Protestas en Nicaragua: ¿radiografía de las crónicas venezolanas?
La situación que para julio de 2018 agobia a Nicaragua, es similar a la vivida en Venezuela un año antes. A pesar de que las condiciones económicas y sociales son en apariencia distintas, tienen un fin último: propiciar la salida de unos mandatarios que se niegan a dejar el poder
Este 27 de julio de 2018 se cumplieron 100 días de las protestas en Nicaragua, iniciadas el pasado 18 de abril para protestar por las reformas que el gobierno de Daniel Ortega, con asesoría del Fondo Monetario Internacional, hizo al sistema de seguridad social; reformas que se venían estudiando desde 2013.
Cinco años después, el Consejo Superior de la Empresa Privada se reunió con las grandes corporaciones nicaragüenses para iniciar la negociación de esta reforma, que prevé, entre otras cosas, «el aumento de la contribución de las empresas y de los empleados, así como una reforma fiscal». Aunque quedaron por fuera medidas como el retrasar la edad de jubilación, los aspectos modificados motivaron el inicio de las protestas.
Para algunos analistas, este hecho no fue más que la chispa final que encendió a una sociedad cansada de los abusos por parte del gobierno de Daniel Ortega, entre los que se incluye un nepotismo sin cuartel que pasa por la intención de perpetuarse en el poder a través de su esposa, Rosario Murillo, candidata a sustituirlo en la presidencia.
Todo ello ha canalizado las protestas hacia un objetivo muy distinto al inicial: exigir la renuncia de Ortega y la convocatoria a elecciones generales, una propuesta que no es aceptada por el Ejecutivo y que mantiene trancadas las negociaciones que buscan una solución a la crisis.
Aunque por razones distintas, es inevitable hacer un paralelismo entre la situación del país centroamericano con lo ocurrido en Venezuela durante 2017, luego de que el 31 de marzo de 2017 la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz dijo a través del canal del Estado que en nuestro país había una «ruptura del hilo constitucional», tras la emisión de las sentencias 155 y 156 por el Tribunal Supremo de Justicia, en las que el Poder Judicial tomaba las atribuciones del Parlamento por considerar que está en desacato.
El mismo fin
A pesar de que el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron orígenes distintos, en ambos casos hubo una respuesta popular que encendió la movilización de calle y una violenta respuesta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
En Nicaragua, la oposición -encabezada por el partido Frente Amplio por la Democracia- e integrantes de la Juventud Sandinista (estructura similar a la Juventud del PSUV) mantuvieron ciertos enfrentamientos durante el mismo 18 de abril, ya que unos estaban en contra y otros a favor por la medida. Ese día se sumaron estudiantes de la Universidad Centroamericana en Managua que manifestaron su repudio a las reformas y que también tuvieron sus enfrentamientos.
En Venezuela las calles se incendiaron el 1 de abril de 2017, día previsto para realizar una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto, desde donde partiría una marcha hacia la Defensoría del Pueblo para exigirle al entonces defensor, Tarek William Saab, que se pronunciara contra las medidas emitidas por el máximo tribunal del país. Pero el objetivo no se alcanzó, pues piquetes de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana impidieron el avance de la marcha en Plaza Venezuela.
Tras seis días consecutivos de protestas se registró la primera muerte: Jairo Ortiz, un joven de 19 años que recibió un disparo a la altura del tórax.
Mientras, en Nicaragua, las protestas en contra del Gobierno contaron con sus primeras tres víctimas en los primeros días: un policía (Milton Manzanares), un manifestante (Darwin Urbina) y un estudiante (Richard Pavón).
En ambos países se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la detención de personas por motivos políticos, que en Nicaragua se ubica en 137 personas para el 26 de julio, mientras que en Venezuela se cuentan 250, aunque la cifra que maneja el Foro Penal incluye detenidos desde 2014 y por otros motivos distintos a la protesta de 2017.
Durante las manifestaciones en nuestro país se denunció que la Guardia Nacional usaba tornillos y otros proyectiles para disparar a los manifestantes, que eran «protegidos» por los integrantes de la «resistencia» con escudos de latón o de madera, además del uso de bombas lacrimógenas que eran disparadas directamente a las personas. Luisa Ortega Díaz dijo en su oportunidad que la muerte del estudiante Juan Pernalete fue producto del impacto en el pecho de ese artefacto, mientras que el Gobierno sostenía que había sido por pistola de perno.
La gran diferencia
Una de las cosas que marcó la diferencia en las protestas que se registran en Nicaragua y las que se dieron en Venezuela, fue el llamado de las Fuerzas Armadas de aquel país a detener las acciones de calle, en un pronunciamiento que se tomó como el «distanciamiento» del cuerpo castrense oficial frente al gobierno de Ortega.
