasta la fecha al joven se le han hecho cuatro audiencias de un juicio, donde los fiscales acusadores piden la pena máxima de 10 años de prisión. Pero hasta la fecha no han presentado pruebas que vinculen al adolescente con el supuesto plan para atentar contra el gobernador de Falcón, Víctor Clark. A Palencia le dijeron que el 8 de mayo tiene una nueva audiencia donde se espera la evacuación de pruebas.
A diferencia del caso del adolescente, los juicios de algunos adultos detenidos por la represión poselectoral no han avanzado. Tal es el caso de cuatro hombres oriundos de Barinas, detenidos el 29 de julio de 2024.
Érika Guerrero, madre de Alexzey Cáceres, fue detenido en la avenida Carabobo cuando entregaba unos exámenes de laboratorio en una clínica. Un mes más tarde fue enviado a la cárcel de Tocorón. Los fiscales del Ministerio Público lo acusaron de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
En septiembre se hizo la audiencia preliminar, donde el juez ordenó su pase a juicio, pero aún no se ha fijado la fecha de inicio.
«No tienen pruebas, pero estamos en esta espera (…) Nos han dicho que ellos van a salir, pero la pregunta mágica es cuándo. Pedimos ayuda a los entes gubernamentales y que liberen a nuestros hijos porque esos muchachitos se están enfermando de la mente. Es preocupante», señaló Guerrero.
Yuleidi Giménez es madre de Jordan Leonardo Moreno, otro de los jóvenes detenidos en Barinas y que permanecen recluidos en la cárcel de Tocorón. «Lo puedo visitar cada 15 días pero la paquetería es restringida, todo es limitado allá. Solo podemos entregar un paquete de galletas y un chocolate. Solo varía que en algunas visitas permiten ingresar pan o no».
Señaló que en las últimas visitas ya los defensores públicos no dan respuesta y se eximen de responsabilidad. «Ya nos pelotean, nos dicen que vayamos al Ministerio Público, para allá o acá, pero no nos dan respuestas. Se quieren lavar las manos y decir que no les compete. Mañana cumplen nueve meses de haber sido detenidos arbitrariamente».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
