Crean nuevas Áreas de Defensa Integral: Provea apunta «militarización total» del país
Provea señaló que las recién creadas Áreas de Defensa Integral en todos los municipios del país, que vienen a reemplazar las creadas en 2013, 2015 y 2021, son un «nuevo oxígeno a la militarización total» bajo la excusa de la «defensa de la soberanía». La administración de Nicolás Maduro dijo que las ADI tienen como misión «neutralizar, mitigar o atenuar posibles riesgos y amenazas»
La administración de Nicolás Maduro ordenó la creación, vía decreto, de las «Áreas de Defensa Integral» en cada municipio del país, bajo la justificación de «neutralizar, mitigar o atenuar posibles riesgos y amenazas» contra la población.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que esta medida «constituye un paso crucial hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos».
Según el decreto 5.163, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.929, de fecha lunes 22 de septiembre, las llamadas «Áreas de Defensa Integral (ADI)» están inscritas dentro de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de cada estado.
Tienen como misión «conducir las operaciones para la defensa integral en su jurisdicción, a fin de reforzar la seguridad regional» en todas las municipalidades del país, incluyendo la Guayana Esequiba. En esta entidad, bajo reclamación territorial con Guyana pero reconocido por la administración Maduro vía referendo, las ADI fueron asignadas a los municipios Sifontes y Gran Sabana (estado Bolívar), al igual que Antonio Díaz (Delta Amacuro).
El mismo decreto, en su artículo 3, aclara que con esto no se pretende «fijar límites territoriales, establecer delimitaciones, ni proceso alguno de demarcación, en ningún sentido. Su único y exclusivo alcance se refiere a la protección frente amenazas, riesgos y otras vulnerabilidades, de modo que no supone bajo ningún respecto pronunciamiento relativo a cuestiones territoriales que por su propia naturaleza le son ajenas».
Áreas de Defensa Integral: militarización segura
Provea señaló que estas nuevas Áreas de Defensa Integral, que vienen a reemplazar las creadas en 2013, 2015 y 2021, son un «nuevo oxígeno a la militarización total» bajo la excusa de la «defensa de la soberanía».
La organización destacó que esta decisión, además, se produce en un contexto «caracterizado por los graves abusos contra los derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos sociales».
La oenegé recordó que esta militarización, que ya se ha dado a través de planes como Patria Segura, los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), Plan Zamora, Escudo Bolivariano o Relámpago del Catatumbo, solo propician «numerosas» violaciones de derechos humanos.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales han marcado estos planes a lo largo de la administración Maduro. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH y otros organismos de la ONU han denunciado las continuas violaciones a través de estos operativos. Los reclamos de víctimas han quedado, en su mayoría, impunes en el sistema judicial.
Provea insistió en que las Áreas de Defensa Integral suponen «una seria y adicional amenaza» para derechos como la libre asociación, reunión y expresión pacíficas, entre otros.
Asimismo, la ONG puntualizó que este anuncio coincide con el adiestramiento militar permanente que implementó Maduro en comunidades populares, en respuesta al despliegue militar estadounidense en el Caribe sur por operaciones antidrogas. La administración chavista ha dicho que estas operaciones de EEUU, en realidad, buscan un «cambio de régimen» en el país.
Estas comunidades, señaló Provea, son las mismas que protagonizaron protestas contra los resultados proclamados por el CNE de las elecciones presidenciales de 2024 y fueron «víctimas de allanamientos masivos y actos de hostigamiento mediante la instalación de centenares de dispositivos de cerco policial-militar que generaron un severo impacto en la vida del núcleo familiar y constituyeron actos de terrorismo de Estado».
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