Presos políticos militares afrontan retardos procesales de hasta 750 días
La ONG Justicia Venezolana reiteró que el retardo procesal se ha convertido en la constante en los juicios a presos políticos militares
El abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, reiteró que el retardo procesal se ha convertido en la constante en los juicios a presos políticos militares en Venezuela, al punto que en algunos casos hay retraso de hasta 750 días (más de dos años) sin que se haya procedido a la llevar adelante el juicio.
“Denunciamos con cifras en mano el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares, lo cual ha venido denunciando nuestra organización desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa del covid-19, y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados”, explicó el jurista al portal Runrun.es.
Lea también: En 2020 solo se ha recaudado 18,4% de lo necesario para ayuda humanitaria
Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve, debido a que así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la carta magna y las leyes procesales en curso. “En Venezuela se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal”, sentenció.
Señala que los principios y garantías que conforman el proceso penal venezolano, contenidos en los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal, establece el principio de concentración.
“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación “Vuelvan Caras”, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio”, agregó.
Mustiola acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia. Sin embargo, acotó que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que hoy permanecen tras las rejas.
