¿Por qué Chile rechazó el borrador de una nueva Constitución?
Un acuerdo parlamentario al que se llegó en 2019 tras las revueltas sociales contemplaba que en caso de ganar el rechazo en el plebiscito de salida seguiría vigente la Constitución actual. Sin embargo hay un consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso respecto a que, dado que en el primer referendo los chilenos pidieron un nuevo texto, es necesario dárselo, pero, de nuevo, distinto al que se acaba de regresar
En Chile, en el referendo realizado el 4 de septiembre, solo el 38% de los electores apoyó el borrador de una Constitución, elaborado tras un año de arduo trabajo de la convención constituyente, que estaba ampliamente respaldada por el presidente Gabriel Boric. Pero, si el 68% de la ciudadanía chilena quiere un cambio constitucional, pues la actual Carta Magna tiene el estigma de haber nacido durante la dictadura de Augusto Pinochet —aunque con más de 150 reformas hechas en los 30 años del período democrático chileno— ¿por qué en las urnas el 62% de ella mostró su rechazo a la propuesta de un nuevo texto?
Para el analista político Miguel Martínez Meucci, se debe, entre otras cosas, a que dentro de ese proyecto había articulados que amenazaban con afectar los contrapesos que debe tener una democracia moderna, al plantear un rompimiento del Estado de derecho con la creación de un sistema jurídico paralelo para los pueblos indígenas —es decir, uno distinto al que rige la administración de justicia nacional— y la eliminación del Senado.
«Al eliminarse el Parlamento, el tipo de gobierno que querían procurar era uno de mayoría simple parlamentaria en el que, en una elección, la mitad más uno pudiese tener carta blanca para hacer cambios de toda índole, incluso en la redacción de la Constitución, lo que abriría la puerta a una inestabilidad política importante», comentó en entrevista con TalCual, para Crónicas Crónicas, el también profesor adjunto de Estudios Políticos en la Universidad Austral de Chile.
En ese sentido, señaló que en el borrador constitucional se profundizaba, «de forma anárquica», la descentralización en Chile, que históricamente ha sido un país con estructuras muy centralizadas. Ello supondría la generación de una cantidad de competencias a nivel de provincias y regiones respeecto al gasto público muy difíciles de administrar. Entonces, por la falta de experiencia de las instituciones chilenas en esta línea, aprobarla, habría sido «un salto al vacío» desde el punto de vista presupuestario.
Para el 11 de septiembre del 2023 —cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado al expresidente Salvador Allende, el cual causó derramamiento de sangre y marcó el inicio de la dictadura cívico militar de Pinochet— se espera que ya el nuevo proceso constituyente esté avanzado y convoque a un plebiscito de salida de un nuevo texto constitucional que cerraría un ciclo. Martínez Meucci cree que tal cierre estará marcado por el mandato popular, que le dice no a la izquierda más extrema y sí a la más moderada, y por consensos nacionales.
«Se juntará una izquierda que nunca ha renunciado a un cambio de la Constitución con las expectativas no satisfechas de una parte muy importante del país (…) porque, a pesar de que la economía chilena creció a muy buen ritmo a principios del siglo XXI , en los últimos años ha registrado una desaceleración. Varios grupos han prosperado mucho pero enfrentan altos pagos de hipotecas y buena parte del sistema universitario es privado, bastante caro para el común de las familias en Chile. Las nuevas clases medias que se han visto perjudicadas con esto», explicó.
El también experto en Conflicto Político y Procesos de Pacificación recordó que fue ese descontento el que produjo el estallido social de 2019 que, a su vez, llevó a que se acordara una hoja de ruta para una reforma a la Constitución con miembros de una convención constituyente que, en 60% respondía a fuerzas de izquierda y en 20% a los factores de centro derecha.
Por otro lado, indicó que ese panorama socioeconómico en el país austral provocó que los ciudadanos comenzaran a dudar no solamente de la capacidad del nuevo gobierno sino del mismo proceso constituyente, debido a que la figura del mandatario Boric se vio atada al mismo. Centrar su gestión en ello fue una gran equivocación, consideró el politólogo.
«Algunos errores de imagen y actitudes extremistas de parte de quienes redactaron la nueva constitución tampoco fueron agradando y vimos cómo en los últimos tres meses la gente que estaba por la fila de rechazar el nuevo texto iba siendo más que la de la línea de aprobarlo. El último mes todas las encuestas le daban entre u 5 y 10% de ventaja al rechazo. Lo que ha sido una enorme sorpresa es que los resultados oficiales hayan consolidado una brecha de 24%, de un 62% a un 40% por parte del apruebo. Las encuestas tampoco registraron la voluntad de muchas personas que no dijeron nada porque sentían recelo y eso se ve en las urnas», sentenció.
Para resarcir el daño, Boric, quien parece darle un nuevo respiro a la izquierda democrática latinoamericana, ya ha tomado medidas importantes dentro de su gabinete. En el mensaje que dio el mismo domingo 4 de septiembre, cuando se realizaron las elecciones en las que hubo una participación histórica de 13 millones de personas, hizo ver que tanto el gobierno como miembros de la convención constituyente habían pecado en excesos en la propuesta de Carta Maga y que la próxima debía ser debatida de forma más consensuada y con mayor inclusión de grupos políticos.
Esta mañana junto al Presidente del Senado @alvaroelizalde y de la Cámara @Raul_Soto1, sostuvimos reunión para delinear el camino que nos permita avanzar hacia un nuevo proceso constituyente a la brevedad. pic.twitter.com/0uajFpKHdG
— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 5, 2022
«La falta de experiencia de sus ministros produjo una mala imagen, pero, en general, está habiendo un cambio de gabinete, un signo de rectificación y de ir un poco más al centro, para no estar tan a la izquierda», añadió Martínez Meucci.
A pesar de que el acuerdo parlamentario de 2019 contemplaba que en caso de ganar el rechazo en el plebiscito de salida seguiría vigente la Constitución actual, hay un consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso respecto a que, dado que en el primer referendo los chilenos pidieron un nuevo texto, es necesario dárselo, pero, de nuevo, distinto al que se acaba de regresar.
Por ahora los factores involucrados están tratando de acordar la vía para elaborar la nueva constitución. Nombrar otra convención constitucional con composición paritaria sigue siendo la primera opción sobre el tapete.