Al respecto, la agencia AFP reportó lo siguiente el pasado 14 de mayo: «No tenemos por qué reprimir. Creemos que el diálogo es la solución para resolver la crisis», dijo a la AFP el portavoz del Ejército de Nicaragua, el coronel Manuel Guevara (…) Luego, las FFAA emitieron un comunicado en el que llamaron a «detener la violencia», al tiempo que se solidarizaron con las familias de los fallecidos».
Tras este pronunciamiento, entraron en acción grupos paramilitares. Incluso, sectores opositores en la nación centroamericana denunciaron que los cuerpos de seguridad nicaragüenses recibieron el apoyo de Venezuela y Cuba con personal y equipos antimotines, cosa que no ha sido confirmada.
Las protestas en Nicaragua también han cobrado la vida de comunicadores sociales, algo que no ocurrió en Venezuela, donde solo se dio la retención de los periodistas, órdenes de borrar el material fotográfico y de video, sustracción y robo de equipos, así como constantes escenas de amedrentamiento.
En Nicaragua, el caso de la muerte de Ángel Gaona recorrió las redes sociales:
El papel de la Iglesia
Tanto en Nicaragua como en Venezuela, la Iglesia católica ha tenido un papel importante en los respectivos procesos. En la nación centroamericana, su actuación ha sido mucho más activa en buscar el diálogo entre el sector oficial y los manifestantes, aunque han sido más vilipendiados por los simpatizantes del Gobierno. Incluso, el mismo Daniel Ortega califica de “golpistas” a los obispos, mientras se multiplican las denuncias de agresiones físicas y maltratos a los representantes católicos.
Reporta Infobae que el pasado 9 de julio «una multitud de partidarios de régimen de Nicaragua empujó, golpeó y arañó al cardenal Leopoldo Brenes y a otros líderes católicos cuando intentaban entrar a la basílica de San Sebastián. «¡Asesinos!», les gritaban. Un obispo auxiliar fue acuchilladoen un brazo con algún tipo de objeto afilado».
Tanto ha sido el conflicto con la Iglesia -que se ha mostrado firme ante sus solicitudes y es una de las instituciones en las que confían los nicaragüenses- que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó este 26 de julio al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de estar librando una «guerra» contra la Iglesia católica, que actúa como mediadora en el diálogo nacional que busca una salida al conflicto que ha dejado más de 440, según Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Esta acción puede ser considerada similar a lo que ocurrió con el Cardenal Jorge Urosa Savino en Catia el 16 de julio de 2017, cuando un grupo de civiles armados -conocidos en Venezuela como colectivos- intentó entrar a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen donde estaba el clérigo ofreciendo una misa.
El papel de la Conferencia Episcopal de Venezuela también se ha plantado fuerte, buscando siempre la concertación entre las partes y ha ofrecido ser garante de un eventual proceso de diálogo, que en nuestra nación ha tenido varios intentos fallidos, el último en febrero de 2018.
Baño sangriento
Este 27 de julio, Nicaragua llegó a los primeros 100 días de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, justo cuando Daniel Ortega ejercía por primera vez la presidencia.
Los más de tres meses de protestas han dejado un saldo más que lamentable: 448 muertos, 2.830 heridos, 595 desaparecidos, en su mayoría civiles, cientos de detenidos, decenas de procesados y con una economía con expectativas a la baja, según la ANPDH. Entre los fallecidos, la organización reportó una brasileña, un estadounidense y un guatemalteco.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó la muerte de al menos 295 personas en los primeros 99 días del estallido social.
Cualquier de las dos cifras supera con creces la de víctimas mortales que dejaron los tres meses de manifestaciones en Venezuela durante 2017: unos 157, según los datos de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Durante la jornada de este viernes, los denominados «Autoconvocados», opositores al Gobierno de Ortega, celebraron manifestaciones en diferentes ciudades en el marco de los 100 días de protestas, sin incidentes.
Un grupo de estudiantes de Medicina nicaragüenses también rindieron homenaje a Rayneia Gabrielle Lima, su compañera de origen brasileño asesinada la noche del pasado 23 de julio en el sur de Managua, víctima de los disparos de «un grupo de paramilitares», según informó el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.
También la policía confirmó que mantiene detenido al alcalde opositor del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, y lo señaló de pertenecer a un grupo «terrorista» que atacó una delegación policial y donde resultaron muertos tres oficiales y un civil.
En tanto, un grupo de encapuchados armados intimidó a los trabajadores de la empresa ND Medios, uno de los grupos mediáticos más importantes de Nicaragua.
La vicepresidenta Rosario Murillo instó a los nicaragüenses a no admitir dentro de su ser sentimientos de odio y rencor, ni albergar deseos de venganza.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.
