Provea celebra excarcelación de Grajales y exige libertad para todos los presos políticos
La excarcelación de Martha Lía Grajales reaviva exigencia de las ONG para que más de 800 presos políticos sean liberados, y que se respete y proteja la labor de los Comités de Víctimas frente a la creciente represión y el cierre del espacio cívico
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) celebró la excarcelación de la defensora de derechos humanos Martha Grajales, pero advirtió que en el país aún hay más de 800 presos políticos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica, para quienes exigió libertad.
«Junto a Martha Lía Grajales todos los presos políticos del país deben ser liberados, y la labor de los Comités de Víctimas debe ser respetada y protegida», escribió la ONG en su cuenta de X este miércoles 13 de agosto, horas después de que se conociera que la integrante de Surgentes recibió medidas cautelares.
Provea insistió que las medidas que las autoridades le otorgaron a Grajales se dieron gracias a «la solidaridad nacional e internacional y a las insistentes denuncias de sus familiares, activistas y ONG sobre la detención arbitraria y desaparición forzada». El esposo de la defensora de DDHH, Antonio González, detalló que seguirá sometida a un proceso judicial «a todas luces arbitrario» por delitos que no cometió; ya que fue acusada de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación».
De los más de 800 presos políticos, recordó la organización, hay cinco defensores de derechos humanos y 100 mujeres, y afirmó que siguen tras las rejas por haber ejercido, igual que Grajales, sus derechos como libre expresión, asociación y manifestación pacífica. También denunciaron que han sido víctimas de «detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones al debido proceso e incomunicación y/o aislamiento prolongado».
«Reiteramos que defender derechos no es delito y, por tanto, todas las personas presas políticas deben ser liberadas de inmediato», agregó Provea.
Por su parte, la Cancillería de Colombia recibió «con beneplácito» la noticia de la excarcelación de la activista del Comité Surgentes y aseguró por medio de X que desde que se conoció de su detención, la canciller, Rosa Yolanda Villavicencia, «adelantó gestiones diplomáticas para lograr el objetivo final de su liberación y protección de sus derechos». Martha Lía Grajales es una ciudadana colombiana, nacionalizada como venezolana.
Defensores de derechos humanos han insistido que las agresiones contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y la posterior detención de Martha Grajales «forma parte de una ofensiva estatal dirigida a intimidar y silenciar las voces de centenares de familiares que han permanecido en las calles denunciado los graves abusos cometidos tras la razzia poselectoral y el continuo cierre del espacio cívico».
En este mismo sentido, indicaron que integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y sus defensoras Andreina Baduel y Sairam Rivas también han sido víctimas de hostigamiento y amenazas, para quienes expresaron respaldo y exigieron respeto y protección.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
