Proiuris afirma que el MP no investiga 85% de presuntos enfrentamientos policiales
En 2018 se realizaron 100 podrecimientos policiales que terminaron con 171 personas asesinadas en supuestos enfrentamientos. Las FAES fueron las responsables de 108 de estas muertes y el Cicpc de 21 asesinatos
La organización no gubernamental Proiuris analizó 100 reportes policiales y determinó que 85% de los presuntos enfrentamientos entre funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y supuestos delincuentes no son debidamente notificados ni investigados por el Ministerio Público; por lo que los eventuales excesos del uso de la fuerza pública quedan impunes.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se ejecutaron 100 procedimientos, en los que se utilizan los eufemismos «abatido», «neutralizado», «dado de baja» o «caído». Durante el año pasado, 171 personas fueron asesinadas por cuerpos policiales, pero formalmente las muertes no se registran como homicidios, sino como casos de «resistencia a la autoridad». Del total, 168 eran hombres y tres mujeres; de los cuales, dos eran menores de edad.
La investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela Nidia Ruiz advierte: “Cuando se incorporan a la vida civil estas expresiones de los militares estamos aceptando que las cosas no se llamen por su nombre, en este caso homicidios; estamos aceptando la dominación. Si aceptamos las máscaras, estamos aceptando lo que tratan de cubrir. Es un deber ciudadano oponerse a la militarización del lenguaje político con el deliberado propósito de encubrir delitos”.
La identidad de 82 de estos asesinados no se pudo conocer porque no fue suministrada; sin embargo, sí se dieron a conocer sus alias. Para el criminólogo Keymer Ávila, esto corresponde a una lógica de aniquilamiento físico y,a demás, simbólico, de quienes son estigmatizados como escorias; de modo que no importan sus nombres, rostros e historias.
Ávila usa la categoría “periodismo incorporado”, para advertir el riesgo de que los comunicadores sociales se limiten a reproducir las versiones oficiales y, de esa forma, legitimen la violencia estatal. Por su parte, la psicóloga social Magaly Huggins agrega: «Lo peor que puede pasar es que los comunicadores sociales contribuyan a crear una sociedad de súbditos».
El estudio de Proiuris determinó que a 79% de las víctimas no se les precisó la edad. Sin embargo, encontró que la mayor cantidad de las víctimas tenían entre 18 y 34 años de edad; lo cual coincide con otras aproximaciones a las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela que indican que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de sectores pobres de la población.
En estos supuestos enfrentamientos todos los presuntos delincuentes resultaron muertos, mientras que en cuatro de estos 100 procedimientos, solo hubo cinco funcionarios policiales heridos, pero ninguno falleció.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, fueron las responsables de 108 de estas muertes. En segundo lugar está el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 21 fallecimientos.
El análisis realizado por Proiuris destaca la relación en términos de mortalidad entre presuntos delincuentes asesinados y policías o militares. El índice de letalidad policial es 171 a 0. Solo cinco funcionarios resultaron heridos y todos quedaron fuera de peligro.
98 víctimas (56,32%), de un total de 171 no fueron llevadas a centros hospitalarios, luego de que fueran heridas en los presuntos enfrentamientos.
En apenas 16 de los documentos analizados, solo a 29% de los fallecidos se les especifica el tipo de heridas causadas y en qué lugar del cuerpo las sufrieron. Sin embargo, se admitió que a 12 personas los policías o militares dieron muerte por impactos de bala en el tórax.
El numeral 1 del artículo 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de la Policía Nacional establece: “El nivel del uso de la fuerza a aplicar está determinado por la conducta de la persona y no por la predisposición del funcionario o funcionaria. En ningún momento debe haber daño físico innecesario, ni maltratos morales a las personas objeto de la acción policial, ni emplearse la fuerza como forma de castigo directo”, se estipula en el numeral 5 del artículo 7 de la referida ley».
No obstante, cuando los funcionarios policiales plasman los hechos en sus reportes, afirman que el vicimario tenía una actitud sospechosa, «por lo que procedieron a la imperiosa labor de hacerle frente y comenzar un enfrentamiento», se indica en uno de los documentos analizados, y no se explica si los oficiales aplicaron el código que los obliga a agotar mecanismos de persuasión para aprehender a los presuntos agresores.
Más que minutas, historias
La ejecución extrajudicial no está tipificada como delito en el país, pero los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado venezolano imponen la obligación de emplear todos los mecanismos legales disponibles para investigar este tipo de hechos.
Las dificultades para que familiares de los fallecidos o víctimas sobrevivientes puedan impulsar las investigaciones comienzan con obstáculos para acceder a los expedientes. Aun así, hay quienes no sucumben ante estos mecanismos de impunidad, pues el dolor por la pérdida y la legítima aspiración de justicia son más fuertes.
Proiuris se acercó a tres de estas familias y les proporcionó asistencia jurídica. En las historias que integran este reportaje especial se reivindican las voces de Liliana Zerpa, Thaína Molina y Rosa Ángela Justiniano (Yoya), tres madres que refutan las sentencias de muerte de sus parientes.
Lilliana Zerpa está convencida de que su hijo Gregory Andrian Mijares Zerpa, de 17 años de edad, no murió al batirse a tiros con funcionarios del Cicpc, sino que ellos lo asesinaron dentro de su casa. Asegura que uno de los policías responsables le confesó: “Discúlpenos señora. Se nos fue de las manos. Nos equivocamos”. La madre formalizó la denuncia ante el Ministerio Público y transcurridos seis meses todavía no hay investigación, no hay juicio, no hay sanción. Desde hace cuatro años los duelos se le han superpuesto. En agosto de 2014 el mayor de sus hijos, de 20 años, fue asesinado en otro supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana (PNB); apenas cuatro meses después perdió a otro adolescente de 17 años, supuestamente a manos de delincuentes con quienes tenía rencillas.
Testigos de otro caso aseguran que Wilfreiber Leandro Campos Molina, de 17 años de edad, fue detenido por funcionarios de la PNB durante los disturbios que ocurrieron en Los Próceres, el 17 de febrero de 2018, durante la celebración de la Octavita de Carnaval. Extrañamente, los captores lo habrían trasladado al interior de la estación de la estación del Metro Los Símbolos. Campos Molina estuvo desaparecido durante cinco días y, extrañamente, su cadáver fue encontrado en los túneles del subterráneo cerca de la estación El Valle. “No sé cómo vivir con esto, pero tengo que seguir. Los primeros días pedí permiso en el trabajo, pero regresé. No puedo abandonar a los niños del preescolar, no puedo dejar a esos niños sin una maestra. Mi hijo está muerto, pero no puedo morir yo”, se dice a sí misma Thaína Molina, la madre del joven asesinado.
El 15 de febrero de 2018, Luis Alberto Rodríguez Justiniano fue asesinado en un supuesto enfrentamiento contra funcionarios de las FAES. Un pelotón irrumpió en el barrio Las Cumbres, en Mamera, para vengar la muerte de dos integrantes de ese cuerpo de seguridad que había ocurrido ese mismo día. “Resistencia a la autoridad” fue la versión oficial, la cual es refutada por la familia de Rodríguez Justiniano con un argumento simple: durante cinco horas estuvo sometido y esposado, y así lo sacaron de su residencia. Sola, con 67 años de edad y un duelo que no la deja dormir, Yoya, la madre, va y viene del Ministerio Público para que el asesinato de su hijo no quede impune.
Los casos de 139 fallecidos no están en manos de la Fiscalía y la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar atropellos cometidos por policías y militares es nula, concluye el estudio de la ONG Proiuris.
