Primero de Mayo sin salario ni democracia

Tras la aplicación durante 20 años del modelo económico estatista del llamado socialismo del siglo XXI, desaparecieron el salario e históricas conquistas del sindicalismo venezolano. El rescate de la democracia es ahora la primera prioridad para las organizaciones que sobreviven
Si la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores firmada por Chávez en 2012 tiene por objeto “proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de éstos como creadores de la riqueza socialmente producida” habrá que concluir que se ha convertido en una de las normativas más inservible e inaplicable de la República.
El trabajo como hecho social no existe en una sociedad en la que el salario que devenga el grueso de la masa trabajadora no alcanza más que para cubrir dos o tres días de gastos de alimentación, dependiendo por supuesto del tamaño del grupo familiar.
Ese es el caso de Venezuela. Es la desaparición del trabajo como hecho social y del valor que agrega a todo el entorno de la vida del trabajador y su familia lo que está en el núcleo fatídico de la destrucción del país, cuyo aparato productivo se ha reducido a niveles mínimos históricos tras la aplicación durante 20 años del modelo económico estatista, centralizado y expropiador del llamado socialismo del siglo XXI.
Esa imposibilidad de los venezolanos para cubrir sus necesidades básicas con el ejercicio de su actividad laboral es lo que potencia la diáspora que ha arrojado a otras latitudes a millones de ciudadanos que vieron pulverizarse su salario hasta caer por debajo del de los países más pobres del mundo. Ese éxodo lo alimentan también quienes se quedaron sin empresa o sin empleo.
La debacle salarial
El Banco Mundial estima como índice de la pobreza crítica un ingreso de $ 1,90 diarios, mientras que en Venezuela el ingreso mensual, si se toma en cuenta el más reciente aumento que ubicó el salario mínimo en 40 mil bolívares, estaría alrededor de los 6 $ mensuales. Los países más empobrecidos del continente, como Cuba y Haití, tienen 29 y 79 $, respectivamente.
Los trabajadores venezolanos no están creando riqueza y decir, como lo afirma la LOTTT, que son “sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia” suena a chiste macabro. Vaya paradoja, un gobierno de izquierda que destruyó a la clase trabajadora
Por supuesto, la imposibilidad de mantener la capacidad adquisitiva del salario en un país donde la inflación anual estimada para este año es aproximadamente un millón por ciento termina prácticamente por anular las posibilidades de los sindicatos de defender los derechos de sus afiliados mediante las tradicionales herramientas de lucha como la negociación colectiva y otras fórmulas conciliatorias o conflictivas que prevé la ley.
La artificiosa solución que intenta unilateralmente el gobierno con una cadena de aumentos salariales tiene otro efecto perverso que nada resuelve. A decir de Conindustria, “el aumento es impagable para las empresas, pero para los trabajadores es insuficiente”.
Adicionalmente, trabajadores y empresarios padecen la desnaturalización de las inspectorías del trabajo, organismos represivos y parcializados que no obstante son incapaces de hacer valer el absurdo decreto de inamovilidad eterna del Ejecutivo. Los reenganches, cuando se deciden, son irrespetados por las propias empresas del Estado.
A propósito de un nuevo Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, la Central Sindical ASI calificó el cuadro arriba descrito como “la más feroz agresión” que han tenido que enfrentar la clase trabajadora y el movimiento sindical: “el valor del salario ha sido destruido, nuestros derechos históricos cercenados y las libertades políticas y ciudadanas, perseguidas, acosadas y encarceladas”, esto último en clara alusión a las golpizas y detenciones a dirigentes.
Muerte al movimiento sindical
Si el modelo económico acabó el salario y otras reivindicaciones socioeconómicas de la clase trabajadora, la destrucción de sus centrales obreras y sindicatos fue parte de un plan deliberado y planificado. Demoler era uno de esos verbos que el comandante Chávez pronunciaba con especial fruición. Y ese fue el escogido para lanzar su tajante sentencia de muerte contra la CTV, en junio del 98 cuando faltaban todavía seis meses para acceder al poder.
Veintiún años se cumplirán pronto del anuncio de ese objetivo político que, en verdad, no era sino uno más de los pasos trepidantes con los que Chávez había echado a andar para arrasar o copar todos los espacios posibles en su búsqueda del poder, todo el poder, por todo el tiempo posible. Muchos lo intuyeron, otros lo advirtieron, pero muy pocos lo creyeron.
“Si no logramos la gobernabilidad, si no logramos transformar la estructura y el cuadro de fuerzas en el Congreso y en el Poder Ju-dicial y los factores reales, la CTV por ejemplo, que hay que demolerla, no habremos hecho nada”, dijo a Agustín Blanco Muñoz en “Habla el Comandante”. Y, de entrada, todo lo logró
Los embates que luego tuvieron continuidad desde la propia Asamblea Nacional Constituyente (1989) contra la vieja central obrera de predominio adeco, con su imagen institucional a ras del suelo mayoritariamente por los escándalos de corrupción de su dirigencia, terminaron a corto plazo por afectar en sus estructuras y su accionar a todo el movimiento sindical venezolano, confederado e independiente, del sector público y del privado.
La demolición se intentó por distintas vías: facultar constitucionalmente al Consejo Nacional Electoral para controlar los procesos electorales sindicales; un referéndum introducido de contrabando en unas elecciones municipales, la intervención directa por decreto, como se hizo con la Federación Campesina de Venezuela; la intromisión política del presidente Chávez en la discusión del contrato petrolero, donde fue, por cierto, derrotado.
A través del CNE pudo el régimen chavista intervenir a placer en los comicios del sector para paralizarlos o imponerlos, reconocerlos o desconocerlos. A vuelta de pocos años más de mil sindicatos de todo el país estaban inhabilitados para cumplir sus funciones, deslegitimados por la famosa “mora electoral”.
“¿Y qué me importa a mí lo que diga la OIT?”
De hecho, si en esos primeros tiempos no hubo avances más arrolladores contra el movimiento sindical fue porque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la vigorosa solidaridad de Luis Anderson desde la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) los enfrentaron.
Chávez encontró terreno fértil para su andanada antisindical y anti CTV. Quiso tomarla por la vía electoral pero fracasó y la desconoció hasta la fecha. Anunció que crearía una central de 3 millones de trabajadores. Eso sí el sindicalismo no podía ser independiente. La destrucción de las empresas del Estado se tragó ese sueño.
Tiempos hubo también en que la fórmula tripartita, aceptada mundialmente para abordar la solución de temas y conflictos que atañían a trabajadores, patronos y el Estado fue satanizada hasta quedar bautizada como “la trimaldita”, condena que partía del cambio del antiguo régimen de prestaciones en un país que no podía ni quería despojarse de su mentalidad saudita
A pesar de todo, la CTV con sus 23 federaciones nacionales sobrevive como la principal central, al lado de ASI, UNT y aún se siguen mencionando a la CGT, CUTV y Codesa. De 1.600 sindicatos se pasó durante el chavismo a 4.800 aproximadamente, producto de un proliferación impulsada por el paralelismo chavista, pero la masa laboral se ha reducido sensiblemente y puede estar entre 6 y 7 millones de trabajadores, aunque toda estadística es incierta.
Sin embargo los trabajadores y sus sindicatos estarán en la calle este Primero de Mayo con las banderas de siempre, pero ahora haciendo sus reclamos partiendo prácticamente desde cero y con el rescate de la libertad y la democracia como prioridades.