¿Por qué fracasan las desescaladas en América Latina?, por Marino J. González R.
Ocho países de América Latina (Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá y Perú), iniciaron desescaladas de las medidas para control de la pandemia y han terminado con aumentos en el número de casos diarios. Estos aumentos de casos varían entre dos y seis veces (Costa Rica) con respecto al número que existía al momento de las medidas de desescalada. Es relevante identificar las razones que llevan a los gobiernos de los países a tomar medidas que claramente contradicen las mejores prácticas. Especialmente porque en la gran mayoría de los países de la región todavía no hay control de la pandemia.
Y porque existen otros países que han seguido estas malas prácticas en los últimos días. Debe señalarse, por otra parte, que dos países (Uruguay y Paraguay) están procediendo exitosamente hasta la fecha en la desescalada.
Lo anterior significa que las fallas en la desescalada no son fortuitas, circunstanciales. No, las desescaladas exitosas son el resultado de políticas realizadas adecuadamente, con conocimiento de la experiencia de otros países, y con las debidas capacidades institucionales. Examinemos los fracasos.
La primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para iniciar la desescalada (reducción progresiva de las restricciones ejecutadas para aumentar el distanciamiento social), en que la pandemia haya sido controlada. Tan sencillo como eso.
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Y para saber si en un país existe control, la OMS recomienda realizar el seguimiento a través del número de reproducción, también conocido como RO. Este número indica el número de personas que son contagiadas a partir de un caso diagnosticado. Si es mayor de 1, la epidemia está en auge. Si el número es menor de 1, la epidemia está en vía de control. Para establecer el control, la OMS señala que RO debe ser menor a 1 por un mínimo de 14 días seguidos.
Todos los países que fracasaron en la desescalada contravinieron el criterio anterior. En cuatro de estos países (Bolivia, Brasil, México y Perú), según la información del sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta el 10 de junio, el RO ha sido superior a 1 en toda la pandemia. En Costa Rica y República Dominicana las medidas de desescalada fueron tomadas cuando RO estaba aumentando. Y en Ecuador y Panamá, se procedió a la desescalada cuando no habían transcurrido los 14 días requeridos. Los resultados se reflejaron en el aumento de casos y muertes en las semanas subsiguientes. Hasta el punto que estos países (con la excepción de Brasil y Ecuador) registraron en los últimos días el mayor número de casos en la pandemia.
La respuesta más directa a la pregunta de las causas del fracaso, sería entonces que los gobiernos no siguieron el criterio señalado. Pero esta respuesta sería incompleta. Se deben examinar los antecedentes. Todos los países de América Latina han aplicado medidas de alta rigurosidad para el control de la pandemia. Comparados con Corea del Sur, que alcanzó un Índice máximo de Rigurosidad de Políticas (IRP) de 55/100 en la fase de control, todos los países han tenido índices mayores. Uruguay tiene el IRP menos distante que el de Corea del Sur (72).
Estos valores tan altos del IRP indican que los sistemas de salud de la región tuvieron que acudir a medidas de mayor rigurosidad porque tenían limitaciones para realizar la ejecución gradual, tal como lo hizo Corea del Sur. Es decir, las limitaciones para modular políticas terminaron imponiendo medidas más rigurosas. En Corea del Sur no solo contaban con mecanismos institucionales más sofisticados, también asumieron que evitar las medidas más rigurosas es un objetivo de las políticas, por cuanto de esta forma se impiden los impactos negativos en los ámbitos productivos y sociales.
Que las medidas hayan sido tan rigurosas desde el inicio, ocasiona también una gran restricción, por las características del mercado laboral de la gran mayoría de los países de América Latina. Esto se manifiesta en las grandes dificultades para que la población permanezca en sus viviendas cuando su fuente de ingreso deriva justamente de trabajar en condiciones de informalidad.
Y para agravar, con la excepción de Honduras, todos los países de la región aprobaron mecanismos de compensación del ingreso por debajo del 50% promedio del salario. En esas condiciones, es bastante obvio que el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social era muy bajo.
Es por ello que la gran mayoría de los países ha terminado con medidas nominalmente rigurosas, pero no cumplidas en la práctica. El problema es que, al iniciar la desescalada, disminuye aún más la posibilidad de control de los casos. Con el agravante de que los requerimientos institucionales necesarios para “escalar” gradualmente, tampoco se tienen en la desescalada. Esto influye en la imposibilidad de realizar la segmentación local, es decir, que puedan existir zonas de mayor grado de “desescalada” que otras. Por supuesto, el manejo de estos escenarios, en términos de la información requerida y de los equipos técnicos es también mucho mayor.
Las restricciones institucionales de partida que tienen los sistemas de salud de la región están condicionando las políticas en el cuarto mes de la pandemia. Lo que a Corea del Sur y Uruguay le ha llevado 50 días, en la gran mayoría de los países puede llegar al triple de esa cifra. Tales restricciones están vinculadas fundamentalmente con el financiamiento y la organización de los sistemas de salud, así como con las capacidades específicas para enfrentar epidemias y controlar enfermedades infecciosas.
Es por ello que las dificultades del control son expresiones de esas restricciones de partida. Tal parece, entonces, que enfrentar la pandemia continuará siendo un proceso errático, expresión lamentable de las limitaciones en las políticas de salud de la región.
El impacto en número de personas enfermas, fallecidas, secuelas, y en el sufrimiento de millones de familias, es en el fondo manifestación de la terrible brecha de políticas públicas que confronta América Latina.
