ONG denuncia detenciones arbitrarias en Mérida por «incumplir cuarentena»
La ONG Promedehum pide a las autoridades competentes «realizar una investigación exhaustiva de estos hechos para que se determinen responsabilidades y no se convierta en un patrón despreciable que atente contra la libertad de las personas»
Unas 60 personas fueron detenidas la tarde del 7 de octubre en el casco central de Mérida por supuestamente incumplir con las medidas de cuarentena impuestas por la pandemia del coronavirus; sin embargo, esta semana es flexible y no existen impedimentos para que los ciudadanos circulen libremente.
Rigoberto Lobo, presidente de la ONG Promedehum, informó a TalCual que las detenciones, que califica como arbitrarias, se realizaron en distintos sectores de la ciudad mientras las personas realizaban actividades cotidianas. Este defensor de derechos humanos aclaró que no todas las personas andaban juntas, pero especificó que en la plaza Las Heroínas sí se realizaron varios apresamientos.
Lobo detalló que este fue un operativo conjunto de la Policía de Mérida y la Guardia Nacional, donde se incumplieron las medidas de prevención de la covid-19, pues fueron trasladados en un camión aglomerados y se les dio dos opciones: “O se van con la Guardia y aceptan cumplir con el servicio militar o se los entregan a la Policía de Mérida para una charla de seis horas y cumplir servicio comunitario”.
Además, esta ONG denuncia que todos los arrestados fueron llevados al área de triaje covid-19 del Hospital del Universitario de Los Andes; acción que califica como absurda porque más bien quienes están sanos, pudieron haberse contagiado de covid-19.
Del mismo modo, el presidente de Promedehum comentó que recibieron información de que algunos de los detenidos habían firmado «bajo engaño» un documento donde supuestamente aceptaban de forma voluntaria prestar el servicio militar. Añadió que estos tenían entre 16 y 22 años de edad.
Es importante destacar que el servicio militar no es obligatorio y está expresamente prohibido el reclutamiento forzoso.
Por otra parte, Rigoberto Lobo, manifestó preocupación porque entre los detenidos había personas trans, integrantes de la comunidad LGBTI. “La casa militar criminaliza a la comunidad LGBTI y la penaliza dentro de la institución y podrían estar expuestas a riesgos de violencia sexual”, manifestó.
Cerca de las 6:00 pm del mismo miércoles, solo diez del total de detenidos fueron liberados. A la fecha, se desconoce el número exacto de personas que quedaron detenidas. Rigoberto Lobo indicó que entre estas personas estaban dos funcionarios públicos, que llevaban consigo su salvoconducto.
El llamado de Rigoberto Lobo es a los familiares de los detenidos a presentar la denuncia en caso de que las autoridades mantengan a estas personas en contra de su voluntad. Igualmente, pide a las autoridades competentes «realizar una investigación exhaustiva de estos hechos para que se determinen responsabilidades y no se convierta en un patrón despreciable que atente contra la libertad de las personas».
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