Provea: 14 venezolanos fueron asesinados por torturas entre enero de 2018 y junio de 2019
El registro de casos de torturas levantado por Provea en 2018 con 109 casos es el segundo más alto desde 2013 y solo es superado por los 185 casos registrados en 2014
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denuncia que 14 venezolanos fueron asesinados bajo torturas en tan solo 17 meses. Esta organización asegura que esta práctica se ha vuelto cotidiana en Venezuela y se ha «institucionalizado en la mayoría de los cuerpos policiales y militares», tendiendo a normalizarse, invisibilizando a las víctimas y manteniendo un ciclo interminable de revictimización y abusos.
Yoel Núñez, indígena warao de 38 años, fue detenido en octubre de 2018 por funcionario de la Guardia Nacional junto a otras cinco personas por trasladas combustible, presuntamente de contrabando a través del río Orinoco, en el estado Bolívar. Los detenidos fueron llevados a un comando en la ciudad de Puerto Ordaz y allí Yoel Núñez fue golpeado.
Dos días después del arresto, Núñez fue liberado y trasladado a un ambulatorio en Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas, tras presentar un cuadro febril. Como no presentó mejoras, fue remitido al hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita, donde murió el 30 de octubre.
De acuerdo con el testimonio de su padre, Yoel Núñez falleció producto de las torturas que recibió durante su detención. Su cadáver presentó signos de haber recibido una golpiza.
José Alberto Acosta González, obrero de 27 años de edad residente del estado Zulia, fue asesinado bajo torturas por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al Servicio de Tránsito Terrestre. Según las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), este trabajador fue detenido el 14 de diciembre de 2018 por los agentes Erick de Jesús Torres Osorio, Rafael Benito Franco Chinchilla, Eduardo Ramón Machado Andrades y dos oficiales más para interrogarlo por el delito de robo.
Acosta González fue trasladado en una patrulla hasta el Comando de Tránsito Terrestre de la PNB «General Rafael Urdaneta», en la calle 99 del barrio Bolívar, en Maracaibo; pero horas más tarde el cuerpo del detenido fue encontrado en una zona del sector El Palotal, al sureste de Maracaibo, estado Zulia. El expediente de la detención de este hombre no llegó a tribunales ni aparece registrado en el libro de novedades de este servicio de Tránsito Terrestre.
El informe del Cicpc revela que el oficial Erick Torres utilizó como método de interrogatorio un arma de fuego orgánica desprovista de su cacerina, con la que apuntaba al investigado «y en un momento la accionó y le propinó un disparo y cayó herido; luego, en compañía del resto de los oficiales, optaron por trasladarlo a bordo de una unidad policial, tipo camioneta Toyota Hilux, signada con el número 0887, hacia un paraje solitario donde abandonaron el cuerpo sin vida de la víctima».
Pablo Ángel Sivira, 31 años, fue encontrado muerto por sus familiares el 22 de abril de 2018 cerca del sector El Cohete en Carayaca, estado Vargas. El hombre tenía las manos atadas, el rostro quemado y una herida en la ingle. La familia de Sivira asegura que fue torturado y asesinado por funcionarios policiales y presuntos vigilantes de la empresa privada avícola La Providencia.
De acuerdo con los relatos, Pablo Sivira fue capturado por los policías y empleados cuando, junto a otras 80 personas, se encontraba saqueando pollos dentro de las instalaciones de la empresa. Su cadáver fue encontrado a unos 20 metros de los galpones.
El caso que causó más conmoción a nivel nacional e internacional fue el del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018 mientras se encontraba bajo custodia policial en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, bajo circunstancias que hacen presumir un asesinato debido a torturas.
La detención arbitraria de Albán y su posterior desaparición forzada generaron dudas sobre el trato que recibió estando bajo custodia de funcionarios del Sebin. Además de las contradicciones entra las versiones del Ministerio Público y el Sebin y las circunstancias de su muerte.
Dos días después de su muerte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades venezolanas una investigación independiente e imparcial de la muerte del dirigente de Primero Justicia. Ravina Shamdasani, portavoz de Acnudh, dijo: «Hay mucha especulación sobre lo que pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado. Hay mucha especulación y por eso necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte».
Sin embargo, casi un año después de la muerte de Fernando Albán no se ha iniciado ninguna investigación que esclarezcan las causas de la muerte.
Provea afirma que «las sedes policiales y militares del país, especialmente las del Sebin y la de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se han convertido en centros especializados de torturas, donde este crimen se comete a diario contra los detenidos por razones políticas».
Los testimonios de quienes han permanecido detenidos en estos calabozos indican un patrón de abusos que institucionalizó la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos; pero a diario también se torturan a centenares de presos por delitos. La mayoría son hombres jóvenes y pobres, sin acceso a abogados y desprovistos de medios económicos para garantizar una defensa adecuada, denuncia Provea.
2018: el segundo año con más torturados
Con base en el registro de torturas realizado por Provea, 2018 es el segundo año con más casos de detenidos torturados desde 2013 con 109 casos y solo es superado por los 185 registrados en 2014. En los 109 casos levantados por Provea se identificaron a los cuerpos de seguridad como responsables por la comisión de estos abusos.
La Dgcim encabeza la lista con 75 denuncias que involucran el mismo número de víctimas. Le siguen el Sebin con 12 denuncias, el Cicpc con 11, la PNB y el Ejército con cuatro casos cada uno, la GN y la Armada con un caso cada uno y en uno de los casos no se pudo identificar a los responsables.
Del total de los casos identificados por Provea, al menos 97 (88,99%) fueron hombres, mientras que el promedio etario se situó entre los 27 y los 60 años de edad.
A las 13 personas asesinadas bajo torturas en 2018 se le ha sumado al menos una nueva víctima en 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado por funcionarios de la Dgcim tras recibir torturas desde el momento de su detención el pasado 26 de junio de este año.
Acosta Arévalo falleció el 29 de junio luego de que un tribunal militar que seguía su causa ordenara su traslado a un hospital debido a su complicado estado de salud.
De acuerdo con las cifras de Provea, desde enero de 2018 hasta junio de 2019, 14 personas han muerto por torturas. Una cifra alarmante que refleja la consolidación del terror y el castigo como métodos para someter a toda la población.
