Provea pide a la CPI garantizar que su oficina cumplirá funciones: significativas y efectivas
Para Provea, es necesario que una vez instalada la oficina del fiscal de la CPI se logren acuerdos con las administración de Nicolás Maduro, con el fin de garantizar que quienes decidan colaborar no sufran ningún tipo de represalias
Desde el Programa de Educación – Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) celebraron el anuncio sobre la instalación de una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, al tiempo que reconocieron el compromiso que las autoridades estatales han realizado para no poner obstáculos a los miembros designados para integrar esta oficina y trabajar sobre el terreno.
Rafael Uzcátegui director de Provea, catalogó como un “logro” que atribuyó principalmente a las víctimas y sus familiares, a quienes aplaudió por haber superado el miedo y el temor a las represalias y brindar su testimonio para que se conociera la gravedad de lo que ha ocurrido en nuestro país.
Asimismo, consideró que este avance también es posible gracias al liderazgo social y político del país, quienes también han acudido ante las instancias internacionales de protección debido a la falta de justicia en el país.
“Está investigación y, además, está cooperación con las autoridades venezolanas lo que hace es ratificar una vez más, que las autoridades no tienen ni la voluntad ni las capacidades para investigar o sancionar los hechos ni para incrementar medidas de no repetición de los mismos”, dijo Uzcátegui.
Esta presencia permanente de un equipo de la fiscalía de la CPI dentro de Venezuela llega para sumarse a la ya se tiene con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde Provea consideran que, “la profundidad de nuestro deterioro institucional y que se mantenga una situación de impunidad amerita la actuación de todos los mecanismos internacionales de protección, con roles complementarios”.
El director de esta ONG pidió a la oficina de la CPI que se va a instalar en el país, alcanzara un compromiso con los actores del régimen de Nicolás Maduro para que se garantice que no se tomarán represalia en contra de aquellos familiares de las víctimas, las víctimas, abogados defensores, actores políticos y organizaciones que decidan colaborar para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Por último, reiteró que la labor de esta oficina en el país debe ser robusta y conocida, para que “finalmente los procesos judiciales en nuestro país tengan las tres características que solicitan los estándares internacionales, que son: ser significativos, genuinos y ser efectivos”.
Las ONG esperan que con este avance entre la CPI y el régimen de Maduro, se dé paso a nuevas oportunidades, por lo que exigieron se permita también el ingreso de otros mecanismos, de los cuales hasta ahora se ha impedido el ingreso a Venezuela.
Celebramos la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela.
Un logro de las víctimas y familiares, quienes han denunciado a pesar de amenazas.
La decisión ratifica que el Estado venezolano no tiene capacidad de investigar ni sancionar crímenes. #1Abr pic.twitter.com/sqFu2GobHx
— PROVEA (@_Provea) April 1, 2022
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