¿Por qué Uruguay ha enfrentado mejor la pandemia?, por Marino J. González R
América Latina ha sido afectada severamente por la pandemia. Siete países (Chile, Perú, Brasil, Ecuador, México, Panamá, y Bolivia) se encuentran en estos momentos entre los veinte con mayor mortalidad por covid-19 en el mundo. Las perspectivas, de continuar la ausencia de control, es que se llegue a un millón de muertes en la región en los próximos meses.
Actualmente, solo dos países (Uruguay y Cuba) presentan indicadores compatibles con el éxito de las políticas de control. Mientras la tasa de mortalidad por covid-19 en Chile o Perú es 80 o 90 veces la de Corea del Sur, en Uruguay y Cuba es poco menos del doble. Sin embargo, Uruguay aplicó medidas menos rigurosas, hasta el punto que es el país de la región con la menor medición del Índice de Rigurosidad de Políticas (IRP) en todo el período de la pandemia (72 sobre un máximo de 100).
Las medidas de control puestas en vigor por Uruguay ilustran las restricciones que tienen la gran mayoría de los países de América Latina en el diseño e implementación de las políticas de salud. Estas restricciones constituyen la esencia de la brecha institucional que debe ser considerada, no solamente en las tareas pendientes para el control de la pandemia, sino para las próximas etapas.
Antes de la aparición de la pandemia, Uruguay contaba con dos rasgos diferenciadores de la gran mayoría de los países de América Latina. El primero de ellos es el predominio del financiamiento público del sistema de salud. Es por ello que Uruguay (junto con Cuba, Argentina y Colombia) son los países con menor gasto de bolsillo, en niveles comparables con los países líderes en este aspecto a escala global. Esto significa que el nivel de protección financiera de la población de Uruguay es también uno de los mejores. En otras palabras, que los efectos de las contingencias de salud afectan menos las condiciones de bienestar de la población.
El segundo rasgo es que la carga de enfermedad por enfermedades infecciosas en Uruguay es una de las más bajas (solo superada por las de Cuba y Chile).
En consecuencia, se puede inferir que la cobertura de servicios de salud para la población es también una de las más altas de la región.
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La declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a principios de año, implicaba, como estrategia general, realizar las acciones de control que permitieran que los efectos fueran los menores, en términos de las personas contagiadas y del número de muertes. También la estrategia suponía que tales medidas debían tener el menor impacto negativo en las actividades de la sociedad. Se trataba, entonces, de obtener el mayor beneficio con la menor alteración del funcionamiento normal del país.
De acuerdo con el seguimiento de políticas realizado por la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, Uruguay no tomó ninguna de medida de control hasta el 13 de marzo, lo cual fue una práctica diferente a la realizada por otros países de la región.
Las primeras medidas (13 de marzo) consistieron en la cancelación terminante de los eventos públicos, la recomendación para quedarse en las casas y evitar los viajes entre regiones, y la obligación de cuarentena para las personas que ingresaran al país provenientes de zonas de alto riesgo. Al día siguiente se ordenó el cierre de todas las instituciones educativas y se iniciaron las campañas de información a la población. De manera que cuando se reporta el primer caso de covid-19 (15 de marzo), el Índice de Rigurosidad de Políticas (IRP) se encontraba en 48.
Al reportarse el primer caso, se aumenta el IRP a 52 al recomendarse el cierre de empresas y el tele-trabajo. Al día siguiente se prohíbe el ingreso de personas provenientes de países de riesgo (el IRP se coloca en 55). Una semana después se cierran las fronteras, con lo cual el IRP asciende a 57. Dos días después se reducen las opciones de transporte público con lo cual el IRP llega a 63. Ante el aumento de los casos, se impide la movilización interna, con lo cual el IRP aumenta a 69. El punto máximo de casos se alcanza el 31 de marzo, lo cual obliga a elevar el nivel de confinamiento (solo se permiten salidas para actividades esenciales). De esta manera se alcanza el máximo IRP (72).
Este nivel máximo de IRP fue mantenido solamente por 11 días (entre el 2 y 12 de abril). El punto máximo de casos diarios en Uruguay representó la mitad (en términos de la población) que el de Corea del Sur. Al empezar a disminuir los casos diarios el 6 de abril, se inicia la desescalada el 13 de abril (el IRP se redujo a 61, por la reducción del nivel de confinamiento, esto es, nuevamente con la recomendación de no salir de casa). El IRP se mantuvo en 61 hasta el 31 de mayo cuando disminuyó nuevamente al iniciar la reapertura de escuelas. El IRP de Uruguay se mantenía en 41 el 9 de julio (última medición reportada). El 18 de julio se registró un número de casos diarios equivalente al 80% de los casos del punto máximo del 31 de marzo.
El caso de Uruguay ilustra que las medidas de control requieren condiciones de base (protección financiera y cobertura de servicios), pero también flexibilidad para la implementación de la secuencia de políticas de control.
La combinación de políticas desarrollada por Uruguay es parecida a la puesta en marcha por Corea del Sur, aunque en este último país el IRP máximo tuvo un valor menor en la etapa de control.
La comparación con la gran mayoría de los países de América Latina, indica que en muchos de ellos las medidas de control comenzaron en un nivel de alta rigurosidad y no pudieron ser incrementadas secuencialmente. Ambos aspectos son demostraciones de las restricciones de los sistemas de política públicas (porque no es solamente el sistema de salud), para manejar información detallada y diseñar medidas atinadas en el control. Restricciones que se han podido agravar mucho más en el transcurso de la pandemia.
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