Prestaciones robadas, por Teodoro Petkoff
En dos de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 se establece la obligación de la Asamblea Nacional de aprobar «dentro del primer año a partir de su instalación» una reforma de la Ley del Trabajo para establecer un nuevo régimen de prestaciones sociales, así como normas que regulen la jornada laboral, disminuyendo en forma progresiva la duración de ésta; en otra se dispone la aprobación de una Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En dos platos, el gobierno concedía tanta importancia a la legislación laboral que se ocupó de ella en dos de las disposiciones transitorias, tratamiento que no se dio a ninguna otra materia. En particular, exigía que en menos de un año fuera reformado el régimen de prestaciones sociales.
Como es sobradamente conocido, ninguna de estas disposiciones ha sido cumplida en trece años. Por supuesto que no se trata de un descuido; ha sido una política deliberada dirigida a no menear ese tema. El gobierno no ha querido reformar la Ley del Trabajo porque tiene atravesado el hueso de las prestaciones sociales.
Ha estado perfectamente consciente de que el sistema aprobado en la reforma de la Ley del Trabajo en 1997, pese a toda la demagogia, la ignorancia y la mala fe que ha derramado sobre aquél, la práctica ha enseñado que éste, aunque menos costoso para los patronos, sobre todo para el Estado-patrono, resulta más beneficioso que el anterior para los trabajadores.
Estos han descubierto que dos meses de prestaciones por cada año trabajado, calculados anualmente, ponen más plata en su bolsillo que sólo un mes, calculado retroactivamente. Por eso el gobierno ha ido dejando pasar el tiempo. Sabe que restaurar el antiguo régimen de prestaciones sociales le crearía un mayúsculo problema fiscal.
Hete aquí, sin embargo, que Chacumbele, empeñado en una batalla electoral que considera crucial para él, no ha vacilado en rescatar del degredo donde ha tenido sepultada la Ley del Trabajo para anunciar que él personalmente se ocupará de reformarla para el próximo mes de mayo.
Chávez no permitió a la Asamblea Nacional y ahora, presionado por el susto electoral, aspira al insólito desafuero de hacerla él solo. Obviamente el centro de tal reforma sería el restablecimiento del cálculo retroactivo de las prestaciones sociales, que servirá para un ejercicio demagógico pocas veces visto, lleno de sapos y culebras contra la Cuarta República «que le robó sus prestaciones a los trabajadores».
Sin embargo, transcurridos trece años, el más elemental sentido común conduce a preguntarse por qué el régimen ha demorado tanto tiempo para reparar esa supuesta injusticia. No le ha interesado, obviamente.
¿Por qué, entonces, precisamente ahora, muestra esa supuesta preocupación? Porque hay unas elecciones delante de cuyo resultado el caporal, por primera vez no se siente seguro. Intuye que la correlación ha venido cambiando en contra suya y se va a jugar a Rosalinda, muy dentro de su estilo de mando, que no concede mayor importancia a las consecuencias de sus acciones con tal que éstas favorezcan su objetivo supremo: mantener el poder a toda costa, así el precio a pagar sea el que la República se vaya al diablo.
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