Provea: En diciembre de 2020 se demolió el último vestigio de independencia de poderes
Uno de los elementos que pueden constatar este entorno represivo, a juicio de Provea, es que quienes más sufrieron detenciones arbitrarias fueron aquellos que buscaban visibilizar las malas políticas en torno a la respuesta a la pandemia de coronavirus
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles 7 de julio su informe anual sobre DDHH donde se destaca que en diciembre de 2020, con las cuestionadas elecciones de un nuevo parlamento, «se ha demolido el último vestigio de independencia de poderes» en el país.
Durante la presentación del informe anual «Libertades democráticas en estado de alarma», Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, señaló que la nueva Asamblea Nacional (AN), abiertamente oficialista, «genera una simulación parlamentaria para aprobar abiertamente leyes inconstitucionales» que afectan a la sociedad en general.
Una de la razones de la instalación de este nuevo parlamento, dijo el representante de Provea, fueron los errores cometidos por la AN electa en 2015, que bajo la figura del gobierno interino se sumaron en opciones violentas como la operación Gedeón.
Uzcátegui también dijo que este «arco dictatorial» implementado por Nicolás Maduro y su gabinete «se completa con la extinción progresiva de las libertades democráticas», y que además ha encontrado en las medidas por la pandemia de coronavirus un espacio para aumentar mecanismos de contrtol sobre la población y los territorios, a través de decretos de alarma vigentes desde marzo de 2020.
«Esto está siendo aprovechado por el oficialismo para reimpulsar proyectos que en el pasado generaban una importante contestación de varios sectores de la población», destacó el coordinador de Provea, y puso como ejemplo la discusión para aprobar proyectos de ley referentes a la instauración de un Estado comunal, restricción a la ayuda y financiamiento internacional.
Otro de los elementos que pueden constatar este entorno represivo, a juicio de Provea, es que quienes más sufrieron detenciones arbitrarias fueron aquellos que buscaban visibilizar las malas políticas en torno a la respuesta a la pandemia de coronavirus. «Primero los políticos, luego periodistas, personal de salud y activistas y defensores de derechos humanos«, enumeró Uzcátegui.
También se profundizó la pobreza en un contexto de emergencia humanitaria compleja y pandemia, destacó Provea en un apartado de su informe, con un incremento de la migración, de la debilidad de los servicios básicos, bajo un Gobierno que utiliza las sanciones como excusa sobre la situación de precariedad.
Bajo este escenario, Provea mencionó que son la sociedad civil y organizaciones internacionales que hacen contención y cuestionamientos a los actores en conflicto. Uzcátegui resaltó que, aunado a esto, hay cinco mecanismos internacionales de protección sobre derechos humanos activos sobre Venezuela: examen preliminar de la CPI, misión de determinación de hechos de la ONU, actuación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU sobre DDHH, la comisión de encuesta de la OIT y el Meseve.
Salud en crisis
La presidenta del Colegio de Enfermeros de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, destacó que desde el año pasado más del 70% de los hospitales públicos no tienen servicio de agua o equipos de bioseguridad.
Con la llegada de la pandemia de coronavirus, la situación no mejoró para el personal salud. En junio de 2020 se registró la muerte del médico Samuel Viloria por covid-19. Tan solo este año han contabilizado 377 fallecidos, solo en junio fueron 97 trabajadores de la salud.
Contreras también señaló que a dos meses de haber llegado las vacunas contra la covid-19 a Venezuela, el personal de salud no ha sido 100% inmunizado pese a tener prioridad absoluta por estar en la primera línea de respuesta.
«¿Por qué en Venezuela no se ha tomado la vida de los trabajadores, de los venezolanos en serio? Seguimos exigiendo un plan de vacunación serio, científico, con vacunas debidamente aprobadas por organizaciones internacionales», aseveró la enfermera.
También señaló que el personal de salud aprobó la instalación de una mesa técnica para acceder la mecanismo Covax, que actualmente está paralizada. Recordó además que debido a la falta de indicadores actualizados por parte del régimen de Nicolás Maduro, no se pudo acceder a estas vacunas sin pagar.
*Lea también: OPS asegura que trabaja con Covax para que Venezuela reciba suficientes vacunas
«Aquí tenemos un Estado irresponsable con el pueblo venezolano, que no ha cumplido con el deber de garantizar la vida a la población», afirmó la enfermera.
Ejecuciones extrajudiciales
El padre Alfredo Infante, director del Centro Gumilla, se refirió a las violaciones al derecho a la vida durante la presentanción del informe anual de Provea, bajo la iniciativa de estas dos ONG llamada LUpa por la Vida.
El año pasado, Provea y Centro Gumilla contabilizaron 2.853 ejecuciones extrajudiciales, principalmente cometidas por organismos de seguridad como el Cicpc, la PNB y las FAES. El padre Infante recordó que estas son graves violaciones que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.
Lupa por la Vida detalló que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, «lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes«.
Debido al contexto de pandemia, se registró una reducción del 50% solo en el primer trimestre del año de ejecuciones extrajudiciales, pero el padre Infante destacó que «el que hayan bajado no quiere decir que no siga siendo alto su número o condenable, seguimos exigiendo que se castiguen».
*Lea también: Qué dice el informe de Bachelet sobre violaciones de DDHH en el último año
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de Investigación de Provea, destacó el aumento de los desplazamientos internos como consecuencia de la violencia creciente en el país. Puso como ejemplo más reciente los enfrentamientos entre la Fuerza Armada y grupos irregulares en Apure, lo que obligó a más de seis mil personas a movilizarse hasta la población de Arauquita (Colombia) y otras entidades limítrofes.
Provea y el Centro Gumilla también han identificado desplazamientos en la zona de Barlovento (Miranda) debido a la alta peligrosidad por grupos armados de la zona, al igual que en Maracaibo (Zulia) y Petare (Miranda).
En el caso de la parroquia La Vega, explicó Marino Alvarado, afectada por el control de bandas armadas «es importante» porque hasta hace poco esta zona era receptora de familias que venían de Barlovento y otros lugares violentos.
El coordinador de investigación de Provea también exigió al Ministerio Público que investigue de manera eficiente y con celeridad las masacres de La Vega (Distrito Capital) y El Ripial (Apure), «y que en todas las ejecuciones extrajudiciales no solo se investiguen a los ejecutores sino a la cadena de mando».
