Desde Provea y el OVCS exigen el cese de la represión contra las manifestaciones

Desde el OVCS y Provea, ven con preocupación como en lugar de atender los reclamos de la ciudadanía el Estado se aboca a responder con represión, lo que a su juicio solo «incrementa el sufrimiento de las familias».

Este miércoles 30 de septiembre desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa de Educación-Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea), emitieron un comunicado para denunciar ante el país y la comunidad internacional, lo que consideran un avance en la política de represión que se ha venido implementado desde el Estado en contra de todos los ciudadanos que deciden protestas de manera pacífica.

Aseguraron que esta política represiva ha quedado demostrada una vez más en los últimos días, cuando diversos estados en el interior del país han sido escenarios de protestas, donde la crisis «se siente con mayor profundidad sobre todo en los municipios que no son capitales de los estados» detallaron.

Ambas organizaciones consideran que «el caos en los servicios públicos ha deteriorado de manera considerable la calidad de vida de la familia venezolana. Cada día es una lucha por sobrevivir ante la escasez de agua, falta de gas doméstico, apagones, ineficiencia en el transporte público».

Desde el OVCS y Provea, ven con preocupación como en lugar de atender los reclamos de la ciudadanía el Estado se aboca a responder con represión, lo que a su juicio solo «incrementa el sufrimiento de las familias».

Hasta agosto de este año se habían documentado cerca de 6.000 acciones de calle. De esta cifra, más de 80% fueron manifestaciones motivadas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), ubicando las carencias socioeconómicas en el epicentro de las movilizaciones y acciones de calle de los ciudadanos.

Denunciaron casos como los ocurrido en localidades del estado Yaracuy el 26 de septiembre, cuando efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la policía del estado y civiles armados, reprimieron a manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas. Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las protestas.

Este patrón de represión se repitió en los estados Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre, donde también se registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas entidades fueron militarizadas por la GN.

Estas organizaciones defensoras de los DDHH, reiteran que estos actos solo confirman que «bajo la administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como los denunciaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos  y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en sus más recientes informes sobre Venezuela, donde esta última instancia confirma la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela».

Desde Provea y el OVSC exigen se garantice el cumplimiento y respeto al artículo 68 de la Constitución, el cual establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

También hacen un llamado para que de manera inmediata se les otorgue libertad plena a todas las personas detenidas de manera arbitraria en el marco de las manifestaciones pacíficas.

Solventar de manera oportuna las exigencias de los ciudadanos, quienes exigen servicios básicos y el cese de irregularidades en el suministro de gasolina.

Piden “realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades y sanciones correspondientes por las denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos durante las manifestaciones” y “atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica”.

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