Provea contabilizó 601 detenciones arbitrarias en los primeros seis meses de cuarentena
Además de las detenciones arbitrarias, Provea registra entre los meses de marzo a septiembre de este año, cinco personas asesinadas
Provea presentó este miércoles 12 de noviembre su informe «La disciplina del miedo»; el cual centra su atención en dos violaciones a los derechos civiles y políticos ocurridas en los seis meses del estado de alarma: las detenciones arbitrarias y las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica. Este documento concluye que en los meses de cuarentena se «agravaron las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país».
De acuerdo con esta organización, la ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social, la falta de reglamentos que deberían detallar lo establecido en el decreto de alarma ocasionaron que diversas interpretaciones de las autoridades, en las que «priorizaron el mantenimiento del orden sobre el respeto a los derechos humanos»; lo que a su vez conllevó múltiples irregularidades, entre ellas corrupción y extorsión por parte de militares y policías a quienes hubiesen vulnerado las medidas sanitarias.
De acuerdo con el registro de Provea, entre los meses de marzo a septiembre de este año, cinco personas fueron asesinadas y 442 fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en todo el país. La organización también contabiliza que otras 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo periodistas, políticos e integrantes del sector salud mientras intentaban visibilizar las situaciones irregulares que ocurrían en medio de la cuarentena por la covid-19. Asimismo, esta ONG considera que «la respuesta a la covid-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica».
Del total de detenciones, 108 casos (67,5%) ocurrieron en los tres primeros meses de cuarentena. Distrito Capital concentró 34 casos (21,25%). El único estado donde no se registraron detenciones fue en Amazonas. Asimismo, el informe de Provea detalla que 38 de las primeras 108 detenciones fueron contra mujeres.
Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias fueron la Guardia Nacional (34 casos), las Fuerzas de Acciones Especiales (17 casos) y la División General de Contrainteligencia Militar (17 casos). También se registraron dos casos de detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la Guardia Nacional y colectivos armados. En total, 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron en las detenciones arbitrarias.
Los perfiles de las personas detenidas sugieren las motivaciones de su privación de libertad. Al menos 59 detenciones arbitrarias ocurrieron contra periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación, representando respecto al total 37,10%. Por otra parte, se registraron al menos 33 detenciones arbitrarias contra personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos, para 20,7% del total.
El tercer perfil con mayor cantidad de detenciones arbitrarias fueron los médicos, enfermeros y personal vinculado al sector salud, con 25 privaciones arbitrarias de la libertad, 13,5% respecto a los datos globales. 10 trabajadores y/o sindicalistas también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal.
Sobre los hechos que motivaron la acción, al menos 17 personas fueron detenidas por dar información, denuncias y visibilizar situaciones relacionadas con la pandemia de la covid-19. Adicionalmente, al menos 13 personas fueron detenidas arbitrariamente por grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones de servicio.
Desagregando por estado, tenemos que las mayores regiones con casos de detenciones arbitrarias en manifestaciones fueron Bolívar (57 casos), Zulia (49 casos) y Lara (46 casos). Comparativamente, en el Distrito Capital solo ocurrieron nueve situaciones, al igual que en Miranda, con la misma cantidad de casos. La Guardia Nacional con 222 casos (50,2%), fue el organismo de seguridad responsable de la mayor cantidad de detenciones en protestas.
El informe «La disciplina del miedo», también da cuenta de cinco asesinatos en el contexto de manifestaciones, lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país. Las víctimas fueron Charlis Antonino Núñez (29), Rafael Hernández (21), Joe Luis Albornoz Paz (18), Carlos Enrique Chaparro (47) y Junior Enrique Chaparro.
Provea concluye que con la covid-19, la militarización y la política de seguridad nacional se ha recrudecido, mantenido la política de persecución y acoso contra grupos denominados críticos, opositores por razones políticas. Del mismo modo, expone que la llamada «ley del odio» se consolida como el instrumento para criminalizar, controlar y para informar sobre personas que hacen denuncias, críticas, protestan o informan; sumado a personas que tienen juicios abiertos con casa por cárcel y violaciones y limitaciones a sus derechos.
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