Presidente ad hoc de la CVG afirma estar «frustrado» por aún no alcanzar los objetivos
Enrique Castells indicó que la CVG en el exterior tiene múltiples deudas y la junta ad hoc no ha podido hacer las auditorías
El director ad hoc de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Enrique Castells, manifestó sentirse «frustrado» y «de manos atadas» en la posición en la que está porque asegura que no ha podido concretar los objetivos planteados: Recuperar los activos ni auditar las operaciones de la empresa estatal en Costa Rica, EEUU y España.
«Frustrado, de manos atadas. Estoy asesorando a otra gente que no tiene nada que ver con la CVG porque tengo que vivir, de una manera u otra. Tenemos tanto talento», comentó debido a la falta de cumplir con las metas trazadas.
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En entrevista concedida al Correo del Caroní, Castells explicó que existe una gran cantidad de deudas que deben honrarse como sueldos, alquileres de las oficinas, impuestos, entre otras cosas. Advirtió que en la oficina que hay de la CVG en Miami no han podido entrar porque se venció el alquiler y en donde hay unas 400 cajas donde habrían pruebas de la supuesta corrupción.
Manifestó que todos pensaban que el cambio en la administración de Venezuela se iba a gestar en 2020 pero no ocurrió. Señaló que la oposición está dispersa y cree que la propuesta de negociar con la administración de Nicolás Maduro no es la más idónea. «A esta gente le importa un carrizo el pueblo», dijo.
Subrayó que se involucró en el tema ad hoc de la CVG porque tiene más de 10 años pensando en cómo recuperar a Guayana y vio una oportunidad en ello.
Enrique Castells puntualizó que sobre el fondo chino en Alcasa y Venalum no se sabe nada, pero maneja información de que cancelaron altas sumas de dinero y que los mismos asiáticos están dentro de la trama de corrupción.
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Afirmó que la industria del aluminio en Venezuela está «charrateada» y para recuperarla hay que invertir cerca de cuatro mil millones de dólares. Agregó que en vez de una privatización de las empresas básicas, se buscarán financistas a cambio de producción, de garantías de contrato.
«Privatizar para mí quiere decir que las empresas ya están en plena capacidad. Eso tomará entre 3 y cinco años», proyectó.
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