Posible reelección de Guaidó va golpeada por escándalo en Contraloría
La trama de corrupción en la que presuntamente estaría vinculado un grupo de diputados de la oposición mantiene a la Asamblea Nacional en emergencia y afecta las conversaciones sobre la conformación de la directiva parlamentaria que debe instalarse el 5 de enero de 2020
Autor: Sofía Nederr | Luisa Quintero
El 5 de enero de 2020 se marca un nuevo hito dentro de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, en manos opositoras desde 2016. El día de la instalación, como dicta la Constitución, los parlamentarios del bloque de la Unidad deberán decidir si ratifican en el cargo de presidencia a Juan Guaidó o le dan paso a un nuevo liderazgo.
Las recientes irregularidades que vinculan a ocho miembros de la Comisión de Contraloría con presuntos actos de corrupción, la falta de atención a algunos reclamos de las minorías y la permanencia de Nicolás Maduro en el poder -pese a haber prometido los primeros meses de 2019 un cambio político rápido- le juegan en contra al diputado de Voluntad Popular, a la postre convertido en mandatario interino.
La gestión de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional empezó con audacia política, al declarar un vacío de poder y usurpación de la Presidencia de la República por parte de Maduro luego del 10 de enero. Ese vacío, debido al no reconocimiento por parte del parlamento venezolano y parte de la comunidad internacional del proceso comicial de mayo de 2018, llevó a la Asamblea Nacional a redactar un Estatuto para la Transición, documento que ha marcado acciones legales como el nombrar juntas directivas ad hoc para Pdvsa, Citgo o Pequiven.
Todo el apoyo hacia Guaidó, aunque no irrestricto, se diluyó un poco luego de la sublevación de un grupo de militares contra el régimen de Nicolás Maduro el 30 de abril, cuestión que fue apoyada por el mandatario interino.
Ahora, la trama de corrupción en la que presuntamente estaría vinculado un grupo de diputados de la oposición mantiene a la Asamblea Nacional en emergencia y afecta las conversaciones sobre la conformación de la directiva parlamentaria que debe instalarse el 5 de enero de 2020. El Poder Legislativo está apremiado por mitigar las fisuras internas antes de decidir si ratifica a Juan Guaidó y el resto de la junta directiva actual, o solo se deciden por él y respetan lo que resta del acuerdo.
¿Qué se acordó?
A finales de diciembre de 2015, luego de que el Consejo Nacional Electoral ratificara que la extinta Mesa de la Unidad Democrática había obtenido la mayoría en el parlamento venezolano, los partidos que la componían en ese entonces (más de 14) negociaron los puestos de presidencia, primera y segunda vicepresidencia, secretaría y la jefatura de fracción.
Los acuerdos se han cumplido a cabalidad, pero la situación política ha llevado a algunas organizaciones políticas a replantearse la gobernabilidad de la AN para 2020. En este periodo le corresponde a las minorías elegir la presidencia, mientras que la primera vicepresidencia debe ser escogida por Primero Justicia (PJ), la segunda vicepresidencia corresponde a Voluntad Popular (VP) y la secretaría queda en manos de Un Nuevo Tiempo (UNT).
Luego del respaldo de más de 50 países a la gesta de Guaidó por el cese de la usurpación, hasta hace unos meses, se daba por sentado su reelección. A principios de septiembre, 17 partidos nacionales y regionales, algunos sin representación parlamentaria, apoyaron mediante un documento público que Juan Guaidó extienda su mandato en 2020 como presidente de la AN, y por tanto, siga ostentando el cargo de mandatario encargado del país.
Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela – Carabobo) dijo en ese entonces que el respaldo de estas organizaciones políticas, que reúnen a 32 diputados entre principales y suplentes, será «hasta que cese la usurpación»; por tanto, se adelantan al escenario en que Nicolás Maduro siga ostentado la Presidencia de la República el año que viene.
Con este acuerdo también se da progresividad a la Ley del Estatuto que rige la transición democrática, que establece que el mandato de un Gobierno provisional recae en el presidente de la Asamblea Nacional (artículo 14) hasta tanto haya elecciones libres con mejores condiciones.
Diputados consultados por TalCual insisten en asegurar que, por ahora, no hay ninguna negociación sobre la próxima directiva del Parlamento, que arribó a cuatro años en manos opositoras en medio de la cadena de obstáculos impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.
El panorama es adverso y llueven los cuestionamientos hacia una gestión que no ha logrado la oferta de cambio político, pero sí acumula denuncias por supuestos ilícitos. Y aunque, hasta ahora, no hay comprobación de vicios en el caso de los diputados, ronda el espíritu de la sospecha.
“Las conversaciones sobre la directiva del año 2020 están en cero. Era casi un acuerdo dejar a Guaidó. Pero, formalmente, no sé cuál sea el criterio actual”, asevera un diputado de Acción Democrática (AD).
El parlamentario asegura que la trama de la compra de diputados se entretejió en el camino al 5 de enero, todo aderezado por las recurrentes amenazas del Gobierno de adelantar los comicios legislativos. “Todo esto es para entorpecer el cinco de enero, y además está asociado a las diferencias expresadas por algunos diputados”, añade.
