Provea: Los grandes protagonistas de 2021 fueron la pandemia y la decisión de la CPI
Rafael Uzcátegui recordó que desde 2016 Provea califica a Maduro como un «gobernante no democrático»
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, ofreció una especie de balance en materia de Derechos Humanos en el país durante 2021 en el que afirmó que el año se caracterizó por tener dos grandes hechos: La pandemia y la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación formal en Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad producto, entre otras cosas, por las ejecuciones extrajudiciales realizadas por los cuerpos de seguridad.
En entrevista concedida a VPItv, Uzcátegui resaltó que en Provea se han recibido denuncias acerca de las limitaciones que la población ha tenido para poder tener acceso al plan de vacunación contra la covid-19 y de la dificultad para poder ser atendidos en el sistema de salud público del país.
En ese sentido, recordó que en una de las oleadas de alza en casos de virus «hubo severas limitaciones para que se pudiera tener una cama en un hospital o insumos para atender su situación en la red pública de salud. Pedían desde sábanas hasta oxígeno», advirtió.
De igual forma, insistió en que las autoridades sanitarias deben divulgar unas cifras respecto a la actividad de la enfermedad que sean «más confiables» de las que informan diariamente, ya que a su juicio las mismas crean dudas sobre la veracidad de las estadísticas y recordó que varios especialistas han sugerido que de los casos oficiales hay que multiplicarlos por cinco o seis veces más para tener un número más cercano a la verdad.
Estas situaciones dejó al descubierto la «fragilidad» del sistema público de salud, al igual que también reflejó que la crisis en los servicios básicos impidió que los venezolanos pudieran mantener una cuarentena segura en sus casas.
Sobre la actuación de la CPI, el coordinador nacional de Provea indicó que la decisión de ese organismo de iniciar una investigación en Venezuela obligó a las autoridades a buscar atenuar la acción de la mencionada Corte respecto a pesquisas y sanciones, así como también motivar iniciativas en pro de los DDHH como la serie de normativas que se han promulgado de manera expresa en la Asamblea Nacional afín a Maduro.
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A juicio de Rafael Uzcátegui, el balance que se puede hacer es que Venezuela sigue inmerso en una emergencia humanitaria compleja y que está agravada por la pandemia; un crecimiento en el flujo migratorio desde nuestro territorio a otros países y la ausencia de instituciones, entre ellas el sistema de administración de justicia.
Destacó que el 2021 también se caracterizó por un alto número de detenciones arbitrarias, principalmente de cinco grupos definibles como los integrantes de organizaciones políticas, personal del gremio de la salud, periodistas, sindicalistas y los trabajadores de las ONG.
Manifestó que hubo una expectativa cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela porque se pensaba que, por venir del mundo sindical, detendría la militarización de la seguridad ciudadana, cosa que más bien se agravó desde que llegó al poder. Por un lado con las OLP y por el otro con la creación de las FAES, organismo que la misma Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, pidió expresamente que se disolviera.
Recordó que desde 2016 Provea califica a Maduro como un «gobernante no democrático» y lo definieron, para la comprensión de la comunidad internacional, como una «dictadura moderna»; una descripción que «lamentablemente se ha venido confirmando a lo largo de los años, donde no hay respuesta de las instituciones del país para los reclamos de la ciudadanía, no solo por la violación de DDHH sino por delitos comunes» porque la institucionalidad está «erosionada».
Dentro de lo difícil de la situación del país, el coordinador general de Provea cree que una de las cosas positivas que se pueden rescatar es la suma de muchas personas en toda Venezuela a la defensa de los DDHH en casi la totalidad de entidades federales, lo que permite que existan más ciudadanos que pueden ser asesorados y donde pueden ser escuchados.
