Proponen medidas para repatriar activos confiscados a Venezuela

Un centro de investigación en EEUU advierte que dichos activos no podrían ser devueltos al país si Nicolás Maduro se mantiene en el poder

The Dialogue, centro de investigación con sede en Washington, publicó un informe titulado «Corrupción y crisis en Venezuela: repatriación de activos para el socorro humanitario» en el que estudia el tema y se proponen medidas y recomendaciones para devolver el dinero congelado a la administración de Nicolás Maduro y usarlo para ayuda humanitaria.

Esta investigación, que llevó año y medio elaborarla, “analiza una de las características más destacadas de la Venezuela contemporánea, la corrupción a escala industrial”.

De acuerdo a VOA, una de las conclusiones del estudio elaborada por los investigadores es que los fiscales en EEUU están intentando recuperar más de mil millones de dólares en activos, que estarían vinculados a hechos de corrupción. Sin embargo, hacen mención que en todo el mundo “al menos 24.000 millones están bajo un escrutinio legal similar y seguramente seguirán otras investigaciones”.

Señala el dossier que si apenas se recupera una pequeña parte de ese dinero, quizás un 10% de la suma global, se estaría excediendo en el monto que la comunidad internacional brindó en asistencia humanitaria a los venezolanos tanto dentro como fuera del país.

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También señala que aunque a las convenciones de la ONU contra la Corrupción dictan que las ganancias recuperadas de la corruptela venezolana deben ser devueltas a su pueblo, “la mecánica para hacerlo es extremadamente compleja y probablemente seguirá siéndolo” mientras Nicolás Maduro continúe aferrado al poder.

Por ello, advierten que los fondos no deberían ser desplegados si existe el riesgo de que los mismos sean robados por la administración de Maduro o que sean politizados por ellos.

Recomendaron que el gobierno de EEUU reafirme una vez más su compromiso «de administrar el producto recuperado de la corrupción venezolana de conformidad con la política del Departamento de Justicia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Foro Global sobre los principios de recuperación de activos».

Estos esfuerzos, iniciativas y otras actividades que resulten de la confiscación o retención de activos, deberían coordinarse en un «Foro Venezolano sobre Recuperación de Activos», como pasó en países como Ucrania y las naciones árabes que estuvieron en transición.

Finalmente, el informe insta a los funcionarios estadounidenses de los Departamentos de Justicia, Estado y Tesoro y de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid) a “comenzar a examinar de inmediato las opciones para repatriar los activos vinculados a la corrupción al pueblo venezolano a través de medios transparentes y responsables”.

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El estudio contiene un anexo con una veintena de “casos notables de corrupción venezolana pendientes en los tribunales de EEUU.”, entre los que menciona a César David Rincón, acusado de lavado de dinero; el banquero Matthias Krull, también por lavado y el empresario colombiano Alex Saab Morán, preso desde mediados de junio en Cabo Verde y que está pendiente de ser extraditado a EEUU.

Estados Unidos ofreció el 30 de septiembre una recompensa de cinco millones de dólares por el exministro de Energía Eléctrica Luis Alfredo Motta Domínguez, y el exviceministro de Finanzas, Eustiquio Lugo Gómez, a quienes Washington sancionó por «corrupción» al frente de la compañía eléctrica estatal Corpoelec.

El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado, en el que señala que esperan recibir información que conduzca al arresto y la condena de los exfuncionarios.

“La acción de hoy sigue a la designación del 28 de julio de 2020 de Motta y Lugo (…) debido a su participación en una corrupción significativa, lo que dio lugar a que ellos (y sus familiares inmediatos) no puedan entrar en Estados Unidos”, explicó Pompeo.

Hay varios casos donde la Justicia de EEUU ha actuado en pro de Venezuela. El caso de Alejandro «El Tuerto» Andrade y las acciones tomadas contra Samark López, señalado como testaferro de Tareck El Aissami, son algunos de los expedientes que se manejan para la recuperación del dinero venezolano.