Provea denunció amedrentamiento del Cicpc contra directora de ONG
Provea denunció que funcionarios del Cicpc amedrentaron a la defensora de DDHH Aracelis Sánchez en su residencia. La activista, a través de un video publicado en las redes sociales de Provea, dijo que los efectivos entraron en su casa y le entregaron una citación para presentarse en la sede de ese cuerpo de seguridad
Aracelis Sánchez, defensora de Derechos Humanos y directora de la ONG Orfavideh, fue amedrentada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), según denunció jueves el 1° de diciembre Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
En las redes sociales de Provea se colgó un video en el que Sánchez relata que efectivos de la Policía Científica se presentaron en su residencia para decirle que tenía una presunta denuncia y que debía presentarse este viernes 2 de diciembre en la sede del Cicpc.
«Los funcionarios del Cicpc irrumpieron en mi casa. Tocaron la puerta muy fuerte. Cuando yo abro, pensando que era mi hijo, eran los funcionarios», relató.
Contó que los agentes de ese cuerpo de seguridad no supieron dar respuesta del por qué de la citación en su contra y manifestó que ella no ha cometido delito alguno. Procedió a tomar fotos de los funcionarios, explicándoles que el fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, había dicho que cuando había atropellos de los efectivos era importante documentarlos.
*Lea también: Foro Penal pide que en diálogo de México no se comprometa investigación de la CPI
Una vez hecho eso, los funcionarios del Cicpc se escondían para no estar retratados en las fotos. Mientras hacía eso, mencionó que era defensora de DDHH y se fueron sin hacerla firmar nada. Denunció que le están imputando la presunta comisión de delitos contra la persona.
«Esto es amedrentamiento», espetó.
Provea agrega en su hilo de Twitter que los funcionarios del Cicpc le dijeron a Sánchez que si se oponía a presentarse, se asumía su culpabilidad.
Tras lo ocurrido, Aracelis Sánchez y su esposo acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar lo que estaba sucediendo.
«Denunciamos este acto como un nuevo y claro intento por amedrentar e intimidar a los defensores de derechos humanos y a quienes denuncian los graves abusos cometidos por policías y militares», dice Provea.
La Sra. Sánchez denuncia que los funcionarios del CICPC le indicaron que debía rendir declaraciones ante el organismo y le entregaron una boleta de citación. "Si usted se opone, entonces es culpable" le indicaron
— PROVEA (@_Provea) December 1, 2022
Aracelis Sánchez ha denunciado desde hace varios años, la violencia policial que viven los habitantes de las comunidades populares del país. Su organización @Orfavide ha documentado, junto a familiares y activistas comunitarios, las ejecuciones policiales cometidas en los barrios
— PROVEA (@_Provea) December 1, 2022
Provea y el resto de organizaciones de #DDHH respaldan totalmente el trabajo de @Orfavide y de los familiares de víctimas de abusos contra los #DDHH
— PROVEA (@_Provea) December 1, 2022
Esta situación con la activista y directora de la ONG que agrupa a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones (Orfavideh), Aracelis Sánchez, se genera el mismo día en que Tarek William Saab sostuvo una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Como contexto, es importante resaltar que la investigación por el caso Venezuela I en la Corte Penal Internacional (CPI), en donde se señala al Estado venezolano de haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad, sigue andando a pesar de las reticencias de la administración Maduro.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) invitó a las víctimas el pasado 18 de noviembre a presentar sus observaciones, lo que permite a los convocados tener voz a través de sus abogados ya reconocidos por este tribunal.