Primer ministro de Trinidad y Tobago califica de «asalto» llegada de venezolanos
El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió que las acciones de Trinidad y Tobago podrían ser interpretadas como política de Estado contra los migrantes que buscan refugio
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, emitió un comunicado este miércoles 25 de noviembre en el que acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de ser el principal responsable de «desencadenar y alimentar la actual situación venezolana», que ha derivado en el flujo migratorio de más de cinco millones de personas, muchos de los cuales han llegado a aquella isla buscando mejor calidad de vida.
Rowley afirmó que los funcionarios de la OEA y el gobierno de Estados Unidos «le han declarado la guerra a Trinidad y Tobago por la temeridad de no haberse unido a Elliot Abrams y al presidente Trump para forzar un violento cambio en Venezuela«, dijo en la misiva publicada por medios trinitarios.
Advirtió que en la actualidad, desde afuera se busca usar a «personas anónimas y sin rostro, armadas y con niños inocentes» en una especie de «asalto» con el fin de obligar al gobierno de Puerto España a aceptar la comprensión del estatuto de refugiados y tratados internacionales, que mandarían a la isla -con 1,3 millones de habitantes- a mantener las fronteras abiertas «a un vecino de al lado de 34 millones de personas incluso durante una pandemia».
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Keith Rowley señaló que las fronteras de Trinidad y Tobago se cerraron tanto a sus nacionales como a los extranjeros desde el 22 de marzo como una de las medidas más estrictas para limitar la exposición de este país a nuevos casos de covid-19.
“Actualmente hemos cerrado nuestras fronteras incluso a nuestros propios ciudadanos en esta pandemia y resistiríamos todos los esfuerzos de otros que están empeñados en forzar la apertura de nuestras fronteras a través de la inmigración ilegal», destacó.
Según su criterio, si se acepta la medida de que cualquier persona llegue a la nación insular en calidad de humanitario, se abre la puerta a que pueda entrar al país cualquier migrante económico, traficantes de armas, de personas o de estupefacientes, o cualquier otra persona que incurra en delitos, diciéndoles que solo deben viajar hasta Trinidad y Tobago y decir que quieren refugio. Además, recordó que fueron aceptados 16.000 migrantes venezolanos.
«Apoyamos incondicionalmente el trabajo de las Naciones Unidas, pero esta amenaza y el persistente desprecio por los destacados esfuerzos humanitarios realizados por la gente de TT no se ajustan al espíritu y propósito del Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados)».
Agregó que “Si después de todo eso, la imagen de nuestra nación se va a empañar mediante la facilitación de la penetración ilegal de nuestras fronteras, entonces ciertamente ese será el corte más descortés de todos. Hago un llamado a toda la gente de Trinidad y Tobago para que continúe siendo la gente humana y solidaria que hemos demostrado que somos, ya que no demonizamos a nuestros vecinos migrantes, pero todos seguimos protegidos por las leyes de Trinidad y Tobago».
Foro Penal aboga por los niños en peligro de ser deportados
El director y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó este miércoles 25 de noviembre que de forma oficial, la ONG asumió la defensa de un «bloque importante» de los niños que están en peligro de ser deportados y de algunos de los adultos que viajaban con ellos. Resaltó que en Trinidad y Tobago hay un «conflicto entre las autoridades» porque la rama judicial ha querido ceñirse a las leyes y a los tratados internacionales, «pero las fuerzas de seguridad y Ejecutivo no están tan ganados a respetar esas obligaciones».
En ese sentido, calificó de «delicada» la situación por lo que interpondrán a la Corte Interamericana de DDHH una solicitud de medidas cautelares de protección para estas personas.
Relató que los padres de algunos niños, en vista de lo que ocurre en Venezuela, decidieron enviar a sus hijos a Trinidad con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. Pagaron los servicios de una embarcación para llevarlos hasta allá y que tuvieran la cualidad de refugiados. Al llegar, fueron interceptados e iban a ser puestos a las órdenes de un tribunal «pero antes, de forma arbitraria y violentando disposiciones internacionales, las fuerza de seguridad pusieron a 16 niños y 9 adultos en precarias embarcaciones y las devolvieron a Venezuela».
«No se sabía dónde estaban. Una vez que llegan a Venezuela, son dejados en el Delta del Orinoco; no reciben apoyo del Gobierno y estos ciudadanos quedan en el limbo. Un tribunal de Trinidad y Tobago vuelve a decir que hay que reunificar la familia, que no debieron ser deportados de esa forma y los devuelven a la isla y ahora estamos aquí. Estas personas están en TT y en cualquier momento pueden ser deportados. Pareciera que en el Poder Ejecutivo de la isla hay presión fuerte para no permitir refugiados», alertó en entrevista a Onda.
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Por ello, Gonzalo Himbob cree que hay una «línea de conexión clara de estos actos de xenofobia» y advierte que podría haber una política de Estado en practicar este tipo de acciones contra los venezolanos. Recordó entonces que en 2018 el Foro Penal intervino en el caso de deportación de unas 80 personas y que actualmente hay otras 300 presas.
«Eso demuestra que existe una política de Estado de no permitir el ingreso de venezolanos a Trinidad y Tobago, incluso incumpliendo obligaciones internacionales claras sobre este tema porque TT ha ratificado la convención sobre el estatuto de refugiados».
Denunció que aunque en este caso no existe el tema de tráfico de personas, sí reportó que desde la isla para nuestro país hay crímenes que se cometen que van por ese tenor.
Orden de un juez en Trinidad y Tobago
Un juez superior en Trinidad y Tobago ordenó la noche del martes 24 de noviembre la liberación inmediata de 10 menores de edad y cuatro de sus madres de un centro de detención de migrantes ubicado en el Helipuerto de la Guardia Costera de ese país en la localidad de Chaguaramas, diciendo que las leyes de su nación no prevén la detención ni la deportación de niños.
Los menores fueron puestos en custodia de sus familiares, por lo que la jueza Joan Charles tuvo que ordenar la liberación de algunas madres.
“Se necesita hacer más (…) Esta situación debe rectificarse y se deben establecer los procedimientos y la política adecuados para facilitar la liberación de estos niños de la custodia”, dijo la jueza.
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Como parte de la sentencia, se ordenó que la Autoridad de los Niños realice una evaluación de los hogares a los que irían los niños y adultos, una medida que tardará 21 días en tener respuesta.
Por otro lado, el Comisionado de Policía de Trinidad y Tobago informó el 24 de noviembre que un grupo de 28 inmigrantes venezolanos -que ya habían sido detenidos el 17 del mismo mes y deportados a Venezuela cinco días más tarde, regresaron nuevamente a la isla y desembarcaron en la playa de Los Iros.
Los 27 inmigrantes ilegales fueron detenidos y fueron llevados al Servicio de Salud de Siparia para ser examinados médicamente y que regresaron al país debido a la orden judicial que permitía su retorno para afrontar un proceso legal.
Con información adicional de Newsday / TT Guardian /Trinidad Express
