Provea exige al PNUD pedir la liberación de los integrantes de ONG Azul Positivo
Provea considera que si se inicia un proceso judicial en su contra sería «una oportunidad de oro para hablar del tema de fondo, que es el foco de la criminalización del gobierno de la cooperación internacional»
El Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de Zulia dictó una medida preventiva privativa de libertad contra los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo, detenidos el pasado martes 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Los cinco detenidos Johan León Reyes, director general de la ONG zuliana; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social que fueron acusados de asociación para delinquir, uso ilícito de tarjetas electrónicas y legitimación de capitales serán recluidos en la sede del Dgcim de Maracaibo.
En oposición a esta medida, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, acudió a las afueras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para «exigirle que tengan un pronunciamiento abierto y público de rechazo a esta detención y para sumarse a esta campaña para exigir la liberación de estos compañeros».
Uzcátegui reitera que el trabajo de Azul Positivo «es absolutamente legítimo de asistencia humanitaria». Es una organización con varios años de trabajo en el Zulia, que además, trabaja en coordinación con representantes de Naciones Unidas dentro de Venezuela.
Desde el pasado año se venía alertando que 2021 sería el período de la ofensiva contra la sociedad civil y, en los pocos días que han transcurrido de enero esta se ha ido materializando con ataques contra el medio VPITV, Efecto Cocuyo y contra los integrantes de Azul Positivo, siendo este último hecho, a juicio de Rafael Uzcátegui, «la situación más grave», así como las amenazas contra Provea.
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Ataques contra Provea
Las constantes amenazas por parte de los representantes del gobierno en contra de las ONG y en especial en contra de Provea llevan varios meses, pero para Rafael Uzcátegui, el caso de que estas se materialicen; es decir, que se inicie un proceso contra ellos «es una oportunidad de oro para hablar del tema de fondo, que es el foco de la criminalización del gobierno de la cooperación internacional», explica.
Del mismo modo, el representante de Provea asegura que «el principal beneficiario de la cooperación internacional son las autoridades», pues recuerda que hasta varios de sus candidatos utilizaron la ayuda humanitaria para hacer campaña en las elecciones parlamentarias, hecho que lamenta.
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Uzcátegui reafirma que la ayuda internacional además de ser un derecho, es una necesidad en el país. En la actualidad se necesitan más medicamentos, más donaciones de insumos médicos, así como asesoría y cooperación técnica «para que las autoridades puedan tener la mejor respuesta posible; así que vamos a defender el derecho de la cooperación internacional», dice el defensor de derechos humanos.
Por otra parte, desde Provea se comprometen a seguir exigiendo a la comunidad internacional que mantenga los ojos sobre Venezuela, no únicamente para que ejerzan presión diplomática, sino para atender la crisis; en especial la migratoria que no cuenta con los recursos necesarios.
Rafael Uzcátegui condena que en Venezuela se hayan venido normalizando los ataques contra las organizaciones no gubernamentales y alertan que «a nivel internacional es una señal de alarma contra la sociedad civil»; por lo que el llamado es a seguir defendiendo el derecho de defender los derechos y aumentar los niveles de protección de los defensores de DDHH.
