Provea considera necesario que los mecanismos de protección continúen sobre Venezuela

Provea espera que tanto la comunidad internacional, pero sobre todo la sociedad venezolana, sean garantes y vigilantes para «exigir que se cumplan todas las recomendaciones derivadas de los informes de estos dos organismos»

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes 25 de septiembre una nueva actualización de su informe sobre los DDHH en Venezuela, al manifestar que desde marzo -durante la vigencia del estado de alarma en el país-, se han seguido documentando casos irregulares en Venezuela.

Bachelet mostró gran preocupación por los más de 2.000 asesinatos ocurridos entre enero y agosto en barrios marginados. Los temas abordados por la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH fueron: represión y detenciones sobre quienes reclaman salarios, servicios y gasolina; ataque contra defensores y periodistas, estigmatización de retornados, muertes del personal de salud por la ausencia de mecanismos de protección, malas condiciones en las cárceles, emergencia alimentaria, ejecuciones de jóvenes en operativos de seguridad, politización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ataque a los partidos políticos y la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) irregular e inconsulto.

Michelle Bachelet también hizo un llamado para que se levanten las sanciones que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela, pidió libertad para los privados de libertad por razones políticas y llamó a elecciones libres.

En este sentido, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aclara que esta actualización oral realizada por Michelle Bachelet sobre la situación venezolana solo incluye hechos ocurridos en los dos últimos meses y medio.

A juicio de Uzcátegui, «este informe es una ratificación de que la gravedad, la profundidad, la magnitud de las violaciones de DDHH en Venezuela necesitan que todos los mecanismos internacionales de protección continúen activados sobre Venezuela. Es decir, el Estado venezolano por sí solo es insuficiente para implementar políticas y medidas que detengan estos abusos contra la dignidad humana», expresa.

Asimismo, el coordinador de Provea hace énfasis en la opinión de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos de que la convocatoria a elecciones parlamentarias aún no tiene condiciones ni creíbles, ni libres, ni inclusivas, ni equitativas; por lo que, desde esta ONG creen que tiene que «fortalecerse y renovarse el mandato para que tanto la Misión de Determinación de los Hechos y el Alto Comisionado continúen trabajando sobre Venezuela».

De la misma manera, Uzcátegui espera que tanto la comunidad internacional, pero sobre todo la sociedad venezolana, sean garantes y vigilantes para «exigir que se cumplan todas las recomendaciones derivadas de los informes de estos dos organismos».