Presidente de Corea del Sur promete luchar «hasta el último minuto»
Yoon Suk-yeol tiene prohibición de salida de Corea del Sur mientras espera el sábado afrontar una segunda moción de censura
Texto: RFI / AFP
El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol prometió el jueves luchar «hasta el último minuto», en un discurso desafiante para defender su fallida declaración de ley marcial la semana pasada y el envío de soldados al Parlamento.
En la noche del 3 al 4 de diciembre, Yoon sumió a Corea del Sur en una grave crisis política al imponer durante unas horas una ley marcial que devolvió a la población los recuerdos del sombrío pasado autocrático del país.
Investigado por insurrección junto a su círculo cercano, el dirigente conservador tiene prohibido salir del país y el sábado se enfrenta a una segunda moción de destitución, tras librarse por poco de una primera votada la semana pasada.
En un discurso televisado, Yoon pidió nuevamente disculpas al pueblo que quedó «sorprendido y ansioso debido a la ley marcial», pero arremetió duramente contra la oposición, a la que acusó de destruir el orden constitucional y de empujar al país a una «crisis nacional».
«Lucharé con el pueblo hasta el último minuto», dijo desafiante el presidente, cuya cota de popularidad se hundió al 13% tras la imposición del orden militar.
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La nueva moción de destitución se votará a las 17H00 (08H00 GMT) del sábado en la Asamblea Nacional.
La oposición debe conseguir el respaldo de ocho diputados del Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para que la moción prospere.
En la votación del sábado, solo dos diputados del PPP apoyaron la destitución, pero el resto se ausentó de la Asamblea Nacional, permitiendo que Yoon siguiera en el poder.
El jueves, el líder del PPP, Han Dong-hoon, instó a sus diputados a acudir al debate y votar «de acuerdo con sus convicciones y su conciencia».
Registros en el complejo presidencial
Desde la semana pasada, Seúl es escenario de protestas diarias que reúnen a miles de personas para reclamar la salida de Yoon.
Tanto el presidente como sus colaboradores cercanos están en el ojo de la justicia por su papel en la primera ley marcial decretada en el país tras la instauración democrática en 1987.
El jueves, la policía intentó un nuevo allanamiento del complejo presidencial en Seúl, reportó la agencia de noticias Yonhap, un día después de que los guardas de seguridad impidieran el acceso de los investigadores.
En esta ocasión, el registro está centrado en el cuartel general del Estado Mayor Conjunto que habría aceptado cooperar con la investigación, señaló Yonhap.
La principal formación opositora, el Partido Democrático, amenazó con querellarse por insurrección contra el personal y la guardia presidencial si seguían obstruyendo la investigación.
El jueves, la policía también allanó los cuarteles generales del comando de defensa del ejército en Seúl, que fue desplegado durante la declaración de la ley.
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Por el momento, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos altos cargos policiales y al ex ministro de Defensa que, según las autoridades, intentó suicidarse el martes en prisión pero ahora se encuentra bien.
El PPP presentó esta semana una hoja de ruta hacia la renuncia de Yoon y aseguró que el presidente ha aceptado delegar entretanto su poder al jefe del partido y al primer ministro Han Duck-soo.
Sin embargo, el dirigente conservador, que se dio a conocer como un popular fiscal en Corea del Sur antes de ser elegido presidente en 2022, cargó el jueves contra la oposición por haber llevado al país a «una crisis nacional».
«La Asamblea Nacional, dominada por el gran partido de la oposición, se ha convertido en un monstruo que destruye el orden constitucional de democracia liberal», dijo Yoon, enfrentado con el Legislativo por los presupuestos.
Aun así, afirmó que no rehuirá «la responsabilidad legal y política por la declaración de la ley marcial».
El líder surcoreano justificó la semana pasada esta medida extraordinaria por la amenaza de las «fuerzas comunistas de Corea del Norte» y para «eliminar los elementos antiestatales» en el país.
