Provea asegura que de cada 100 violaciones a los DDHH solo dos son investigadas
“Pasar una navaja por la planta del pie, aplicarles corriente, arrancarles las uñas; son parte de las torturas que han hecho efectivos de los cuerpos de seguridad” en contra de los detenidos, de acuerdo a las declaraciones del abogado Alfonso Medina Roa
El miércoles 12 de julio, el coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Inti Rodríguez, aseguró que en Venezuela de cada 100 violaciones a los DDHH cometidas por funcionarios, grupos armados y los llamados colectivos, solo dos casos son investigados.
Durante su participación en el foro “Basta de Torturas”, en el que estuvieron representantes de la Colación de DDHH y la Democracia, la ONG Militares Libres y Provea; Rodríguez señaló que desde el año 2013 en el que Nicolás Maduro llegó al poder han aumentado considerablemente el número de casos de torturas.
Expresó que durante el marco de las protestas antigubernamentales de 2017 la organización defensora de los DDHH registró un alza de 561% en los casos de torturas con respecto al año anterior.
Acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de ser los mayores responsables de infringir este tipo de prácticas violatorias de los derechos universales de los ciudadanos, seguido de los grupos paramilitares mejor conocidos como colectivos.
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Para el abogado Alfonso Medina Roa, el Gobierno venezolano a manos de Maduro ha decidido institucionalizar la tortura, como método para obligar a los ciudadanos a declarar en contra de su voluntad sobre actos en los que se les busca incriminar.
“Pasar una navaja por la planta del pie, aplicarles corriente, arrancarles las uñas; son parte de las torturas que han hecho efectivos de los cuerpos de seguridad” en contra de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), o a todo aquellos venezolanos detenidos por expresarse abiertamente en contra de las políticas implementadas por el Gobierno de turno.
Tal es el caso del oficial de la Guardia Nacional Iver Marín Chaparro, detenido hace cuatro meses por funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por su presunta participación en un plan para derrocar al mandatario Nicolás Maduro.
Joselyn Carrizales esposa de Marín Chaparro, denunció que desde el momento de su detención su esposo ha sido víctimas de las más atroces torturas, relató que al ser presentado ante el Tribunal Militar presentaba las secuelas de los maltratos sufridos.
Señaló que en durante el tiempo que tiene detenido en la cárcel militar de Ramo Verde ha podido ver a su esposo solo en tres oportunidades y en un corto límite de tiempo.
El abogado y defensor de los DDHH Alfonso Medina Roa, aprovechó su participación en el foro para acusar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, de ser cómplices del Estado al callar ante estas situaciones de torturas.
Indicó que en aunque en Venezuela existan leyes que castigan este tipo de delitos, los entes competentes han dejado que se apodere la impunidad.
Invitó a los ciudadanos a solidarizarse con todos aquellos funcionarios de la FAN que han decidió cumplir el llamado del pueblo “hacer lo que rezan sus principios” y levantarse en contra de la dictadura, motivo por el que actualmente se encuentran detenidos.
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