Presidente de Costa Rica denuncia un «intento de golpe de Estado judicial»
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este viernes un «intento de golpe de Estado judicial», al comparecer ante una comisión del Congreso que debe recomendar al plenario quitarle o no la inmunidad para procesarlo por corrupción
El mandatario conservador, en el poder desde 2022, es acusado por la Fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.
Esta es la primera vez que un presidente de Costa Rica enfrenta un pedido de desafuero, el cual fue aprobado por la Corte Suprema el 1 de julio y sobre el que ahora debe resolver el pleno de la Asamblea Legislativa unicameral, controlada por la oposición.
«Aquí estoy frente a ustedes (…) enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial», señaló Chaves, un economista de 64 años, al presentarse ante la comisión parlamentaria.
La Fiscalía acusa al mandatario -un exfuncionario del Banco Mundial- de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.
Según la acusación, la contratación de la empresa para prestar servicios durante el mandato de Chaves, que termina el año próximo, se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento «aparentemente» indebido.
«Casta putrefacta»
Chaves, señalado por sus críticos de no respetar la independencia de poderes, calificó el caso como un «montaje» y «mentiras» del fiscal general, Carlo Díaz.
«Compatriotas, ¿ustedes de verdad creen que este caso tenga algún sentido, más allá del servilismo de un fiscal incompetente, torpe, sirviendo a la red de cuido que le manipula?», cuestionó Chaves.
El mandatario agregó que tras 36 años de servicio en el exterior ahora se enfrenta a la élite política del país, a la que calificó de «casta putrefacta y corrupta».
Atribuyó la causa a una «revancha, venganza e intimidación» orquestada por el fiscal y algunos jueces porque él «cotidianamente» ha denunciado «corrupción» y «arbitrariedades» en la justicia.
El abogado de Chaves, José Villalobos, quien presentó sus argumentos ante la comisión después del presidente, aseguró que «no hay motivo suficiente, no hay base razonable» para que se le retire la inmunidad al mandatario.
«Para esta defensa, esta pieza acusatoria no contiene los requisitos mínimos para que ustedes puedan recomendar una remoción de fuero», expresó el letrado.
La comparecencia demoró unas cuatro horas y al finalizar Chaves fue ovacionado por cientos de simpatizantes afuera de la Asamblea. «¡No está solo!», coreaban sus seguidores, que alzaban banderas de Costa Rica.
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Ministro de Cultura
El 1 de julio, la Corte Plena -integrada por todos los magistrados de la Corte Suprema- acordó por 15 votos a favor y siete en contra «trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud del levantamiento» de la inmunidad del presidente.
La Corte Plena, que trata asuntos de gran trascendencia nacional, pidió también retirar la inmunidad del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por los mismos cargos.
La comisión legislativa tiene plazo hasta el 28 de agosto para emitir un informe en que recomiende o no el levantamiento del fuero. Sin embargo, este plazo puede extenderse hasta por 20 días si los diputados lo consideran necesario.
Las autoridades judiciales y electorales siguen otras investigaciones contra Chaves por supuesto financiamiento irregular en su campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios -programados para el 1 de febrero de 2026-, lo cual está prohibido por la legislación costarricense.
El presidente, cuyo perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en un sector de la población, está impedido legalmente aspirar a la reelección consecutiva.
Sin embargo, ha dicho que espera que su partido obtenga en las elecciones de 2026 una mayoría calificada en el Congreso para realizar una serie de reformas.
En sus conferencias de prensa y actos oficiales, Chaves suele descalificar a partidos de oposición, jueces, fiscales y diputados, y ataca a la prensa crítica. Sus detractores le señalan una deriva autoritaria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
