Procurador Especial señaló desatención de la AN y pide recursos para defender activos
Ante la AN de 2015, el procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, solicitó recursos para el funcionamiento de su despacho y la defensa de los activos del Estado en el exterior. Desde el Parlamento, aseguran que con la nueva reconversión se concretará otra estafa para el país
Durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, el procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, señaló la desatención del Parlamento y solicitó recursos para el funcionamiento de su despacho y la defensa de los activos del Estado en el exterior.
La petición de Sánchez Falcón se hizo durante un punto de información.
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En su intervención, de poco más de siete minutos, el Procurador Especial afirmó que el monto del presupuesto integral para su despacho es de casi 40 millones de dólares, pero para defender activos por 24 mil millones de dólares.
«La Asamblea Nacional no ha atendido debidamente su obligación para la aprobación de los recursos para la defenda de los activos en el exterior. Desde octubre de 2020, he venido planteando la necesidad de aprobación de un presupuesto integral para el pago de los abogados requeridos para la atención de los juicios concernientes a la recuperación y protección de activos de los venezolanos en el extranjero y el presupuesto del órgano entregado en abril de 2021”, dijo Enrique Sánchez Falcón, este martes 28 de septiembre.
#SesiónAN | El Dr. Enrique Sánchez Falcón participa en el punto de información sobre la importancia de la defensa de la Nación en litigios que resguardan a la República y las gestiones del gobierno interino en la protección de los intereses del pueblo venezolano. pic.twitter.com/a9cy2h9JRH
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) September 28, 2021
El presupuesto, según dijo, fue consignado ante la Comisión Delegada y el equipo político del G4. Expuso que para el juicio de nulidad de los bonos 2020 se necesitan 70.000 dólares, recursos con los que no se cuenta. Asimismo, Sánchez Falcón señaló que el arbitraje de la empresa Conoco Phillips tiene un laudo a su favor de 8.500 de dólares que, con los intereses se ubica en 10.000 dólares.
Ante la AN, el Procurador Especial argumentó que, según el Estatuto de Transición, a la Comisión Delegada le corresponder procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes del Estado en el extranjero. Aseveró que el Poder Ejecutivo interino puede nombrar apoderados judiciales para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado en el extranjero, y emprender cualquier acción necesaria para salvaguardar los recursos del Estado.
Insistió en que el gobierno interino ha cumplido «a cabalidad» con sus funciones y, en ese sentido, expresó que la Procuraduría Especial, ha participado en el diseño de las estrategias requeridas para llevar los litifios juicios a los mejores términos.
«Al Poder Legislativo le ha correspondido aprobar los económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios originados por esos pasivos, los cuales sin excepción se han originado de acciones inconstitucionales de los regímenes de Chávez y Maduro”, acotó.
En la sesión de la AN, el diputado Marco Aurelio Quiñones puntualizó que la defensa de los activos se traduce en que los abogados ejerzan acciones y hablen en todos los escenarios en los cuales se han presentado litigios donde la República. «Les ha tocado salirle al paso a lo que ha significado los avances adversos productos de la sumatoria de más de 20 años de corrupción», dijo.
Este martes, el comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno interino, Julio Borges, puntualizó que Juan Guaidó, reconocido por varios países como mandatario interino, no ha asumido decisiones asertivas para el manejo de los activos de Venezuela en el exterior. La afirmación se produjo un día después de que Primero Justicia, partido que coordina Borges, anunciara que se apartaba del manejo de esos fondos.
AN rechaza reconversión
En la sesión, la Comisión Delegada de la AN de 2015 señaló que la reconversión monetaria, que inicia el primero de octubre, reeditará el fracaso de las anteriores.
“Se trata de una nueva reconversión monetaria, la tercera en los últimos años, el equivalente a 100 billones de bolívares desde año 2007, es decir, una persona que podía tener en su cuenta bancaria 100 billones de bolívares, el día de hoy representaría, apenas, un bolívar digita, esta es una muestra gráfica del proceso de destrucción de la economía venezolana, de la destrucción total del bolívar», aseveró la diputada Deyalitza Aray.
Para la parlamentaria se consumará una nueva estafa para el país. De esta manera, el diputado, Ricardo Aponte cree que la reconversión se perderá en un plazo máximo de un año.
“Con cambios cosméticos no se va recuperar la economía y el ciudadano de a pie continuará padeciendo con un ingreso mínimo que no le alcanzará para satisfacer las necesidades básicas de su entorno familiar”, puntualizó Aponte. Enfatizó que lo que está claro es el fracaso de la política económica por impericia e indolencia.
La AN aprobó, por otra parte, el cuerdo que no reconoce jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y resalta la validez del Acuerdo de Ginebra para resolver disputa territorial con Guyana por el Esequibo.
En este punto, el presidente de la Comisión Mixta en Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, diputado Williams Dávila, responsabilizó al expresidente Hugo Chávez Frías y al gobernante Nicolás Maduro por el “entreguismo, descuido o e irresponsabilidad” y la ausencia de acciones jurídicas, diplomáticas y estratégicas para abordar el conflicto. Aseveró que, desde 2016, la AN se ha puesto a la orden paraa sumar voluntades en una situación que debe ser abordada en unidad nacional.
El Parlamento de 2015 también avaló el proyecto de Acuerdo en rechazo a la violación de la autonomía universitaria, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro.
“Proponemos la conjugación de todos los esfuerzos posibles para declarar oficialmente en emergencia a todas y cada una de las universidades venezolanas frente al régimen que las asedia y sistemáticamente las agrede», sostuvo Luis Barragán.
Dijo que los diputados abogan por la defensa de de la universidad republicana, libre y autónoma “que tomará un nuevo impulso para la liberación de toda Venezuela”.
Los diputados de la Comisión Delegada puntualizaron que no hay condiciones en el país para el regreso a clases presenciales anunciado por Maduro. “Hoy las escuelas y los maestros han sido abandonados, no han sido respetados, ni escuchados por el régimen y la familia venezolana no cuenta con la confianza que necesita para mandar a sus hijos para la escuela, que en su mayoría no cuentan con servicios públicos como el agua”, señaló Amelia Belisario.
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