Edgar Zambrano, actual primer vicepresidente de la AN, menciona que no han discutido de manera formal su permanencia o la de Stalin González (segunda vicepresidente) en sus cargos, y prefiere dejar la discusión para enero. Estos dos parlamentarios, junto a Marialbert Barrios, están trabajando en la comisión especial para intervenir la Comisión permanente de Contraloría.
Otros diputados sostuvieron que no hay apertura al diálogo, pero crecen las diferencias dentro de la llamada oposición mayoritaria. Además, aumentan las dudas sobre el funcionamiento de la Comisión de Contraloría y la forma cómo se procesaron las investigaciones e informes sobre casos de corrupción, muchos de los cuales presumen se hicieron fuera de la AN y sin la participación del personal técnico de la instancia legislativa.
“Tradicionalmente, a lo interno, los miembros de la Comisión de Contraloría también se controlaban entre sí. Ahora no sé sabe qué pasó y cuándo se desvió el camino”, señala una diputada.
Los resquemores
En la fracción parlamentaria 16 de julio guardan el resquemor por el hecho de que el presidente de la AN, Juan Guaidó, no los recibió como colectivo en todo el año 2019, pese a las constantes solicitudes tanto en la Cámara como en privado. Aunque reconocen que el dirigente recibió a particularidades como María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, y al diputado Omar González, se asumen como “una fracción segregada”.
Uno de los diputados de la 16 de julio puntualiza: “Jamás hubo un trato institucional hacia una bancada que trabaja de forma persistente por el país y ha sido combativa en la búsqueda de la transición”.
José Luis Pirela (Vente Venezuela – Zulia), mencionado dentro de la investigación del portal Armando.Info de haber acompañado un viaje para denunciar a presuntos empresarios corruptos en Europa, dijo públicamente que la fracción 16 de julio no ha discutido todavía su votación para la presidencia de la AN en 2020.
El parlamentario destacó que posiblemente la posición sobre la reelección de Guaidó se conozca el 4 de enero de 2020 o poco antes de la sesión de instalación del nuevo año legislativo.
Otros de los puntos que juegan en contra de Guaidó para obtener los votos de la fracción 16 de julio está el hecho de no haber utilizado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para lograr una intervención armada en el país y tampoco haber activado el artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana, que habla sobre misiones militares extranjeras en el país.
Aunque pocos lo han confirmado, hace meses un grupo de diputados –según algunas cuentas serían 70- envió a Juan Guaidó una carta solicitándole una reunión formal para tratar varios temas, entre ellos la ruta política de su presidencia, las vicisitudes de algunos parlamentarios para cumplir con sus funciones, entre otros temas.
Varios diputados independientes confirmaron a TalCual la existencia de dicha misiva, cuya reunión nunca se llegó a concretar, mientras que la fracción 16 de julio dice desconocer esa carta.
Los señalados en el escándalo dentro de la Comisión de Contraloría también se han pronunciado con respecto a la posible reelección de Guaidó. Mientras William Barrientos, Héctor Vargas, Guillermo Luces y Richard Arteaga le dan todo su respaldo al interino, la historia es otra con José Brito y Luis Parra.
Brito públicamente acusó a Juan Guaidó de “corrupto”, aunque no mostró pruebas que sustenten la afirmación, y dijo además que no votará por un nuevo periodo de Guaidó.
Mientras que Luis Parra insistió en que existe un descontento contra el presidente de la AN «porque no se ha cumplido la ruta que se nos planteó» y señaló que en varios encuentros se le dijo que era necesario reunirse con cada diputado para mover a la ciudadanía y decir entonces que la oposición está en un «momento cumbre».
«Si mi partido no confronta a Juan Guaidó y no pregunta para dónde vamos, entonces yo no me siento identificado con esto», sentenció.
El maletín verde
El 6 de noviembre de este año, el diputado José Guerra (Primero Justicia – Distrito Capital) desde el exilio denunció la existencia de una supuesta operación llamada “maletín verde”, que consiste en que desde el régimen de Maduro, a través de intermediarios, se intentaba otorgar sobornos en dólares a varios parlamentarios para que no apoyen la reelección de Guaidó como presidente de la AN.
Yon Goicoechea, a nombre de Voluntad Popular, le sumó más al escándalo y aseveró que esa tolda política pudo confirmar el caso de un diputado al cual se le pagó un millón de dólares para apoyar una opción distinta a la de Guaidó.
Goicoechea dijo que “la oferta es muy inteligente, no le piden a estos diputados corruptos que voten por el chavismo. Tenemos un caso confirmado, para que vote por otro candidato que se haga pasar por la oposición”.
Además, dejó en manos del poder Legislativo informar sobre el nombre del diputado sobornado y quién sería la opción que buscan impulsar para hacerle competencia a Guaidó el 5 de enero.
Luego de esta denuncia, el parlamentario Luis Stefanelli, representante de VP por el estado Falcón, aseveró que fue él el destinatario del ofrecimiento, cuestión que denunció a su organización política.